El Gobierno de coalición ha logrado finalmente aprobar este martes dos reales decretos ley en materia de vivienda tras unas negociaciones que se han prolongado hasta el último minuto y que han estado marcadas por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, un caso que ha generado una fuerte reacción social. El acuerdo entre PSOE y Sumar se ha anunciado a las 11:00 horas, en plena acampada en la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinos, y ambos textos se someterán a convalidación este viernes en el Congreso.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que la legislatura es “complicada” y ha pedido a los grupos parlamentarios “generosidad” para sacar adelante unas medidas que considera de “gran relevancia social y política”. El Gobierno confía en que Junts, que rechazó el anterior decreto en marzo junto a PP y Vox, pueda apoyar ahora al Ejecutivo.
Dos decretos, dos votaciones y un riesgo real de derogación
El Ejecutivo ha dividido las medidas en dos decretos, una decisión que no ha gustado a Sumar, que reclama movilización social para asegurar la convalidación de ambos. Entre las medidas más destacadas figuran la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, un tope del 2 % en la actualización anual de rentas, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la protección antidesahucios para familias vulnerables hasta 2030, la prohibición de compra por fondos buitre hasta 2028, incentivos fiscales para propietarios que rebajen la renta y un IVA reducido para vivienda pública y pisos turísticos.
La socia especializada en Derecho Inmobiliario Sandra Aurrecoechea, de Marín & Mateo Abogados, analiza los textos con cautela. Advierte que “no resulta aconsejable adoptar decisiones basadas únicamente en los titulares de prensa” y recuerda que la aprobación en Consejo de Ministros “no permite aplicar inmediatamente las medidas”.
Sobre la estructura en dos decretos, alerta: “Al tratarse de dos decretos diferentes, uno podría ser convalidado y el otro derogado”, lo que podría reproducir el escenario de marzo.
Prórrogas, desahucios y alquileres de temporada: puntos sensibles
Aurrecoechea subraya que la prórroga de los contratos no será automática: “No todos los contratos que finalicen antes de 2028 quedarán automáticamente prorrogados. Será esencial que el arrendamiento esté vigente cuando entre en vigor la norma y que cumpla todos los requisitos que establezca el texto definitivo”.
Sobre los desahucios, matiza que “esta medida no supone una paralización general de todos los desahucios”, sino que se aplicará únicamente a hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
En cuanto al alquiler de temporada y por habitaciones, señala que “esta reforma puede tener una especial incidencia en los contratos destinados a estudiantes, trabajadores desplazados y personas que alquilan habitaciones como residencia habitual”.
Respecto al veto a los fondos buitre, advierte que su eficacia dependerá de la precisión técnica: “La eficacia de esta medida dependerá de cómo se definan conceptos como ‘fondo buitre’, ‘compra especulativa’ y ‘vivienda afectada’”.
La visión crítica de Arantxa Goenaga: “chapuzas”, “parches” y un mercado cada vez más restringido
La abogada Arantxa Goenaga, experta en derecho inmobiliario en AF Legis, ofrece una lectura más crítica del borrador. A su juicio, el decreto “traslada al propietario una función que corresponde al Estado”.
Sobre la suspensión de lanzamientos, advierte: “La Administración no tiene vivienda social. Al final van a cargar al propietario con responsabilidades que no le corresponden”.
Las ayudas previstas tampoco convencen a la letrada: “Dicen que harán unas ayudas para los propietarios… pero eso supone volver otra vez a hacer chapuzas y remiendos sobre lo mismo”.
Goenaga defiende que la solución pasa por aumentar el parque público y reducir trabas: “Si los propietarios no tienen tantos problemas, habrá más vivienda para alquilar”. Y alerta del efecto previsible: “Lo único que están provocando es que el mercado cada vez se vaya restringiendo más y que haya más crisis habitacional”.
Conclusión: estabilidad frente a inseguridad jurídica
Aurrecoechea resume el desafío: “La protección de las personas que necesitan estabilidad en su vivienda habitual debe ser compatible con el derecho de propiedad, la libertad de pactos y la seguridad jurídica”.
Ambas juristas coinciden en que una regulación imprecisa podría generar conflictos y reducir la oferta de vivienda, justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno.
