Virginia Domingo de la Fuente
Cuando hablamos de integración de las personas que vienen a vivir a España, solemos pensar en el acceso al empleo, la vivienda, la educación o los servicios públicos. Sin duda, son aspectos fundamentales, pero hay una dimensión que no deberíamos olvidar: la necesidad de sentirse parte de una comunidad, de ser escuchado, reconocido y aceptado como alguien que también tiene algo que aportar a la sociedad. El sentimiento de pertenencia es esencial para lograr ciudadanos plenamente conectados y con muchas cosas que aportar al bien común y esto es así, porque compartir un territorio no significa necesariamente convivir. Y convivir no implica evitar los conflictos, sino en aprender a gestionarlos, reconocer las necesidades de las personas y construir relaciones que permitan afrontar las diferencias sin convertirlas en enfrentamientos.
En este desafío, la justicia restaurativa puede ofrecer una perspectiva especialmente valiosa. No solo por su capacidad para abordar las consecuencias de un delito mediante el encuentro entre la víctima y la persona ofensora, sino también por su potencial para construir y fortalecer comunidad. Además lejos de ser solo una práctica concreta la justicia restaurativa puede y debería orientar las políticas públicas de cualquier estado que crea realmente en la justicia restaurativa.
LA JUSTICIA RESTAURATIVA ES MUCHO MÁS QUE UN ENCUENTRO ENTRE VÍCTIMA Y PERSONA OFENSORA
Uno de los errores más frecuentes es identificar la justicia restaurativa exclusivamente con la mediación penal o con el encuentro entre quien ha sufrido un delito y quien lo ha cometido. En otros casos, se identifica exclusivamente con los círculos. Aunque estos procesos pueden ser importantes cuando resultan adecuados y se desarrollan con las debidas garantías, la justicia restaurativa tiene una dimensión mucho más amplia.
Nos invita a prestar atención a los daños, las necesidades, las relaciones y las responsabilidades. Nos recuerda que las personas vivimos en comunidad y que nuestras acciones, así como las condiciones sociales en las que vivimos, pueden afectar a los demás. Partiendo de estas ideas la justicia restaurativa también puede contribuir a crear espacios en los que las personas se conozcan, expresen sus preocupaciones, escuchen otras experiencias y participen en la búsqueda de respuestas a los problemas que comparten.
En mi libro El futuro de la justicia restaurativa, cuando la justicia escucha, planteo la importancia de los espacios restaurativos de primer y segundo nivel.
Esta propuesta permite comprender que la justicia restaurativa no tiene que limitarse a intervenir cuando ya se ha cometido un delito. También puede ayudarnos a fortalecer los vínculos comunitarios y a prevenir situaciones de exclusión, enfrentamiento y daño.
Los espacios restaurativos de primer nivel permiten que las personas compartan sus experiencias, expresen sus necesidades y sean escuchadas. Los de segundo nivel buscan que esa escucha se traduzca en respuestas, acciones reparadoras y transformaciones concretas cuando ya el daño se ha hecho evidente. Aplicados a la convivencia, estos espacios pueden desarrollarse en barrios, centros educativos, asociaciones, clubs deportivos, centros penitenciarios, municipios y otros entornos comunitarios. No se trata de organizar encuentros puntuales para transmitir una imagen de armonía, sino de crear procesos continuados que favorezcan la participación, la confianza y el reconocimiento mutuo.
CONSTRUIR COMUNIDAD PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y LOS DISCURSOS XENOFOBOS
Esta dimensión comunitaria resulta especialmente importante en una sociedad en la que las diferencias culturales, sociales y económicas pueden convertirse en motivo de desconfianza cuando faltan oportunidades de encuentro y participación.
La falta de confianza en las instituciones, la sensación de abandono y la desilusión ante la ausencia de respuestas pueden alimentar el malestar social y, en determinadas circunstancias, contribuir a que este desemboque en reacciones violentas. Una violencia que, además, puede verse amplificada por grupos cuyo propósito es fomentarla y aprovechar las tensiones existentes para polarizar a la sociedad, enfrentar a las comunidades y desestabilizar la convivencia.
No estoy afirmando que la ola de violencia que estamos viendo en distintos países tenga su origen en las personas inmigrantes. Sería injusto y profundamente equivocado establecer esa asociación. Lo que sí quiero señalar es que, en contextos de inseguridad, miedo y crispación, pueden proliferar discursos racistas y xenófobos que atribuyen a determinados colectivos la responsabilidad de problemas complejos. Estos discursos no contribuyen a recuperar la calma ni a resolver los conflictos; al contrario, pueden profundizar las divisiones, alimentar la desconfianza y generar nuevas formas de exclusión y violencia.
Precisamente por eso, necesitamos políticas públicas que no se limiten a reaccionar cuando el conflicto ya ha estallado, sino que trabajen también en su prevención, en la recuperación de la confianza y en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Políticas públicas con una perspectiva restaurativa, capaces de crear espacios de escucha y participación, abordar los malestares antes de que se agraven, reconocer los daños y ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía.
La justicia restaurativa puede contribuir a construir comunidades más resilientes, en las que las diferencias no se conviertan automáticamente en enfrentamientos y en las que ninguna persona sea deshumanizada por su origen. Porque, frente a quienes buscan alimentar la división, necesitamos fortalecer todo aquello que nos permite reconocernos como parte de una misma comunidad. No se trata de ignorar los conflictos, sino de abordarlos antes de que otros los utilicen para convertirlos en instrumentos de odio y enfrentamiento.
Cuando las personas no encuentran cauces para expresar sus preocupaciones, cuando sienten que nadie las escucha o cuando los problemas cotidianos permanecen sin respuesta, pueden acumularse malestares que dificulten la convivencia. En determinadas circunstancias, como ya he dicho, esos malestares pueden ser aprovechados por discursos que presentan a las personas migrantes como responsables de problemas complejos, alimentan prejuicios y convierten las diferencias en amenazas.
No podemos afirmar que la falta de diálogo explique todas las reacciones violentas ni que los espacios restaurativos vayan a eliminar el racismo. La discriminación tiene causas diversas y exige respuestas educativas, sociales, jurídicas e institucionales. Sin embargo, sí podemos preguntarnos cuánto podríamos prevenir si existieran más oportunidades para conocernos, abordar las tensiones a tiempo y construir relaciones basadas en el respeto.
La justicia restaurativa puede contribuir a ello. Los espacios comunitarios de escucha permiten expresar inquietudes, identificar necesidades compartidas y abordar los conflictos antes de que se agraven. También pueden ayudar a cuestionar estereotipos, reconocer el daño que produce la discriminación y evitar que las personas queden reducidas a etiquetas relacionadas con su origen o su cultura. Esto no significa justificar discursos racistas ni tratar la vulneración de derechos como una simple diferencia de opiniones. La igualdad y la dignidad de todas las personas deben estar garantizadas. Tampoco significa exigir a quienes sufren discriminación que se expongan a encuentros que no desean o que asuman la responsabilidad de educar a quienes los dañan.
Significa comprender que la prevención de la violencia necesita algo más que respuestas posteriores a los hechos. Necesita comunidades con capacidad para escuchar, abordar sus dificultades y responder a los daños sin recurrir a la deshumanización ni a la exclusión.
Una sociedad que escucha a tiempo puede disponer de más herramientas para evitar que los prejuicios se conviertan en discriminación, que los malestares alimenten la hostilidad y que los conflictos deriven en violencia.
DE LA ESCUCHA A LAS POLITICAS PÚBLICAS
Para que esta perspectiva no se quede en una declaración de buenas intenciones, necesitamos políticas públicas que incorporen la construcción de comunidad como una parte esencial de la integración.
Los poderes públicos deben garantizar derechos y oportunidades, combatir la discriminación y facilitar que las personas que llegan a España puedan participar activamente en la vida social. Pero también pueden promover espacios comunitarios estables donde residentes de distintos orígenes compartan experiencias, identifiquen problemas y participen en la búsqueda de soluciones. Los centros educativos, los servicios sociales, las asociaciones vecinales, las entidades deportivas y los municipios pueden desempeñar un papel relevante, siempre que dispongan de profesionales formados, objetivos claros y recursos suficientes.
Eso sí , la escucha debe ir acompañada de posibles respuestas o al menos de idea sobre cómo abordar los conflictos, repararlos y evitar que se reproduzcan. Si una persona denuncia discriminación, es necesario adoptar medidas para proteger sus derechos y prevenir nuevas situaciones. Si una comunidad identifica dificultades de convivencia relacionadas con la falta de espacios compartidos, habrá que valorar actuaciones concretas. Y si existen barreras para acceder a la vivienda, al empleo o a los servicios públicos, no bastará con organizar encuentros interculturales: será necesario actuar sobre esas barreras.
Aquí adquiere especial sentido la distinción entre los espacios restaurativos de primer y segundo nivel. No basta con escuchar las necesidades; hay que responder a ellas. No basta con permitir que las personas expresen sus experiencias; es necesario que esa participación pueda contribuir a transformar las condiciones que generan exclusión o perpetúan los daños.
La justicia restaurativa no sustituye las políticas de integración, los servicios públicos ni la obligación de combatir el racismo. Puede, sin embargo, aportar una dimensión que a veces queda relegada: la calidad de las relaciones, la participación de las personas afectadas y la capacidad de una comunidad para afrontar sus dificultades de forma constructiva. Esto favorece la recuperación del sentimiento de pertenencia y la confianza en la comunidad
UNA COMUNIDAD NO SE CONSTRUYE DEJANDO A NADIE FUERA
La integración no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva de quienes llegan a nuestro país. Tampoco puede reducirse a exigir adaptación sin ofrecer oportunidades reales de participación y reconocimiento.
Construir comunidad es una tarea compartida. Implica reconocer derechos, asumir responsabilidades, afrontar los conflictos y generar espacios donde las personas puedan contribuir al bienestar colectivo. Significa comprender que las diferencias no tienen por qué convertirse en barreras y que la convivencia necesita algo más que la ausencia de enfrentamientos.
La justicia restaurativa nos recuerda que escuchar no significa dar la razón a todo el mundo, que comprender no equivale a justificar cualquier comportamiento y que el diálogo no sustituye la protección de los derechos. Significa reconocer la dignidad de las personas, atender a sus necesidades y buscar respuestas responsables ante los daños.
En El futuro de la justicia restaurativa, cuando la justicia escucha, defiendo una concepción que va más allá de la respuesta al delito y que sitúa en el centro la escucha, la reparación y la construcción de comunidad. Los espacios restaurativos de primer nivel permiten visibilizar experiencias y necesidades; los de segundo nivel nos recuerdan que esa escucha debe traducirse en actuaciones y transformaciones concretas.
La integración y el sentimiento de pertenencia pasa no solo por conseguir que las personas que llegan se adapten a nuestra sociedad sino que también es necesario construir comunidades en las que todas las personas puedan participar, aportar y sentirse parte de un proyecto común.
La justicia restaurativa no consiste solamente en reparar lo que se ha roto. También puede ayudarnos a construir los vínculos, los espacios de escucha y las responsabilidades compartidas que necesitamos para que una comunidad no se rompa.