- Para asociaciones y plataformas sindicales de este colectivo, las cifras que el Ministerio fija sobre fraude de la temporalidad son escasas y podrían superar los 800.000 profesionales en fraude de ley.
En esta lucha contra el fraude contra la temporalidad del empleo público, el papel de las plataformas y organizaciones sindicales del propio colectivo que se han creado a nivel nacional y regional han sido clave para que muchos de los derechos de estos profesionales en fraude de ley se vayan conquistando. Entidades como la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal , Plataforma de Interinos de España, o la Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública (FETAP-CGT), entre otras, que han servido de soporte a otros pequeñas estructuras, han ayudado a conquistar derechos y visibilizar el problema existente con propuestas claras para resolver la situación. .. En ese reportaje tres profesionales vinculados a este colectivo explican cuál es el estado de la cuestión actual
En otro reportaje anterior recogíamos opinión de otros tantos juristas como Javier Araúz de Robles, Josep Jover y Francisco Ramón Sierra, que gracias a su conocimiento del derecho de la función publica y a la inacción de nuestras administraciones, han logrado, como también otros juristas, hitos importantes en los tribunales. Tanto estos juristas, como los profesionales entrevistados en este reportaje consideran que el número de interinos en fraude de ley que señala el Gobierno de 200.000 interinos no se corresponde con la realidad.
Las cifras reales podrían estar sobre los 700.000 profesionales en fraude de ley. Un grave problema que el Gobierno debe resolver anta la Comisión Europea con dos procedimientos de infracción abiertos. Por el momento se ve lejos una solución al problema. Loa profesionales entrevistados creen que el Gobierno podría querer aprobar una nueva ley 20/2021, pese a que el TJUE en sus sentencias ha dejado claro que no es una solución adecuada. El problema existente es grave pero hay que resolverlo. Los interinos en abuso son claves en el fututo de servicios públicos como justicia, sanidad y educación donde en los próximos cinco años se va a jubilar mucha gente.
No hay datos fiables
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Maite Agredano cree que es importante que Gobierno y CCAA busquen solución a este problema con miles de profesionales por estabilizar y otros tantos ya cesados (Imagen cedida) |
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Maite Agredano, es Delegada Sindical de Co.bas. en la Comunidad de Madrid. A lo largo de sus artículos en nuestro medio ha ido describiendo la situación actual donde los grandes partidos PSOE Y PP siguen, que han provocado esta situación de fraude, se niegan a buscar una solución consensuada como la de fijo a extinguir promovida por muchas de estas asociaciones. En un debate parlamentario, donde el ministro Oscar Löpez apeló a la Constitución para no hacer fijo s los interinos en fraude, quedaron retratados los partidos y se evitó la fijeza que propuso Podemos.
“La cifra de interinos en abuso es mucho más elevada que la que el Gobierno indica”.T ras los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, muchas entidades no sacaron todas las plazas que se encontraban en situación de abuso y, además, parte de las ofertadas quedaron sin cubrir. Esto ha generado numerosas impugnaciones judiciales y ha dejado a muchos compañeros cesados sin indemnización. Ese es el primer problema: el Gobierno está trabajando con datos que no reflejan la realidad. Actualmente sigue habiendo profesionales contratados por programas o por acumulación de tareas que llevan más de los tres años que marca la ley».
Agredano reconoce que las plataformas y organizaciones sindicales que han surgido en esta década de lucha, provocado porque los sindicatos mayoritarios UGT, CCOO y CSIF no han defendido sus intereses, han hecho mucho para que el problema se conozca y se haya llevado al Congreso de los Diputados con propuestas concretas como esa Ley de Punto Final defendida también por abogados como Javier Aráuz de Robles o Gerardo Pérez. Para Agredano, en este momento resulta especialmente importante recuperar la unidad del colectivo, ante la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para resolver un problema que se arrastra desde hace más de veinte años y que afecta a miles de empleados públicos.
El colectivo ha quedado al margen de esas negociaciones una vez más. “Así llevamos años intentando que los sucesivos ministros de Función Pública se reunieran con nosotros”. En su opinión aquel informe realizado por la catedrática Maria Emilia Casas, donde se hablaba que la fijeza del colectivo era posible y constitucional hubiera sido clave si la propia jurista hubiera presentado públicamente. “Seguramente esa situación habría generado una reforma legislativa, resolver el problema hace cinco años Ahora el Gobierno creemos que quiere sacar una nueva ley 20/2021, pese a que la UE ya le ha dicho que esos procesos selectivos no sirven.
El colectivo de interinos, desconcertado
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Javier Salceda considera que hay solo dos cuestiones para resolver el problema: la fijeza o las indemnizaciones íntegras y completas (Imagen del cedida por el autor) |
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Javier Salceda, administrador superior interino del Gobierno de Aragón. Jefe de sección de disciplina urbanística de la Dirección General de Urbanismo, fue uno de los expertos de este colectivo de interinos que culminó el documento de enmiendas que Juntos y Grupo Mixto presentaron en el Congreso el pasado mes de abril para la reforma del EBEP y hacer fijo a muchos profesionales en fraude. La propuesta fue frenada por el PSOE en su día. Ahora muestra su preocupación por las negociaciones en marcha entre Gobierno y CCAA para buscar una solución al problema de la temporalidad. A su juicio esos 200.000 internos en fraude detectados son solo una parte del problema. “ . El problema es que no hay datos fiables sobre cuántos profesionales están en fraude de ley”.
En su opinión, no parece lógico que en esa negociación provocada por la Comisión Europea y el plazo que acaba en unos días para que España ofrezca una solución a este problema, el colectivo de interinos hemos vuelto a quedar fuera. No quieren escucharnos aunque hemos presentado varios documentos con propuestas de fijeza que resolverían el problema a un coste menor, del que se plantea ahora con indemnizaciones para todos los profesionales en abuso. En estos últimos cinco años hay profesionales cesados que han recurrido, otros que no lo han hecho. La temporalidad sigue siendo muy elevada en nuestro pis porque no se han buscado soluciones reales. “Ahora con esta negociación que abre el Gobierno debería buscarse una solución a tanto interino en abuso y no solo evitar que las administraciones sigan abusando de la temporalidad”.
A su juicio, hay que buscar soluciones de forma urgente a esa cuestión. En este contexto, Salceda considera que el Gobierno debe saber lo primero cuáles son las dimensiones de este problema y cómo quiere resolver las exigencias impuestas por el TJUE : “En la propuesta que preparamos para Junts y Podemos venían algunas directrices que podrían servir de punto de partida. Estas líneas, con algunas modificaciones tendentes a solventar el problema de la concatenación de contratos o nombramientos sucesivos, podrían ser parte de la solución”. A su juicio: “El principal escollo son las soluciones legislativas para sancionar el abuso ya sufrido. Y estas son únicamente dos: la fijeza o las indemnizaciones íntegras y completas. Las soluciones para evitar nuevos fraudes en un futuro no presentan mayor problema para el colectivo, en estos casos el escollo lo presentan las Comunidades Autónomas y Entidades Locales”.
Desde su punto de vista, esa solución al problema puede venir de Europa y de los dos procedimientos de infracción abiertos al reino de España. Ahora nuestro país agota el plazo a finales de agosto para explicarle a la Comisión que está haciendo para solucionar este problema “En el requerimiento motivado que la Comisión hizo en abril a poco de la sentencia Obadal están las claves de lo que Europa nos pide, tanto para resolver el problema del colectivo como en cuanto a medidas para evitar ese abuso en el futuro. En el caso que no lo cumplamos es posible que la UE nos tenga que demandar. En los próximos días sabremos realmente cual va a ser el escenario próximo”.
No nos tienen en cuenta
Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, en el centro de este debate, advierte que hay unos 3000 secretarios e interventores de ayuntamientos pequeños en fraude de ley, aún sin estabilidad laboral (ANSITI)
Lorenzo Campillo es el presidente de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), un colectivo de unos 3000 profesionales que trabajan desde hace años en pequeños ayuntamientos, pero que siguen en esta situación de precario. En su caso lleva doce años en un pequeño ayuntamiento de Castilla-la Mancha, esperando su estabilización. En su opinión, la cifra de profesionales en abuso podría rondar los 800.000 en estos momentos. “Les hemos dado al Gobierno la solución en un documento último firmado por mas de 60 entidades y organizaciones sindicales del colectivo, pero nuestros dirigentes no están por la labor de resolver este problema. En su última Asamblea General, expertos como Francisco Javier Ramón y Gerardo Pérez apuntaron a la fijeza como solución.
En su opinión, es fundamental que la Comisión Europea tome cartas en el asunto e impulse los dos procedimientos de infracción abiertos contra nuestro país por no trasponer la directiva 1999/70 “No es de recibo que haya profesionales trabajando quince o veinte años en fraude de ley, sin ser fijos aun y que a muchos de ellos se les haya cesado en los últimos años. Ahora el Gobierno se reúne con las CCAA para buscar una solución ante los requerimientos de la UE, pero volvemos a quedar fuera de las negociaciones. Este tipo de reuniones son más de cara a la galería. Decirles a la Comisión que están haciendo algo para resolver el problema, pero no vemos cómo quieren resolver la situación de los interinos en fraude. Hablan de poner sanciones para evitar estas situaciones a los funcionarios que gestionen estos temas, pero no va a ser fácil”.
Desde su punto de vista, la situación ha ido empeorando como así lo señalan los elevados índices de temporalidad existentes por encima del 8% que la Comisión Europea fijó con nuestro país. “La ley 20/2021 que aprobó Iceta en el Congreso por un voto, tuvo la buena voluntad de la intención de intentar arreglar o paliar un poco o parchar un poco el problema, pero han pasado seis años y la coyuntura ha empeorado. Las comunidades autónomas, por ejemplo, ahora con los incendios, han contratado a cientos de bomberos para resolver el problema de los incendios con contratos tres y cuatro años y luego se irán a la calle, en muchos de los casos sin indemnización, para paliar esto, interinos, ¿eh?, de duración de contrato de tres, cuatro meses y luego se van a la calle. Lo mismo está pasando en sanidad, educación y justicia con despidos masivos de otros interinos sin justificación”.
“Ocupamos puestos estructurales, estamos salvando y sacando a flote la administración, porque en este país, lo lógico sería que reconocieran nuestra fijeza en el puesto de trabajo”, indica el presidente de ANSITI. Se calcula que hay más de 3.000 secretarios, interventores y tesoreros municipales interinos en situación de abuso de temporalidad o fraude de ley en España. Con la ley 20/2021 únicamente se ofertaron 563 plazas en los procesos especiales de la Ley 20/2021. El grueso de este fraude de ley se concentra en municipios pequeños (habitualmente de menos de 5.000 habitantes), donde la figura del secretario-interventor es obligatoria por ley para fiscalizar cuentas y validar plenos, pero cuyas plazas estructurales se mantienen vacantes sin funcionarios de carrera. “Urge que se resuelva esta situación de fraude”.
