El fallo de la Sala Penal del Supremo condena a Alvaro Garcia Ortiz, fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
- El Gobierno discrepa del fallo pero anuncia que en los próximos días nombra un sustituto de Alvaro Garcia Ortiz del máximo prestigio
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El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo por el delito de revelación de secretos.
El alto tribunal ha adelanto este jueves el fallo, puesto que la sentencia aún está pendiente de redacción, en el que indica que también le condena a una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros (7.300 euros) y al pago de las costas, incluyendo las de la acusación particular, que en este caso la ejerció Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, tendrá que abonar a González Amador 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daños morales.
El fallo se ha hecho público en una nota breve de diez lineas y cuenta con los votos particulares de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo que pedían su absolución. La falta de la sentencia y la publicidad del fallo, apenas siete días tras la celebración de la vista en el Supremo han despertado todo tipo de comentarios
Hay que recordar que a magistrada Polo era la ponente de la resolución, que ahora, al ser el sentir mayoritario de la sala favorable a la condena (cinco de los siete magistrados), asumirá el propio presidente del tribunal y de esta Sala Penal, Andrés Martínez-Arrieta..
Lo que trataba de dirimir el Supremo en este juicio es si el fiscal general del Estado fue el responsable de su filtración a los medios de comunicación. Finalmente, tras una semana de juicios por el que han transitado hasta 40 testigos, el Tribunal le ha declarado culpable.
El Gobierno ha expresado este jueves su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque no la comparte, y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.
Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones después de que el Tribunal Supremo, con dos votos particulares discrepantes, haya condenado a esos dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados con relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno insiste en su respeto a la justicia pese a no compartir el fallo. Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho. De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad" en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, a portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo haya condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más", ha escrito Muñoz en un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo del presidente en el que hablaba sobre las "falsas acusaciones y bulos" lanzaos contra Ortiz.
Reproducimos por su interés el fallo que ha llegado a nuestra redaccion
La Sala II del Tribunal Supremo, en la causa especial 20557/2024, ha dictado por mayoría de sus miembros el siguiente fallo que se anticipa
«FALLO
Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.
Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán.»
La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.
La resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala II D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García que disienten de la misma lo que determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta.
El fallo ha sido comunicado a las partes.
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