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Cuando un cargo público, un funcionario o un empresario con adjudicaciones estatales es señalado en el marco de una investigación por corrupción política, la batalla legal adquiere otra dimensión.

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En este tipo de procedimientos, el investigado se enfrenta a una doble condena: la presión de la maquinaria judicial y policial (UDEF, UCO, Fiscalía Anticorrupción) y el implacable escarnio mediático, que a menudo destruye la presunción de inocencia antes de que se celebre el juicio.

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