JUC


Diego Fierro Rodríguez

I. La metamorfosis de una exigencia política

La evolución del discurso público sobre los desahucios en España durante el último lustro constituye un caso de estudio sobre cómo una medida concebida como respuesta excepcional a una emergencia sanitaria puede transformarse, por acumulación de prórrogas y presión política, en una reclamación de prohibición absoluta y permanente. Lo que en marzo de 2020 nació como una suspensión temporal de los lanzamientos para hogares vulnerables, articulada a través del Real Decreto-ley 11/2020, ha mutado hasta convertirse en la exigencia, formulada sin matices en noviembre de 2026, de vetar todos los desahucios arrendaticios. Debe tenerse presente que esta evolución no responde a un cambio en la dogmática civil subyacente, sino a una estrategia política que, invocando el derecho constitucional a la vivienda del artículo 47, pretende redefinir las reglas del tráfico jurídico privado hasta hacer irreconocible la institución arrendaticia.

Hay que reseñar que el tránsito desde la moratoria coyuntural hasta la prohibición universal no ha sido lineal ni pacífico. La trayectoria de Ione Belarra, primero como secretaria de Estado para la Agenda 2030, después como ministra de Derechos Sociales y finalmente como portavoz de Podemos en el Grupo Mixto, ilustra con precisión esa metamorfosis. En diciembre de 2020, en plena negociación del decreto antidesahucios, la entonces dirigente de Unidas Podemos celebraba un acuerdo para suspender los lanzamientos durante el estado de alarma, reconociendo que en el Gobierno coexisten sensibilidades distintas. En febrero de 2022, desde el Consejo de Ministros, presentaba las medidas de la futura Ley de Vivienda como un freno a lo que calificaba de vulneración de derechos humanos. Y en noviembre de 2026, tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, elevaba su exigencia hasta reclamar al Ejecutivo que prohibiera todos los desahucios, incluso mediante decretos sucesivos mes a mes si fuera necesario, al margen de la convalidación parlamentaria.

Las circunstancias que rodean esta evolución revelan una tensión creciente entre la protección social y la seguridad jurídica del contrato. Los defensores de la prohibición absoluta argumentan que el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre cualquier consideración patrimonial y que el desahucio constituye una vulneración de derechos humanos que debe erradicarse por completo. Sin embargo, este planteamiento ignora que el arrendamiento es un contrato bilateral en el que ambas partes asumen obligaciones recíprocas, y que la protección de una de ellas no puede lograrse mediante la anulación sistemática de los derechos de la otra. El análisis jurídico exige examinar si la prohibición absoluta es compatible con los principios fundamentales del derecho civil y con las garantías constitucionales que protegen tanto la vivienda como la propiedad privada.

II. La esencia onerosa y conmutativa del contrato

El arrendamiento de vivienda es un contrato oneroso, consensual y de tracto sucesivo cuya causa jurídica reposa en el intercambio de prestaciones recíprocas. El arrendador cede el uso y disfrute de la finca, y el arrendatario asume la obligación nuclear de satisfacer la renta pactada. La Ley de Arrendamientos Urbanos exige expresamente un equilibrio adecuado entre las prestaciones de las partes, reconociendo que esa reciprocidad es el fundamento mismo del negocio jurídico. La renta no es un accesorio negociable ni un elemento secundario, sino el componente económico que expresa la onerosidad del contrato y que justifica la cesión temporal del uso. Cuando el legislador interviene de forma coercitiva alterando la base del negocio, se enfrenta al riesgo de hacer el contrato irreconocible, vaciándolo de la finalidad para la que fue concebido por las partes.

La doctrina civilista ha sido unánime al señalar que la onerosidad es un elemento esencial del arrendamiento que lo distingue de figuras como el comodato o la cesión gratuita de uso. En el arrendamiento, el arrendador no actúa por liberalidad ni por espíritu de generosidad, sino que espera una contraprestación económica que compense la privación temporal del disfrute de su propiedad. Esta expectativa legítima está protegida por el ordenamiento jurídico, que garantiza al arrendador el derecho a percibir la renta y a recuperar la posesión cuando el contrato se extingue o se resuelve por incumplimiento. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 150/2022, subrayó que impedir a las partes fijar convencionalmente el canon arrendaticio provoca la desnaturalización del contrato de arrendamiento urbano, haciéndolo irreconocible, porque se altera la base del negocio y la finalidad para la que fue concertado. Aunque aquella resolución versaba sobre una intervención autonómica en arrendamientos de local, su razonamiento sobre la conexión entre renta, equilibrio prestacional y esencialidad del contrato es directamente trasladable al debate sobre la prohibición general del desahucio.

Lo anterior me sugiere que una prohibición absoluta de los desahucios alteraría radicalmente la estructura causal del contrato de arrendamiento. Si el arrendatario puede conservar la posesión del inmueble incluso cuando deja de pagar la renta, la cesión del uso deja de ser onerosa para convertirse en una ocupación de facto que carece de contraprestación efectiva. El arrendador seguiría siendo formalmente el titular del derecho de propiedad, pero habría perdido el control efectivo sobre el bien, sin posibilidad de disponer de él, de usarlo personalmente o de arrendarlo a otro sujeto que sí cumpla con sus obligaciones. Esta situación transforma el arrendamiento en una suerte de usufructo vitalicio impuesto por la ley, en el que el propietario conserva la nuda titularidad pero carece de las facultades esenciales que configuran el derecho de propiedad. La desnaturalización no es una consecuencia hipotética, sino el resultado inevitable de una regulación que rompe el equilibrio prestacional sobre el que se construye toda la institución arrendaticia.

III. La función procesal del lanzamiento y la quiebra de la tutela judicial

Para comprender la magnitud de la propuesta, resulta necesario despojar al desahucio de su carga emocional y analizarlo como lo que realmente es: una consecuencia procesal. El lanzamiento no es un castigo autónomo ni una sanción punitiva, sino el mecanismo legal que hace efectivo el derecho del arrendador a recuperar la posesión cuando el título que legitimaba la ocupación ha desaparecido. Ello me obliga a deducir que, si se prohíbe de forma generalizada la recuperación posesoria, se está anulando la eficacia de la acción resolutoria. El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce la falta de pago como causa de resolución, pero de nada sirve reconocer formalmente el derecho a resolver el contrato si el ordenamiento impide materialmente ejecutar sus consecuencias. Se colige de ello que la prohibición absoluta convierte la cesión temporal del uso en una ocupación de facto, perpetua e irrevocable, en la que el arrendatario conserva la posesión al margen de cualquier título válido.

La analogía con otras instituciones jurídicas ayuda a comprender la gravedad de esta alteración. Piénsese en la compraventa: si el comprador no paga el precio, el vendedor puede resolver el contrato y recuperar la cosa vendida. Nadie aceptaría una regulación que permitiera al comprador conservar la propiedad del bien sin pagar el precio, argumentando que la resolución del contrato vulneraría sus derechos. Lo mismo ocurre en el arrendamiento: si el arrendatario incumple su obligación esencial, el arrendador debe poder recuperar la posesión del inmueble. La diferencia estriba en que, en el arrendamiento, el objeto del contrato es un bien de primera necesidad como la vivienda, lo que justifica ciertas protecciones adicionales para el arrendatario. Pero estas protecciones no pueden llegar hasta el punto de anular completamente los derechos del arrendador, pues ello destruiría el equilibrio sobre el que se construye toda la institución.

Debe tenerse presente que el procedimiento de desahucio no es un instrumento de opresión del arrendador contra el arrendatario, sino un mecanismo de tutela judicial que garantiza el cumplimiento de los contratos. El juez examina si concurren los requisitos legales para el lanzamiento, verifica que se hayan respetado las garantías procesales y, en su caso, ordena la recuperación posesoria. En este proceso, el arrendatario tiene amplias oportunidades de defensa, puede oponerse al lanzamiento, puede alegar causas que lo justifiquen y puede solicitar la suspensión cautelar de la ejecución. La reforma que se propone no busca mejorar este procedimiento ni reforzar las garantías del arrendatario, sino eliminarlo por completo, sustituyendo la tutela judicial por una prohibición absoluta que opera al margen de cualquier valoración individualizada. Esta sustitución del juicio por la prohibición automática es incompatible con el Estado de derecho, que exige que toda restricción de derechos sea sometida al control de un juez independiente.

IV. La quiebra de la conmutatividad y sus efectos económicos

Las circunstancias que rodean una prohibición total de los desahucios generan un desequilibrio estructural en el contrato. El arrendador entregaría un bien escaso y valioso, asumiendo íntegramente el riesgo de impago, deterioro y ocupación prolongada, mientras que el arrendatario podría conservar la posesión al margen del cumplimiento de la contraprestación esencial. Lo anterior me sugiere que se produce una quiebra radical de la conmutatividad. El crédito por rentas dejaría de ser una obligación exigible con eficacia real para convertirse en una mera expectativa ilusoria. Los elementos de hecho del mercado inmobiliario indican que esta inseguridad jurídica provocaría efectos adversos inmediatos: retirada masiva de viviendas del mercado de alquiler, exigencia de garantías desproporcionadas, encarecimiento de las rentas iniciales y una contracción generalizada de la oferta. El riesgo de la insolvencia, que en el régimen ordinario se gestiona mediante garantías y procedimientos, se trasladaría por completo al propietario.

El análisis económico de esta situación revela que la prohibición absoluta de los desahucios produciría un efecto paradójico: en lugar de proteger a los arrendatarios, terminaría perjudicándolos al reducir la oferta de viviendas en alquiler. Los propietarios, ante la imposibilidad de recuperar sus inmuebles en caso de impago, optarían por retirar sus viviendas del mercado, venderlas o destinarlas a otros usos más rentables y seguros. Esta contracción de la oferta provocaría un aumento de las rentas para los nuevos contratos, dificultando el acceso a la vivienda de las personas con menores recursos. Asimismo, los propietarios que mantuvieran sus viviendas en el mercado exigirían garantías adicionales como avales bancarios, seguros de impago o pagos anticipados de varios meses, lo que excluiría a los arrendatarios que no pudieran satisfacer estos requisitos. La protección del inquilino existente se lograría así a costa de dificultar el acceso de los futuros inquilinos, generando una segmentación del mercado que perjudicaría especialmente a los jóvenes y a las familias con menores ingresos.

Considero que este análisis no es una especulación teórica, sino la consecuencia lógica de cualquier regulación que altere el equilibrio de riesgos en el contrato de arrendamiento. La experiencia comparada muestra que los países que han implementado controles de alquileres muy estrictos o prohibiciones de desahucio han experimentado una contracción significativa del mercado de alquiler y un deterioro de la calidad de las viviendas disponibles. Los propietarios, al no poder recuperar sus inmuebles ni ajustar las rentas a los costes de mantenimiento, dejan de invertir en la conservación y mejora de las fincas, lo que provoca un deterioro progresivo del parque de viviendas en alquiler. Esta dinámica perjudica tanto a los propietarios, que ven erosionado el valor de sus activos, como a los arrendatarios, que ocupan viviendas en condiciones cada vez más deficientes. La política de vivienda debe construirse sobre la realidad del mercado, no sobre su negación, pues intentar resolver un problema social destruyendo la seguridad jurídica del contrato solo conduce a agravar la crisis que se pretende mitigar.

V. El choque de derechos fundamentales y los límites de la configuración legislativa

El debate no puede resolverse únicamente desde la dogmática contractual, pues en él colisionan derechos de rango constitucional. El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna, lo que justifica medidas de protección frente a los lanzamientos, especialmente en supuestos de vulnerabilidad social. Sin embargo, el artículo 33 del mismo texto protege la propiedad privada. El legislador goza de un margen de configuración para modular el derecho de propiedad en atención a fines sociales, pero la jurisprudencia exige que cualquier restricción sea razonable, proporcionada y motivada. Considero que una moratoria temporal, condicionada a una emergencia acreditada y acompañada de compensaciones, puede superar el juicio de proporcionalidad. En cambio, una prohibición indefinida que impida recuperar la vivienda incluso tras un impago doloso y una resolución firme excedería el margen de configuración legislativa, lesionando el contenido esencial del derecho de propiedad.

Hay que reseñar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una doctrina sofisticada sobre los límites de la configuración legislativa del derecho de propiedad. La jurisprudencia constitucional distingue entre las limitaciones ordinarias, que forman parte del contenido normal del derecho y no requieren indemnización, y las limitaciones singulares, que por su intensidad o por afectar a un caso concreto sí exigen compensación. En el caso del arrendamiento, las limitaciones al derecho de propiedad derivadas de la protección del arrendatario (como la prórroga forzosa del contrato o la limitación de las causas de resolución) se consideran limitaciones ordinarias que forman parte del contenido normal del derecho. Sin embargo, una prohibición absoluta de los desahucios, que privara al propietario de la facultad de recuperar la posesión en cualquier supuesto, podría calificarse como una limitación singular que excedería el margen de configuración legislativa y que, por tanto, exigiría una justificación constitucional excepcionalmente sólida y mecanismos compensatorios adecuados.

Ello me obliga a deducir que el análisis de constitucionalidad de una prohibición absoluta de los desahucios debe ponderar cuidadosamente la intensidad de la restricción y la existencia de mecanismos compensatorios. Si la prohibición se limita a supuestos concretos de vulnerabilidad social acreditada, y si se acompaña de ayudas públicas al pago de las rentas que compensen al arrendador por la pérdida de ingresos, la medida podría ser constitucional. Pero si la prohibición es absoluta, aplicable a cualquier supuesto de impago y sin compensación alguna para el propietario, es probable que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional por lesionar el contenido esencial del derecho de propiedad. La clave no está en la etiqueta de la medida, sino en su contenido concreto y en los mecanismos de compensación que la acompañen. Una política de vivienda socialmente responsable debe buscar el equilibrio entre la protección del arrendatario y el respeto al derecho de propiedad, no la anulación de uno en beneficio del otro.

VI. Reflexiones finales sobre las vías de protección compatibles y el imperativo de la seguridad jurídica

La protección del inquilino y la preservación del contrato de arrendamiento no son objetivos mutuamente excluyentes. Existen alternativas que persiguen el fin social sin desnaturalizar la figura jurídica. Se puede suspender lanzamientos durante plazos determinados ante emergencias legalmente declaradas, condicionar las moratorias a situaciones de vulnerabilidad objetivamente acreditadas y revisarlas periódicamente. Asimismo, el establecimiento de ayudas públicas directas al pago de rentas evita que el coste de la protección social recaiga íntegramente sobre el arrendador. Reforzar los procedimientos de notificación, coordinar los servicios sociales con los juzgados y prever indemnizaciones cuando la medida prive al propietario de la disposición efectiva del inmueble son mecanismos que mantienen el equilibrio prestacional. En definitiva, la política de vivienda debe construirse sobre la realidad del derecho privado, no sobre su negación, pues intentar resolver un problema social destruyendo la seguridad jurídica del contrato solo conduce a agravar la crisis que se pretende mitigar.

Debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico español ya cuenta con mecanismos de protección del arrendatario que pueden reforzarse sin necesidad de recurrir a la prohibición absoluta de los desahucios. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece un régimen de prórrogas forzosas que garantiza la estabilidad del arrendatario durante los primeros años del contrato. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo mecanismos de protección frente a los lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad, exigiendo un informe de los servicios sociales y la oferta de una alternativa habitacional antes de ejecutar el lanzamiento. Estas medidas pueden ampliarse y mejorarse sin necesidad de eliminar completamente la posibilidad de recuperación posesoria. Se podría ampliar el plazo de suspensión del lanzamiento, reforzar los mecanismos de coordinación entre los juzgados y los servicios sociales o establecer ayudas públicas más generosas para el pago de las rentas. El objetivo debe ser proteger a las personas vulnerables sin destruir el contrato de arrendamiento.

Considero que el debate sobre la prohibición de los desahucios revela una tensión más profunda entre dos visiones del derecho: una que concibe el derecho como un instrumento de transformación social que puede modificar radicalmente las instituciones jurídicas para alcanzar fines sociales, y otra que entiende el derecho como un marco de seguridad jurídica que debe preservar el equilibrio entre los derechos de todos los sujetos. La primera visión, legítima desde el punto de vista político, corre el riesgo de sacrificar la seguridad jurídica en aras de la eficacia inmediata de las medidas sociales. La segunda visión, más cautelosa, busca alcanzar los fines sociales sin destruir las instituciones que garantizan la convivencia pacífica en una sociedad compleja. El desafío del legislador consiste en encontrar el punto de equilibrio entre ambas visiones, protegiendo a los más vulnerables sin anular los derechos de los propietarios. Este equilibrio no es fácil de alcanzar, pero es el único camino que permite construir una política de vivienda sostenible y respetuosa con el Estado de derecho.