JUC


Lucía García Díaz. Psicóloga  forense Colegiada n.º M-43935
Miembro del grupo de Psicología Política y Neuropsicología clínica del COPM
Coordinadora del grupo de Trabajo de Psicología Forense COPM

Hay algo profundamente contradictorio en nuestra manera de abordar el acoso laboral, pues disponemos de conocimientos científicos para identificar riesgos psicosociales, instrumentos para evaluar sus consecuencias y obligaciones legales para prevenirlos, pero todavía dedicamos buena parte de nuestros esfuerzos a estudiar a la persona afectada cuando el deterioro ya se ha producido. Buscamos diagnósticos, bajas médicas y síntomas que permitan demostrar el daño, mientras dejamos en segundo plano las circunstancias organizativas e individualizadas que podrían explicarlo.

Hemos confundido las consecuencias con las pruebas del problema

Una trabajadora que lleva ocho años en una empresa sin antecedentes de dificultades relevantes en su desempeño, tras un cambio de responsable, comienza a quedar excluida de determinadas reuniones, recibe instrucciones contradictorias y observa cómo sus funciones se reducen progresivamente. Durante meses intenta resolver la situación, hasta que empieza a experimentar insomnio, dificultades de concentración y ansiedad anticipatoria al acudir al trabajo. Finalmente solicita atención sanitaria y recibe un diagnóstico de trastorno adaptativo.

Ahora bien, ¿qué demuestra ese diagnóstico? Que existe una alteración psicológica clínicamente valorada, no que todas las conductas denunciadas hayan ocurrido ni que constituyan jurídicamente acoso laboral.  De hecho, ¿qué sucedería si la trabajadora no hubiera desarrollado ningún trastorno diagnosticable? ¿Dejarían de ser relevantes las conductas que refiere?

La existencia del acoso, la aparición de un daño psicológico y la relación causal entre ambos son cuestiones diferentes, aunque puedan investigarse conjuntamente. Cuando utilizamos la gravedad del diagnóstico como principal indicador de la existencia de acoso podemos atribuir indebidamente a determinadas conductas problemas psicológicos que requieren una explicación más compleja y, al mismo tiempo, infravalorar situaciones de hostigamiento porque la persona afectada conserva su funcionamiento o todavía no presenta una alteración clínica significativa.

La prevención de riesgos laborales no debería funcionar como una medicina de urgencias que solo interviene cuando aparecen lesiones suficientemente visibles, su finalidad es (o debería ser) precisamente evitar que se produzcan.

La ciencia lleva años advirtiéndolo, el problema no es la falta de conocimiento

En 2015, Verkuil, Atasayi y Molendijk publicaron un metaanálisis que reunió resultados transversales de más de 115.000 participantes y evidenció asociaciones entre el acoso laboral y síntomas de ansiedad, depresión y estrés. Los análisis longitudinales también mostraron relaciones a lo largo del tiempo, aunque con limitaciones metodológicas que impiden trasladar directamente esos resultados a la causalidad individual.

Una investigación posterior de Conway y colaboradores, publicada en 2025 y basada en una cohorte prospectiva de 75.252 participantes, encontró asociaciones entre la exposición autodeclarada al acoso y un mayor riesgo posterior de determinados trastornos mentales diagnosticados y prescripciones de psicofármacos. Por tanto, no estamos ante una preocupación basada exclusivamente en experiencias subjetivas o intuiciones profesionales sino que existe investigación empírica suficiente para considerar el acoso laboral un problema relevante de salud ocupacional.

Lo verdaderamente llamativo es que tampoco nos faltan referencias preventivas. La Nota Técnica de Prevención 854 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo delimita el acoso psicológico laboral atendiendo a la reiteración de las conductas, su duración, el contexto laboral y las relaciones asimétricas de poder, que no necesitan ser formalmente jerárquicas. La NTP 823 propone, además, un sistema de análisis triangular que incorpora a la organización, las personas potencialmente afectadas y quienes ejercen las conductas investigadas.

Este último planteamiento desplaza la mirada desde el individuo hacia las relaciones que hacen posible, facilitan o mantienen determinadas situaciones. Entonces me pregunto, si conocemos estas variables, ¿por qué seguimos centrando tantos debates probatorios en determinar si alguien presenta suficiente ansiedad, depresión o estrés?

La organización también deja huellas, aunque no aparezcan en un cuestionario

Una evaluación psicológica puede identificar alteraciones de memoria, atención, sueño, regulación emocional o funcionamiento cotidiano, pero ninguna puntuación psicométrica permite reconstruir por sí misma cómo se distribuyó el poder dentro de una empresa, quién decidió excluir a un trabajador de determinadas funciones o qué respuesta recibió una comunicación interna sobre posibles conductas de hostigamiento.

Para comprender estas situaciones necesitamos investigar algo más que síntomas.

Un cambio de funciones puede tener una justificación organizativa perfectamente legítima y una evaluación de desempeño desfavorable también, sin embargo, cuando determinadas decisiones se acumulan, afectan reiteradamente a una misma persona y coinciden con comunicaciones degradantes, miedo, pérdida de responsabilidades o aislamiento profesional, resulta necesario examinar el conjunto y no únicamente cada episodio por separado.

En mi opinión, esta es una de las aportaciones más relevantes que podemos desarrollar desde la psicología forense, en lugar de limitarnos a recoger experiencias, deberíamos reconstruir sus circunstancias, identificar sus consecuencias y contrastar explicaciones alternativas mediante fuentes de información suficientemente independientes.

También importa investigar qué hizo la organización cuando tuvo conocimiento de los problemas ya que como bien es sabido, la existencia de canales de comunicación no demuestra necesariamente que estos funcionaran, como tampoco una denuncia interna acredita por sí misma los hechos denunciados.

Del diagnóstico a la reconstrucción del daño: una propuesta pericial

Considero que necesitamos conceder mayor protagonismo a lo que denominaría reconstrucción temporal y funcional del daño, entendida como una estrategia de análisis pericial y no como un nuevo instrumento diagnóstico. Su propósito sería estudiar cómo funcionaba la persona antes del periodo investigado, qué cambios aparecieron durante él, cuáles persistieron posteriormente y qué relación causal (o no) mantienen con los acontecimientos documentados.

Además desde la neuropsicología forense, podemos examinar determinadas alteraciones cognitivas y sus repercusiones funcionales, las adaptaciones  individuales, ergonómicas y necesarias del puesto, las relaciones y comunicaciones interpersonales, la estructura y funcionamiento de la jerarquía empresarial, considerando evidentemente el pertinente contraste de hipótesis alternativas y las entrevistas e inspecciones pertinentes a personas colaterales o posibles testigos de los acontecimientos, así como fuentes de información independientes y enriquecedoras.

Precisamente por eso la labor pericial es científica y no ideológica, pues nos exige argumentar cuánto puede sostenerse con las evidencias disponibles, qué información falta y cuáles son los límites de nuestras conclusiones. Un buen informe no es el que más rotundamente confirma una acusación, sino el que ofrece una explicación sólida que puede ser examinada, discutida y contrastada por las partes y por el tribunal, además de permitir a otro profesional obtener las mismas inferencias y conclusiones con los datos y metodología utilizados.

Tenemos obligaciones preventivas y herramientas procesales

La Ley 31/1995 establece el deber empresarial de proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras y contempla expresamente la necesidad de combatir los riesgos en su origen. A ello se añade el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en España desde mayo de 2023, que refuerza el marco de prevención y respuesta frente a la violencia y el acoso en el mundo laboral.

En el ámbito judicial también existen instrumentos relevantes como el artículo 96.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que establece reglas específicas sobre la carga probatoria cuando concurren indicios fundados de acoso o vulneración de derechos fundamentales, mientras que su artículo 183 contempla la reparación de daños morales y perjuicios adicionales en los supuestos legalmente previstos. Por todo ello, el daño moral derivado de una vulneración de derechos fundamentales no debe confundirse automáticamente con la existencia de un trastorno mental clínicamente diagnosticado.

Adicionalmente y como siempre me gusta señalar, la colaboración entre abogacía y psicología forense puede mejorar sustancialmente la calidad de la prueba. El abogado necesita identificar y acreditar los hechos relevantes para su pretensión, y es aquí donde la evaluación pericial puede ayudar a determinar la existencia, evolución y repercusión del daño psicológico, así como valorar su posible relación con las circunstancias investigadas.

Son competencias distintas que adquieren mayor utilidad cuando trabajan de forma complementaria y no cuando una pretende sustituir a la otra o monopolizar el proceso, ya que estamos hablando de conductas, memoria, afección, violencia psicológica… que pretende en muchas ocasiones, evaluarse, acusarse, defenderse o juzgarse, sin contar con un solo psicólogo forense, que es el único experto en estas materias.

La verdadera innovación consiste en investigar antes y explicar mejor

Propongo un cambio de enfoque que considero tan necesario como realizable: integrar con mayor rigor la documentación organizativa, la cronología de los acontecimientos, la valoración funcional de las consecuencias y el contraste de hipótesis alternativas, evitando que la investigación quede reducida al diagnóstico de la persona afectada. No necesitamos inventar pruebas infalibles ni atribuir a los test psicológicos capacidades que no poseen. Necesitamos aprovechar mejor la información disponible, proteger su trazabilidad y formular preguntas periciales que puedan responderse científicamente.

Y, sobre todo, necesitamos dejar de confundir prevención con reparación. Una intervención organizativa o pericial temprana pretende evitar o reducir el riesgo (y como debería lógicamente inferirse, mejorar así la productividad de los empleados) y una evaluación pericial posterior puede ayudar a esclarecer las consecuencias de una exposición ya producida.

El avance que necesita nuestra forma de abordar el acoso laboral no consiste en aprender a diagnosticar mejor a quienes llegan dañados, sino en investigar mejor las circunstancias que pudieron dañarlos y actuar cuando todavía es posible prevenir sus consecuencias, así como una vez llega la hora de demostrarlas, diferenciarlas y construir nexos causales.

La pregunta que deberíamos hacernos ya no es únicamente cómo demostrar que una persona ha enfermado, sino por qué esperamos a que enferme para investigar aquello que pudo evitarse.

Referencias bibliográficas

Conway, P. M., et al. (2025). Self-reported workplace bullying and subsequent risk of diagnosed mental disorders and psychotropic drug prescriptions: A register-based prospective cohort study of 75,252 participants. Journal of Affective Disorders, 369, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.09.134
Fidalgo Vega, M., et al. (2009). NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2009). NTP 823: Sistema de Análisis Triangular del Acoso (SATA): un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado, núm. 269.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Boletín Oficial del Estado, núm. 245.
Organización Internacional del Trabajo. (2019). Convenio sobre la violencia y el acoso, núm. 190.
Verkuil, B., Atasayi, S., & Molendijk, M. L. (2015). Workplace bullying and mental health: A meta-analysis on cross-sectional and longitudinal data. PLOS ONE, 10(8), e0135225. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135225