La nota de prensa que la Fiscalía Europea (en adelante, EPPO) emitió desde Luxemburgo el 6 de noviembre de 2026 vino a confirmar lo que el desarrollo de los acontecimientos hacía previsible: la institución con sede en la capital comunitaria había abierto una investigación ex officio sobre un posible fraude que afecta a fondos de la Unión Europea destinados a la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el trágico accidente de Urda, con un saldo de 69 víctimas mortales. La confirmación, calificada por el propio organismo de «excepcional» debido al gran interés público, se produjo después de que se practicaran medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (en adelante, AESF) y en el Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (en adelante, UCO) de la Guardia Civil.I. La apertura de una investigación que trasciende el accidente
Debe tenerse presente que este acto de incoación no constituye una acusación ni prejuzga la existencia de irregularidades. La propia EPPO se refiere a un «posible fraude», y la investigación se encuentra en una fase inicial y secreta. Sin embargo, su relevancia jurídica es indiscutible: activa un mecanismo de competencia exclusiva de la Unión Europea que desplaza a las autoridades nacionales en la persecución de las conductas que atentan contra los intereses financieros de la Unión. La sombra que proyecta la Fiscalía Europea sobre la crisis de Urda no es la de una sospecha de homicidio imprudente, cuya investigación corresponde a los juzgados de Orgaz y Montoro, sino la de una eventual malversación o desvío de los fondos comunitarios que financiaron la infraestructura sobre la que se produjo la tragedia.
II. El fundamento competencial: del Tratado de la Unión al Reglamento 2017/1939
La Fiscalía Europea es una institución cuya creación responde a la constatación de que la protección penal de los intereses financieros de la Unión no podía quedar exclusivamente en manos de las autoridades nacionales. Su base constitucional se encuentra en el artículo 86 del Tratado de la Unión Europea, que prevé la posibilidad de crear una fiscalía europea a partir de Eurojust. El instrumento que la articula es el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, adoptado en el marco de una cooperación reforzada a la que España se sumó desde el inicio.
El artículo 22 del Reglamento delimita la competencia material de la EPPO: los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión contemplados en la Directiva (UE) 2017/1371, conocida como Directiva PIF, tal y como esta se haya transpuesto al Derecho nacional. Esa delimitación es capital para comprender el alcance de la investigación de Urda. La EPPO no investiga el accidente ferroviario en sí, sino el uso fraudulento de los fondos europeos que financiaron los contratos vinculados a los sistemas cuya disfunción está en el origen del siniestro. Los fondos FEDER y los procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) forman parte, sin duda, del presupuesto de la Unión y, por tanto, de los intereses financieros protegidos por el Reglamento.
El umbral cuantitativo del artículo 25.2 del Reglamento —10.000 euros— queda superado con holgura en el caso que nos ocupa. La subvención FEDER de 111.646.340 euros concedida en junio de 2024 para renovar la línea, así como los contratos individuales de decenas de millones de euros, sitúan la competencia de la EPPO fuera de cualquier duda razonable. La investigación se activó tras una verificación de escasos días, en la que la Fiscalía comprobó que existían contratos cofinanciados con fondos europeos vinculados a las posibles causas del accidente, y se materializó en un decreto de incoación que, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica 9/2021, debe contener la descripción del hecho punible, su calificación jurídica provisional y la determinación de las personas investigadas, si fueran conocidas.
III. La incoación de oficio y el desplazamiento de la competencia nacional
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de Urda es que se abrió «por iniciativa propia» de la EPPO, es decir, ex officio, sin denuncia ni querella previa. Esta modalidad, aunque prevista en el artículo 18.1 de la LO 9/2021, es estadísticamente infrecuente. La EPPO suele actuar a instancia de las autoridades nacionales, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o de particulares. Que lo haya hecho de oficio en dos ocasiones sobre la misma línea ferroviaria en menos de un año —Adamuz en marzo y Urda en noviembre— revela la existencia de un foco investigador estructural sobre la gestión de los fondos europeos del corredor Madrid-Sevilla.
El efecto jurídico inmediato de la decisión de ejercer la competencia es el previsto en el artículo 25.1 del Reglamento: «las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito». Esto significa que la investigación del fraude contra los fondos europeos queda reservada en exclusiva a la EPPO. La Fiscalía Anticorrupción y los juzgados de Orgaz o Montoro no podrían instruir paralelamente ese mismo comportamiento delictivo. La coordinación entre las distintas instancias es, por tanto, indispensable, y la propia EPPO ha confirmado que mantiene contacto permanente con los juzgados que investigan los accidentes.
La consecuencia práctica es que el ordenamiento español se dota de un mecanismo de tutela que opera en un plano distinto al de la investigación de los delitos imprudentes. Mientras la jueza de Orgaz indaga en las causas del siniestro —la caída del sistema LZB, las instrucciones erróneas del centro de control, la posible responsabilidad de los maquinistas—, la EPPO examina si en la ejecución de los contratos financiados con fondos europeos hubo declaraciones inexactas, desvío de fondos o malversación. Los objetos son distintos, pero la conexión de oportunidad es evidente: los sistemas de seguridad que fallaron habían sido financiados, al menos en parte, con recursos de la Unión.
IV. El objeto material: los contratos bajo sospecha
La información publicada por los medios permite identificar algunos de los contratos que centran la investigación. Según El País, la EPPO indaga en tres licitaciones que supusieron un desembolso de 136 millones de euros: la renovación de desvíos (21 millones, adjudicada a una UTE en la que participan Ferrovial, Azvi, Convensa y Guinovart), la renovación de circuitos de vía (21,5 millones, adjudicada a Thales España) y la renovación del sistema de seguridad y mejoras de señalización y comunicaciones (cerca de 94 millones, inicialmente adjudicada a Thales y transferida a Hitachi Rail). A ellos se suma la subvención FEDER de 111,6 millones para la renovación integral de la línea, que incluía la sustitución de raíles y traviesas, mejoras estructurales y renovación de instalaciones.
La conexión con el accidente de Urda es, en este punto, ineludible. El sistema LZB, que falló el 28 de octubre, es una tecnología de 1992 cuya sustitución por el ERTMS estaba prevista y financiada. La EPPO verificará si en la ejecución de esos contratos se produjeron irregularidades que pudieran constituir un fraude contra los intereses financieros de la Unión. El artículo 3.2.b) de la Directiva PIF define el fraude en gastos relacionados con contratos públicos como la acción u omisión relativa al uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, el incumplimiento de una obligación de comunicar información o el uso indebido de fondos para fines distintos de los que motivaron su concesión, siempre que se actúe con ánimo de lucro ilegítimo y se cause una pérdida para los intereses de la Unión.
Hay que reseñar que la EPPO no ha confirmado oficialmente los contratos concretos, y que la información disponible procede de fuentes judiciales y periodísticas. La investigación se encuentra bajo secreto, y la propia Fiscalía ha advertido de que no facilitará más detalles en esta fase. Esa cautela es coherente con el régimen de los artículos 64 a 68 de la LO 9/2021, que permite al fiscal europeo delegado acordar el secreto total o parcial de las actuaciones, con control posterior del juez de garantías.
V. El control jurisdiccional y la figura del juez de garantías
La investigación de la EPPO no se desenvuelve al margen del control judicial. El Reglamento y la LO 9/2021 articulan un sistema en el que los fiscales europeos delegados dirigen la investigación, pero las medidas que afectan a derechos fundamentales requieren la autorización de un juez de garantías. La figura de este juez es una de las aportaciones más originales del modelo español de aplicación del Reglamento. No se trata de un instructor, sino de un órgano ajeno a la dirección del procedimiento que asume las tareas de control jurisdiccional expresamente previstas por la ley: autorizar diligencias restrictivas de derechos, acordar medidas cautelares personales, asegurar las fuentes de prueba, autorizar el secreto y su prórroga, y resolver las impugnaciones contra los decretos del fiscal europeo delegado.
En el caso de Urda, a fecha de la incoación no se había designado aún al juez de garantías, porque no se habían practicado diligencias que requirieran autorización judicial. Las medidas del 6 de noviembre —requerimientos documentales y recogida de expedientes en Adif, AESF y Tribunal de Cuentas— son diligencias no coercitivas amparadas en el artículo 30.1.b) del Reglamento, que faculta a los fiscales europeos a «conseguir la presentación de cualquier objeto o documento pertinente». No requieren, por tanto, la intervención del juez de garantías, cuya designación se producirá, por reparto, cuando sea necesaria para autorizar una medida restrictiva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance de este control jurisdiccional en la sentencia de 8 de abril de 2025, asunto C-292/23. En ella, la Gran Sala declaró que el artículo 42 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros —como la citación de testigos— están sujetos a control jurisdiccional por los órganos nacionales, siempre que estén destinados a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de las personas que los impugnan y modifiquen sustancialmente su situación jurídica. La sentencia refuerza la garantía de los derechos fundamentales de los investigados y configura un estándar que la EPPO debe respetar en todas sus actuaciones.
VI. La coordinación con los procedimientos nacionales y el non bis in idem
La coexistencia de la investigación de la EPPO con las causas que instruyen los juzgados de Orgaz y Montoro, así como con la pieza separada del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional, plantea un complejo problema de coordinación. El principio non bis in idem impide que una misma persona sea sancionada dos veces por los mismos hechos, pero no se opone a que se investiguen de forma paralela conductas distintas. La EPPO investiga el fraude contra los fondos europeos; los juzgados de instrucción investigan los delitos imprudentes derivados del accidente; y la Audiencia Nacional investiga las presuntas comisiones en la contratación de obra pública. No hay identidad de hecho ni de fundamento, y por tanto no hay vulneración del non bis in idem.
La coordinación es, sin embargo, indispensable para evitar duplicidades y para garantizar la eficacia de las investigaciones. La UCO, que presta apoyo a la EPPO, también está adscrita a las causas de los accidentes y a la pieza del caso Koldo, lo que facilita el intercambio de información. El Reglamento prevé, además, mecanismos de consulta y de resolución de conflictos de competencia que, en la práctica, se traducen en una colaboración constante entre las autoridades nacionales y europeas.
VII. Reflexiones finales en torno a la sombra de la Fiscalía Europea
La investigación de Urda proyecta una sombra que no es la de la sospecha sobre las causas del accidente, sino la de la tutela de los intereses financieros de la Unión. La EPPO ha actuado con rapidez —apenas una semana después del siniestro— y ha desplegado un operativo que evidencia la seriedad de su compromiso con la persecución del fraude. La incoación ex officio, la intervención de la UCO y la requisa de documentación en tres organismos públicos son señales inequívocas de que la institución no se limita a esperar denuncias, sino que ejerce su competencia con iniciativa propia.
Debe tenerse presente que la investigación se encuentra en una fase inicial y que la presunción de inocencia ampara a todas las personas y entidades que puedan resultar implicadas. La apertura de la causa no acredita la existencia de irregularidades ni la responsabilidad de nadie. Sin embargo, su significado institucional es profundo: por primera vez, la Fiscalía Europea investiga de forma simultánea dos accidentes ferroviarios de la misma línea, y lo hace con la mirada puesta en los contratos que financiaron la infraestructura. La sombra que se cierne sobre Urda no es la de la tragedia, sino la de la eventual defraudación de la confianza depositada en los fondos públicos. El tiempo dirá si esa sombra se disipa o se convierte en una condena. La EPPO tiene los instrumentos para llegar hasta el final, y la sociedad española tiene derecho a saber si el dinero que debía hacer más segura la línea se empleó en los fines previstos o se desvió por caminos que la ley prohíbe.