Según explica el despacho, el derecho de los menores a ser escuchados se ha consolidado como una garantía fundamental dentro de los procesos de familia. Sin embargo, advierte de que su participación no puede abordarse mediante criterios automáticos ni convertirse en una herramienta para resolver conflictos entre adultos. La cuestión cobra especial relevancia en procedimientos en los que deben adoptarse decisiones que afectarán directamente a la vida cotidiana de los hijos.
Una de las principales conclusiones del análisis es que la edad no constituye por sí sola un criterio definitivo. Aunque los tribunales suelen prestar especial atención a los menores de determinadas edades, la madurez individual sigue siendo un factor esencial. En este sentido, Català Reinón Abogados recuerda que “edad y madurez no pueden reducirse a un número automático”, ya que cada situación debe examinarse de forma individualizada y atendiendo a las circunstancias concretas del menor.
El despacho también subraya que la audiencia de los hijos constituye un derecho procesal y una garantía jurídica, pero no una potestad para decidir el resultado del procedimiento. De hecho, una de las advertencias más reiteradas por la jurisprudencia es que “ser oído no significa decidir”. Los jueces deben valorar la opinión expresada por el menor junto con otros elementos, como la estabilidad emocional, la continuidad educativa, la relación con ambos progenitores o la existencia de circunstancias de riesgo acreditadas.
Otro aspecto destacado es la necesidad de evitar que los menores se conviertan en árbitros del conflicto familiar. Según señala la fuente, la exploración judicial debe desarrollarse con cautela para impedir que el niño o adolescente sienta que tiene que escoger entre uno u otro progenitor. En palabras del despacho, “el tribunal debe evitar que la exploración convierta al menor en árbitro del conflicto”, una circunstancia que podría generar una carga emocional perjudicial para su desarrollo.
La opinión de los hijos puede resultar especialmente relevante en cuestiones como la custodia, los regímenes de visitas o los cambios de residencia. No obstante, la valoración judicial nunca puede desvincularse del principio rector del interés superior del menor. Por ello, el documento insiste en que cualquier decisión debe sustentarse en hechos comprobables, informes, antecedentes familiares y pruebas objetivas que permitan determinar cuál es la solución más beneficiosa para el niño.
Asimismo, la firma jurídica distingue claramente entre la audiencia del menor y los informes psicosociales. Aunque ambos instrumentos pueden coexistir dentro de un mismo procedimiento, cumplen funciones diferentes. Como destaca Català Reinón Abogados, “los informes técnicos pueden evaluar el contexto familiar y las necesidades del menor, mientras que la audiencia protege su derecho a expresar su opinión”.
La omisión de esta garantía también puede tener consecuencias procesales relevantes. El análisis recuerda que, cuando la audiencia resulta necesaria y no se practica adecuadamente, la ausencia de escucha puede derivar en recursos, impugnaciones o incluso en la nulidad de determinadas actuaciones judiciales. No obstante, precisa que la falta de exploración no provoca automáticamente la invalidez del procedimiento, ya que cada caso debe valorarse según sus circunstancias concretas.
Como conclusión, el despacho sostiene que la protección efectiva de la infancia exige combinar escucha, motivación judicial y una valoración individualizada de cada situación. En este sentido, resume su posición con una afirmación que considera esencial: “proteger al menor también significa escucharle de forma adecuada y explicar la decisión”. Una idea que refleja la evolución de la justicia de familia hacia modelos cada vez más centrados en los derechos y necesidades reales de los hijos.
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