El Consejo General de Mediadores de Seguros valora positivamente la sanción de 16,5 millones de euros impuesta por el Banco de España a Banco Sabadell por la realización de prácticas de venta vinculada de hipotecas y seguros prohibidas por la legislación.
Sobre el cálculo de la multa. El importe se fijó estimando el beneficio económico obtuvo la entidad con estas operaciones durante ese periodo. En la página web se puede acceder a la resolución
En su Memoria de Supervisión y actuaciones de 2024-2025, el Banco de España ya había advertido de la incoación de expedientes sancionadores por incumplimiento de la prohibición de ventas vinculadas de hipotecas y seguros, cuya primera gran resolución pública ha sido la de Banco Sabadell en noviembre de 2026.
La resolución considera que la entidad incurrió en una infracción muy grave de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, tanto por estas prácticas como por incumplir su obligación de actuar de manera imparcial y respetar los intereses de sus clientes.
El origen de la sanción está en la forma en la que Sabadell comercializaba determinadas hipotecas. Según el Banco de España, la entidad incurrió en dos incumplimientos de la Ley 5/2019 relacionados tanto con las condiciones de contratación de los préstamos como con el trato ofrecido a sus clientes.
El primero se refiere a las prácticas de venta vinculada, que consisten en condicionar la concesión de una hipoteca a la contratación de otro producto. En este caso, el supervisor señala que Sabadell exigía la contratación de una póliza de seguros para acceder a la financiación.
El segundo incumplimiento tiene que ver con la obligación de actuar con imparcialidad hacia los clientes, un principio que el Banco de España considera que la entidad tampoco respetó.
El Banco de España señala que estos incumplimientos resultan especialmente relevantes por el número de operaciones afectadas y la reiteración de la conducta por parte de la entidad.
El motivo de la sanción es la venta conjunta de hipotecas con seguros, detectada entre enero de 2022 y marzo de 2023, período en el que hubo un elevado número de operaciones afectadas y estas prácticas de venta de hipotecas fueron reiteradas.
La cuantía de la sanción es firme en vía administrativa, pero la entidad financiera anuncia que recurrirá a la via judicial, por lo que la multa es firme en vía administrativa pero no en sede jurisdiccional.
Medidas de remediación. Según recoge la propia resolución, el banco ya había adoptado medidas previas para compensar o corregir la situación con determinados clientes afectados, un factor que el supervisor tuvo en cuenta para calcular el importe final.
Javier Barbera, desde el Consejo General de Mediadores de Seguros lleva años denunciando estas prácticas (Imagen cedida por el jurista)
Multa importante
Para el Consejo General, esta decisión supone un paso importante en el reconocimiento de una situación que los Colegios de Mediadores llevan años denunciando: la utilización de la posición de las entidades financieras en la concesión de créditos para condicionar la contratación de seguros y orientar las decisiones de los consumidores hacia productos que no siempre responden a sus necesidades o intereses.
La sanción se produce, además, en un contexto de creciente actividad judicial contra estas prácticas. En la actualidad, alrededor de un centenar de demandas por malas prácticas bancarias en la comercialización de seguros se encuentran en los tribunales, con el respaldo y la colaboración de los Colegios de Mediadores. A estos procedimientos se suma un amplio número de resoluciones judiciales condenatorias a entidades financieras por actuaciones contrarias a los derechos de los consumidores.
“Llevamos mucho tiempo denunciando que determinadas entidades bancarias han utilizado su posición de dominio en la concesión de créditos para imponer o condicionar la contratación de seguros. No hablamos de una discrepancia comercial ni de una cuestión de competencia entre canales de distribución. Hablamos de prácticas que vulneran la normativa y perjudican directamente a los usuarios”, señala Javier Barberá, presidente del Consejo General de Mediadores.
Barberá considera que la resolución del Banco de España “es una buena noticia”, pero advierte de que no debería quedarse en una actuación puntual: “Es importante que los organismos supervisores actúen y que sus decisiones tengan consecuencias. Pero también es necesario que exista una vigilancia continuada, especialmente de la inspección de la Dirección General de Seguros. No podemos normalizar que los usuarios tengan que acudir una y otra vez a los tribunales para defender unos derechos que deberían estar garantizados por el cumplimiento de la ley”.
El Consejo General recuerda que la contratación de seguros vinculada a operaciones de financiación debe respetar estrictamente las condiciones establecidas en la legislación. Las entidades financieras pueden ofrecer productos combinados, pero no imponer seguros propios mediante prácticas prohibidas ni aprovechar su posición frente al cliente para limitar su libertad de elección.
Quejas de los consumidores
Quejas sobre prácticas extendidas. En redes sociales, numerosos clientes y usuarios han compartido experiencias similares, asegurando que la exigencia de contratar seguros para aprobar hipotecas es una práctica habitual en gran parte de la banca española.
Críticas a la cuantía. Parte de los comentarios de los consumidores consideran que la multa de 16,5 millones resulta insuficiente en comparación con los beneficios que obtienen las grandes entidades financieras con este tipo de comercializacion
La organización que representa a toda la mediación insiste en que la defensa de una competencia efectiva exige que todos los operadores del mercado asegurador estén sometidos a las mismas reglas y a los mismos niveles de exigencia. “No puede haber una doble vara de medir. La normativa debe cumplirse por todos, independientemente del tamaño o del poder comercial de cada operador. Y cuando se incumple, la respuesta de las instituciones debe ser clara y efectiva”, concluye Barberá.
El Consejo General de Mediadores reitera su compromiso de seguir trabajando, junto con los Colegios, para erradicar estas prácticas, defender los derechos de los consumidores y garantizar una distribución de seguros transparente y profesional.
La existencia de esta multa ya había trascendido en abril de 2026, con la memoria de actuaciones del Banco de España correspondiente a 2025, meses antes de que el supervisor publicara su ficha oficial. Su importe adquiere especial relevancia al compararlo con el conjunto de sanciones impuestas por el organismo: en 2025, las multas relacionadas con la protección del cliente bancario y el intrusismo sumaron 43 millones de euros, frente a los 2,5 millones de 2024.
En paralelo, las reclamaciones de clientes al Banco de España cayeron cerca de un 45% en 2025, hasta unas 31.000, aunque CaixaBank y Sabadell figuran entre las entidades con más quejas
La multa a Sabadell pone el foco en una cuestión que afecta directamente a quienes solicitan una hipoteca: hasta qué punto puede un banco obligar a contratar otros productos para conceder un préstamo.
La venta vinculada se produce cuando la entidad condiciona la concesión de financiación a la contratación de un producto adicional, como puede ser una póliza comercializada por una aseguradora de su mismo grupo.
La normativa europea restringe estas prácticas y únicamente las permite en determinadas excepciones. Sin embargo, eso no significa que los bancos tengan prohibido exigir cualquier tipo de seguro al conceder una hipoteca.
Las entidades sí pueden exigir una póliza que garantice el reembolso del préstamo, pero el cliente debe conservar la libertad de elegir con qué aseguradora contratarla. La diferencia está, por tanto, entre exigir una cobertura para proteger la operación y obligar al hipotecado a adquirir un producto concreto de la entidad.