Las operaciones de reorganización societaria pueden convertirse en una herramienta decisiva para ganar eficiencia, simplificar estructuras corporativas o preparar el crecimiento de un grupo empresarial. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de una planificación rigurosa y del cumplimiento de una serie de pasos legales, mercantiles y fiscales. Así lo analiza Raich & Via en una guía elaborada por Òscar Segura Ortuño, economista y asesor fiscal del despacho, en la que se detallan las distintas etapas que conforman un proceso de reestructuración empresarial bajo el marco establecido por el Real Decreto-ley 5/2023.
Según explica la firma, una reestructuración empresarial abarca mucho más que la formalización de una escritura ante notario. De hecho, el despacho subraya que se trata de un procedimiento compuesto por diferentes fases cuyo orden resulta fundamental para evitar incidencias futuras. En palabras de Òscar Segura Ortuño, una reestructuración empresarial “no es un trámite que se firma un día ante notario: es un proceso que atraviesa fases bien definidas” y en el que “el orden importa tanto como el contenido”.
La guía identifica cuatro grandes etapas que permiten desarrollar este tipo de operaciones con garantías: diagnóstico y diseño, preparación de la documentación, aprobación y publicidad, y finalmente escritura e inscripción registral. En condiciones normales, el proceso suele prolongarse entre tres y seis meses, aunque puede extenderse en estructuras empresariales complejas o cuando participan varias sociedades.
La primera fase consiste en analizar la situación de partida de la empresa. En este punto se estudian participaciones, activos, deudas, contratos y flujos económicos para determinar cuál es la fórmula más adecuada. Entre las alternativas habituales figuran las fusiones, escisiones, segregaciones, aportaciones de activos o canjes de valores. Paralelamente, debe evaluarse el impacto fiscal de la operación y comprobar que se cumplen los requisitos para acogerse al régimen de neutralidad tributaria cuando corresponda.
Una vez tomada la decisión estratégica, comienza la elaboración del expediente mercantil. Raich & Via destaca que esta fase gira en torno al denominado proyecto común de la operación, documento que recoge aspectos esenciales como las entidades implicadas, los posibles canjes de participaciones o la fecha de efectos contables. Dependiendo de las características de la operación, también pueden ser necesarios informes de administradores, balances específicos o informes de expertos independientes.
La tercera etapa está dedicada a la aprobación formal de la reestructuración. Los socios, acreedores y representantes de los trabajadores deben tener acceso a la documentación con al menos un mes de antelación antes de la celebración de las juntas que deban pronunciarse sobre la operación. Además, la normativa vigente ha modificado la protección de los acreedores. Como recuerda el despacho, “ya no existe el antiguo derecho de oposición que podía bloquear la operación”, sustituido por un sistema basado en la exigencia de garantías adecuadas.
El momento decisivo llega con la escritura pública y su posterior inscripción en el Registro Mercantil. La guía recalca que este paso no constituye una simple formalidad administrativa. Al contrario, es el instante en que la operación despliega plenamente sus efectos jurídicos mediante la sucesión universal de derechos y obligaciones.
No obstante, la inscripción no supone el final del trabajo. Raich & Via advierte de que muchas compañías relajan los controles demasiado pronto y descuidan obligaciones posteriores de gran relevancia. Entre ellas figura la comunicación a la Agencia Tributaria del acogimiento al régimen de neutralidad fiscal, una gestión cuya omisión puede acarrear sanciones de hasta 10.000 euros por operación. También deben atenderse cuestiones laborales derivadas de la subrogación de trabajadores, así como la actualización de contratos, licencias y autorizaciones administrativas.
Para Òscar Segura Ortuño, uno de los errores más frecuentes consiste en precipitar los trámites sin haber verificado previamente el encaje fiscal de la operación. El autor señala igualmente los riesgos de una documentación incoherente y de una deficiente gestión de las obligaciones posteriores a la inscripción.
En definitiva, la guía concluye que una reestructuración empresarial exige coordinación jurídica, fiscal y societaria. Como resume el propio despacho, “las cuatro fases de una reestructuración” son la base para garantizar que la operación alcance sus objetivos sin generar contingencias futuras.
