La cuestión no es menor. De la respuesta depende, en muchos casos, que una empresa resulte condenada o absuelta. Según expone el autor, la doctrina más reciente del Tribunal Supremo ha consolidado la idea de que corresponde a la acusación acreditar no solo la existencia de un delito cometido por un directivo o empleado, sino también la presencia de un defecto organizativo que hubiera permitido su comisión.
En palabras de Víctor Ávila Martínez, “la acusación debe probar el defecto de organización de la empresa, sin presunción en su contra, y ese defecto tiene que figurar en los hechos probados”. Esta interpretación se apoya en resoluciones como las sentencias 221/2016, 668/2017, 298/2024 y 768/2025 del Tribunal Supremo.
El análisis recuerda que el debate enfrenta desde hace años dos posiciones jurídicas. Por un lado, el Tribunal Supremo considera que la empresa responde por un hecho propio, consistente en sus fallos estructurales de supervisión y control, por lo que corresponde a quien acusa demostrar esa deficiencia. Por otro, la Fiscalía General del Estado ha sostenido tradicionalmente que los programas de cumplimiento normativo constituyen una causa de exención cuya acreditación corresponde a la propia compañía.
La controversia quedó especialmente reflejada en la sentencia 154/2016, donde el Pleno de la Sala Segunda mostró posiciones enfrentadas. Según recoge el artículo, varios magistrados defendieron que la ausencia de controles debe ser probada por la acusación, mientras que el sector discrepante entendía que el compliance funciona como una eximente cuya prueba corresponde a quien la invoca.
Uno de los hitos recientes más relevantes es la STS 298/2024. De acuerdo con el análisis de Víctor Ávila Martínez, esta resolución trató de conciliar ambas posturas al establecer que “la carga de la alegación de ese factor excluyente de la responsabilidad recae, en principio, en la defensa”, aunque precisando al mismo tiempo que ello no elimina la aplicación del principio de duda razonable favorable al acusado.
El autor destaca que la empresa no está obligada a probar su inocencia, pero sí le resulta conveniente aportar documentación que respalde la existencia y eficacia de sus programas de prevención. De hecho, la ausencia de alegaciones o pruebas sobre un sistema de compliance puede jugar en su contra durante el proceso.
Otro de los aspectos que subraya el artículo es la creciente exigencia del Supremo respecto a la descripción concreta del defecto organizativo. La jurisprudencia reciente ha anulado condenas contra sociedades cuando los hechos probados únicamente detallaban la conducta del administrador o directivo responsable del delito. Como recuerda Víctor Ávila Martínez, “sin un defecto propio descrito en el relato fáctico, la condena es vicarial y vulnera la presunción de inocencia”.
Esa doctrina ha dado lugar a varias absoluciones relevantes durante 2025. Entre ellas, destacan resoluciones en las que el Tribunal Supremo concluyó que el mero hecho de que un administrador actuase en beneficio de la empresa resulta insuficiente para condenar también a la sociedad si no se acredita una deficiencia concreta en sus mecanismos de control.
La aportación de los programas de compliance constituye igualmente un elemento estratégico. El artículo recuerda que los jueces no pueden obligar a una empresa investigada a entregar su plan de cumplimiento, ya que la persona jurídica conserva su derecho a no autoincriminarse. Sin embargo, el silencio puede tener consecuencias procesales relevantes.
Finalmente, el autor advierte de que ni los informes periciales ni las certificaciones, incluida la norma UNE 19601, garantizan por sí solos una absolución. Según explica, los tribunales buscan comprobar la existencia de una auténtica cultura de cumplimiento y no un mero conjunto de documentos formales. Como resume el propio Víctor Ávila Martínez, el objetivo es evitar que el procedimiento se limite a examinar “un compliance de papel, que no exime”.
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