La cuestión tiene una gran relevancia práctica porque afecta a uno de los principios esenciales de la contratación pública: la confianza legítima de los licitadores. El artículo parte de una pregunta que resume el núcleo del debate: “¿hasta dónde llega la discrecionalidad del sector público para paralizar un expediente ya adjudicado y dónde comienza la protección de la confianza legítima de los licitadores?”, una cuestión sobre la que se han pronunciado tanto el Tribunal Supremo como distintos órganos administrativos de recursos contractuales.
Según explica Federico Castillo Blanco, la legislación distingue claramente dos figuras que suelen confundirse: la renuncia y el desistimiento. La primera permite a la Administración dejar sin efecto una licitación por razones de interés público debidamente justificadas. La segunda solo puede utilizarse cuando existe una infracción no subsanable en la preparación del contrato o en el procedimiento de adjudicación.
El autor destaca que la reciente sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2026 ha contribuido a aclarar esta diferencia. En ella se recuerda que el desistimiento no constituye una potestad discrecional para reconsiderar una adjudicación ni para corregir errores menores, sino una herramienta reglada cuya aplicación exige una causa legal concreta y acreditada documentalmente.
De hecho, la doctrina fijada por el alto tribunal establece que “en virtud del artículo 152.3 de la LCSP el requisito que la Administración debe observar para desistir de un contrato administrativo es la concurrencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación”. Además, dicha circunstancia debe quedar debidamente justificada en el expediente administrativo.
El análisis también pone de relieve que no cualquier defecto en la licitación justifica cancelar el procedimiento. Una de las cuestiones examinadas por el Supremo se refería a un concurso para el arrendamiento de un inmueble destinado a albergar dependencias de la Junta de Andalucía. En aquel caso, la Administración alegó errores en la valoración técnica y defectos en determinados criterios de adjudicación para fundamentar el desistimiento. Sin embargo, el tribunal recordó que esta figura no puede utilizarse para corregir problemas derivados de la propia actuación administrativa ni para eludir las consecuencias jurídicas de unos pliegos mal elaborados.
Según señala ACAL como fuente del análisis, permitir ese uso extensivo del desistimiento supondría abrir la puerta a actuaciones en fraude de ley, especialmente cuando detrás de la decisión se esconden razones de oportunidad o conveniencia que deberían encauzarse por la vía de la renuncia y no mediante una interpretación flexible de las normas.
Pero quizá el aspecto más relevante del estudio sea el relativo a la compensación económica que pueden reclamar las empresas afectadas. La Ley de Contratos del Sector Público reconoce de forma expresa el derecho a recuperar los gastos realizados para preparar la oferta. Sin embargo, la gran discusión jurídica gira en torno a si también puede reclamarse el lucro cesante, es decir, el beneficio que la empresa dejó de obtener al frustrarse la ejecución del contrato.
Para abordar esta cuestión, el autor recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2020 relacionada con las obras del Metro de Donostialdea. En aquel asunto, tras adjudicarse un contrato de casi 50 millones de euros, la Administración paralizó la formalización sin seguir un procedimiento adecuado. Inicialmente pretendía compensar únicamente los costes de preparación de la oferta, pero finalmente los tribunales reconocieron a la unión temporal de empresas adjudicataria una indemnización cercana a 1,5 millones de euros por lucro cesante.
La argumentación judicial fue especialmente contundente. Tal y como recoge Federico Castillo Blanco, los tribunales consideraron que “si quien no ha sido adjudicatario ni ha cumplido el contrato puede y debe ser indemnizado por lucro cesante, con tanta o mayor razón habrá de serlo quien, ya alcanzada esa designación (...) se ve privado del legítimo beneficio asociado a su ejecución”.
En consecuencia, el análisis concluye que cuando la Administración paraliza injustificadamente la firma de un contrato ya adjudicado, las empresas podrían aspirar no solo al reembolso de sus gastos, sino también a reclamar la pérdida de beneficios siempre que acrediten los perjuicios sufridos. Una posibilidad que, según las últimas resoluciones judiciales, refuerza la seguridad jurídica de los operadores económicos y limita el margen de actuación arbitraria de los poderes públicos.
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