Lo costoso de publicitar la Ley de Vivienda como arma política
I. La coincidencia que desnuda una estrategia
El pasado miércoles, Maricarmen Abascal, una mujer de más de ochenta años, fue desalojada de su piso en el barrio madrileño de Retiro. El mismo lunes, una cuña radiofónica emitida en Los 40 Principales y en Cadena Ser ensalzaba la labor del Gobierno central en materia de vivienda, con la Ley de Vivienda de 2023 como principal medida. La coincidencia no es una casualidad, sino la constatación de una estrategia que utiliza la publicidad institucional como arma política. Mientras una octogenaria perdía su hogar, las ondas repetían que la norma permite congelar el precio del alquiler y que su aplicación depende de las comunidades autónomas. El contraste es tan elocuente que no necesita comentario. Pero sí merece un análisis jurídico y presupuestario.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana adjudicó en mayo de 2025 un contrato de publicidad para concienciar a la población sobre políticas relacionadas con la vivienda. El importe de adjudicación fue de 633.382,5 euros, aunque el valor estimado del contrato alcanzaba los 1,29 millones de euros después de impuestos. La agencia Sra. Rushmore resultó adjudicataria de un servicio de creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de campañas y acciones de divulgación, información y concienciación social sobre la vivienda y la agenda urbana en España. El plazo de ejecución era de seis meses, pero el contrato fue prorrogado en febrero de 2026 mediante una resolución que invocó la necesidad de adaptar las campañas a las nuevas políticas públicas impulsadas por el departamento.
II. La prórroga que no prorroga nada
La resolución de prórroga, fechada el 23 de febrero de 2026, justifica la ampliación del contrato en circunstancias sobrevenidas, ajenas a la voluntad de las partes, que no podían preverse en el momento de la licitación. Sin embargo, la ampliación no conlleva incremento ni disminución del precio del contrato, ni modificación del plazo de ejecución. Se trata, según el propio expediente, de una adecuación técnica. La pregunta que surge de inmediato es por qué una mera adecuación técnica requiere una resolución formal que invoca circunstancias sobrevenidas. La respuesta, probablemente, es que la prórroga no pretendía modificar el contrato, sino justificar su continuidad en el tiempo, manteniendo activa una campaña que ya había cumplido su plazo inicial.
Hay que reseñar que la decisión de prorrogar el contrato se adoptó en octubre de 2025, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas llevaba meses detectando que la vivienda se había convertido en el principal problema de los españoles. El barómetro de diciembre de 2024 fue el primero que colocó la crisis inmobiliaria en el primer puesto de las preocupaciones ciudadanas. Desde entonces, la situación no ha hecho sino agravarse. Y en ese contexto, el Gobierno decidió mantener activa una campaña publicitaria que, lejos de informar sobre soluciones concretas, se limita a atribuir a las comunidades autónomas la responsabilidad de aplicar una ley que el propio Ejecutivo central aprobó.
III. El contenido de la campaña y su mensaje político
El anuncio elaborado bajo el lema «Vivienda para vivir, no para especular #unaleyparavivir» alude a alguna de las medidas incluidas en la norma, como la posibilidad de congelar el precio del alquiler para que, cuando el contrato acabe, no se pueda subir lo que se quiera. Pero inmediatamente añade una coletilla que revela la verdadera intención de la campaña: «Eso sí, aplicarla depende de tu comunidad autónoma». La cuña radiofónica insiste en el mismo mensaje. El Gobierno no está publicitando una ley para que los ciudadanos la conozcan y la invoquen; está publicitando una excusa para culpar a las comunidades del Partido Popular de no aplicarla.
La estrategia es tan burda como eficaz. La Ley de Vivienda habilita a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas y a aplicar controles de precios. Pero solo Cataluña, Asturias y el País Vasco han utilizado ese instrumento. Ni siquiera todos los territorios gobernados por el PSOE lo han hecho: Castilla-La Mancha ha optado por no aplicar la norma. La campaña, sin embargo, no menciona este dato. Se limita a señalar que la aplicación depende de las comunidades, dejando flotando en el aire la idea de que el problema no es la ley, sino quienes no la aplican. Es una operación de comunicación política disfrazada de información institucional.
IV. La publicidad institucional como instrumento de propaganda
La publicidad institucional está sometida a límites legales que prohíben su utilización para fines partidistas. La Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, establece que las campañas institucionales deben tener como finalidad informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones, no persuadirles políticamente. La ley prohíbe expresamente que la publicidad institucional incluya mensajes que puedan interpretarse como propaganda electoral o que menoscaben la imagen de otras administraciones públicas. La campaña de la Ley de Vivienda, al señalar que su aplicación depende de las comunidades autónomas, está señalando implícitamente a los gobiernos autonómicos que no la aplican. Y lo está haciendo con dinero público.
Debe tenerse presente que la publicidad institucional no es una herramienta neutral. Quien controla el presupuesto de comunicación del Gobierno controla también el relato que llega a los ciudadanos. Una campaña de 633.382,5 euros no es una cantidad menor, pero lo verdaderamente costoso no es el dinero, sino la utilización de recursos públicos para construir un mensaje que beneficia electoralmente a quien lo emite. El coste económico es cuantificable. El coste institucional es incalculable. Porque cada vez que un gobierno utiliza la publicidad institucional para atacar a la oposición, está erosionando la confianza en las instituciones y contaminando el espacio público con propaganda partidista.
V. La ley que no impidió el desahucio y la campaña que lo ignoró
La Ley de Vivienda de 2023 fue presentada como la solución al problema del acceso a la vivienda. Dos años después, Maricarmen Abascal ha sido desahuciada de su piso en Retiro. La norma no ha impedido el desalojo, ni ha protegido a la octogenaria, ni ha resuelto la crisis que dice combatir. La campaña publicitaria que ensalza la ley no menciona el desahucio. No podía mencionarlo, porque reconocerlo habría desmentido el mensaje que pretende transmitir. Pero la realidad se impone a la propaganda. Y la realidad es que una mujer de más de ochenta años ha perdido su hogar mientras el Gobierno gastaba 633.382,5 euros en publicitar una ley que no ha evitado ese desalojo.
El contraste entre la campaña y la realidad es tan brutal que ninguna estrategia de comunicación puede ocultarlo. La ley permite congelar alquileres en zonas tensionadas, pero solo si las comunidades lo solicitan. La ley protege a los inquilinos vulnerables, pero solo si los jueces aplican las medidas cautelares previstas. La ley ofrece alternativas habitacionales, pero solo si las administraciones las desarrollan. La ley, en definitiva, es un marco que necesita voluntad política para funcionar. Y mientras esa voluntad no exista, los desahucios seguirán produciéndose. Con ley o sin ella. Con campaña o sin ella. Con 633.382,5 euros o sin ellos.
VI. Reflexiones finales sobre el coste de confundir información con propaganda
La publicidad institucional tiene una función legítima: informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. Cuando se utiliza para eso, es un instrumento valioso al servicio de la democracia. Pero cuando se utiliza para culpar a la oposición, para construir relatos electorales o para tapar los fracasos de una política pública, deja de ser información y se convierte en propaganda. Y la propaganda, en una democracia, no debería pagarse con dinero público.
El contrato de 633.382,5 euros adjudicado a Sra. Rushmore no es ilegal en su forma. La ley permite la publicidad institucional y el contrato se adjudicó conforme a los procedimientos establecidos. Pero la legalidad formal no agota las exigencias de la ética pública. Un gobierno puede gastar cientos de miles de euros en publicitar una ley que no ha impedido el desahucio de una anciana. Puede hacerlo legalmente. Pero no puede pretender que los ciudadanos no adviertan la contradicción. Porque la contradicción está en las ondas, en los carteles, en los folletos y en las redes sociales. Y está, sobre todo, en la calle. Donde Maricarmen Abascal ya no vive. Porque fue desahuciada. Mientras el Gobierno la publicitaba. Con una ley que, según la campaña, estaba para protegerla. Y no la protegió. Ese es el coste real de publicitar la Ley de Vivienda como arma política. No los 633.382,5 euros. Sino la credibilidad de una institución que confunde informar con vencer. Y que cree que gastar en publicidad es lo mismo que resolver problemas. No lo es. Nunca lo ha sido. Y nunca lo será.