- El presidente del Gobierno se reúne esta mañana en Moncloa con las entidades implicadas en esa iniciativa: empresarios, sindicatos, ONGs y el propio CGAE con su presidente Salvador González a la cabeza
La regularización extraordinaria que ha arrancado online este jueves ha contado con un protagonista inesperado cual es la Plataforma Mercurio, el canal por el que abogados, graduados sociales y ONGS tendrán que enviar los formularios con la documentación requerida. Las sucesivas caídas esta mañana no presagian nada bueno. Junto a ellas, largas colas en los consulados de nuestro país de estas personas inmigrantes que esperan conseguir la documentación que hay que presentar
Tras el acto que tuvo lugar en Moncloa en el que el presidente Sanchez y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz recibió a las entidades que colaboran en este proceso de regularización, entre ellos el CGAE y su presidente Salvador González, el proceso ya está en marcha con algunos altibajos.
Las colas en las embajadas en nuestro país son importantes para pedir esos papeles y los despachos extranjeristas perfilan sus equipos y ofertas de regularización. Junto a ellos la abogacía institucional sigue muy pendiente de este proceso de regularización que en apenas algo más de dos meses regularizarán a más de 500.000 inmigrantes residentes en nuestro país.
Según hemos podido saber el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras conversaciones con el propio CGAE, publicará en una pagina web que ha creado especifica para esta regularización el listado de todos los Colegios de la Abogacía, en una medida vinculada al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno el pasado 14 de abril. La iniciativa seguirá el mismo modelo aplicado a las entidades colaboradoras inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería en España (RECEX).
Fuentes del CGAE indican que el objetivo es facilitar a las personas interesadas en este procedimiento el acceso a información sobre profesionales de la abogacía que puedan ofrecer asesoramiento jurídico adecuado. Los Colegios que deseen figurar en el listado deberán autorizarlo cumplimentando un formulario en el que se incluirán datos básicos de contacto, como el nombre del colegio, un correo electrónico y un teléfono de atención. Se trata de evitar intrusismo y reducir problemas, que no van a faltar.
Despachos extranjeristas, preparados
Desde Huelva, Manuel Felipe Garoña, abogado extranjerista y Ceo de Migrow Abogados, despacho con oficina en dicha ciudad andaluza, Asturias y Madrid, observa esta regularización con prudencia. Como otros bufetes han reforzado los equipos y sufrido los vaivenes de Mercurio que se ha colgado varias veces este primer día de presentar solicitudes. “Los abogados no vamos a hacer caja. Se trata de hacer un buen trabajo. Estas personas en un año tendrán que renovar y querrán reagruparse y en dos años si son latinoamericanos pueden pedir nacionalidad” Cree que es una buena la iniciativa del Ministerio de incluir aunque reconoce que se podrían haber incluido listados de despachos especializados por CCAA.
Este jurista comparte opinión con otros expertos de que se ha dado demasiado poder a las ONGS que son las que tienen que hacer ese informe de vulnerabilidad, una de las tres alternativas, junto la oferta laboral o los vínculos familiares para optar a esa regularización. De hecho en ese listado de cinco páginas hay algunas poco conocidas. A su juicio esta cuestión puede ser un problema importante. Todas estas entidades pueden presentar informes. No sabemos si el informe es de pago o no, no hay nada que lo impidan. No cobran por su presentación, pero si cobran por el informe.
Sobre los honorarios que pueden cobrar estos abogados a sus clientes, la horquilla es amplia, pero puede ir de los 100 euros a 400 por expedientes. Aquí se juega con el volumen y con la idea de poder atender al mayor número de personas inmigrantes en estos dos meses “Son procedimientos complejos, donde la aparición de ese informe de vulnerabilidad no ayuda mucho. Es importante que la persona implicada en la regularización vaya a un despacho especializado donde le demos las claves de su situación. Si lo haces bien, los clientes de ahora serán clientes tuyos toda la vida”. Al final lo que debe hacer un despacho extranjerista es situarse estratégicamente para el futuro.
Abogacia institucional en alerta
Emilio Ramírez, diputado del ICAM, entidad que acaba de lanzar la campaña Extranjeria es Abogacia, subraya que esta regularización es una oportunidad histórica pero con fecha de caducidad. Establece dos formas de residencia temporal por situaciones excepcionales, la primera a aquellos que reclamaron protección internacional antes del 1 d enero del 2026, cuyo procedimiento sigue sin resolverse. La segunda el arraigo extraordinario encaminada a las personas que acrediten estar en España antes de ese 1 de enero que puedan demostrar vínculos familiares o laborales o una situación de vulnerabilidad
Ambas vías suponen unos requisitos precisos y de la aportación de una documentación específica, certificados penales del pis de origen que acrediten que no hay esos antecedentes y la prueba que esa persona ha estado viviendo en España antes de enero de 2026. Al mismo tiempo se tienen que acreditar esos vínculos laborales y familiares y el propio certificado de vulnerabilidad por entidades competentes. Los documentos van a requerir gestiones en administraciones, relacionarse con servicios sociales y un conocimiento del procedimiento administrativo
Este experto recuerda que el ICAM tiene 5925 abogados adheridos al sistema Mercurio que permite que se hagan esos trámites por vía telemática “Es una oportunidad contar con esos profesionales para que no pierdan la oportunidad de hacer esa regularización por falta de información. Nuestra responsabilidad como profesionales del Derecho es que todo se haga bien, que esa información llegue bien y que se haga todo dentro del plazo establecido que es escaso. “La abogacía extranjerista es clave. “No es solo la solicitud lo que hay que hacer bien, porque dentro de un año todas esas resoluciones y autorizaciones tendrán que ser renovadas. Si algo se hace mal, eso puede suponer una denegación a posteriori”, apunta
Debe ser un proceso ágil y garantista
Al mismo tiempo, el Consell de la Abogacia Catalana (CICAC) alerta de los riesgos que puede comportar el despliegue del proceso si no se dota de los recursos suficientes. En Cataluña hay unos 2000 abogados extranjeristas. Entre ellos destaca la posible saturación de los servicios administrativos, las dificultades en la obtención de citas y la falta de información clara para las personas interesadas..
David Querol, vocal de la subcomisión de Extranjería del CICAC, abogado y profesor de derecho administrativo, en conversación con este medio advierte que “si el proceso no se planifica adecuadamente, se puede generar una situación de colapso que acabe perjudicando precisamente a aquellas personas que se quieren regularizar”. En esta línea, ha remarcado que "hay que garantizar circuitos ágiles, información accesible y el refuerzo de los servicios públicos para evitar desigualdades en el acceso al procedimiento”. Sobre las caídas de Mercurio advierte que es por la afluencia masiva de personas a la plataforma aunque esperan que los técnicos del Ministerio de Inclusión la refuercen en los próximos días.
Este experto anticipa dos cuestiones que pueden ocurrir en el futuro. Recuerda que la regularización supone una modificación de calado del actual Reglamento de Extranjería. La primera, el cuello de botella que se produzca por las resoluciones iniciales donde te dicen la admisión a trámite. “Con ese inicio te dicen que tienes acceso al número de Seguridad Social, pero no es del todo cierto. Hay que activar un procedimiento especifico en esta entidad que puedan entenderlo estas personas inmigrantes. Veremos cómo se gestionan las posibles denegaciones que se produzcan”.
En esta regularización nos advierte, como otra cuestión importante es que nosotros los abogados extranjeritas, además de dar asesoramiento jurídico a a estas entidades colaboradoras del Ministerio, por estar en esa regularización es que hay que hacer un seguimiento de un año de ese asunto porque en ese periodo de tiempo se opta a esa renovación”. Para Querol ha sido sorpresivo que el Ministerio incluya los informes de vulnerabilidad que hacen esas ONGS y que en muchos casos cobran. “Es previsible un colapso administrativo. Hoy empiezan a presentar. La primera resolución estará en cuatro meses y eso puede generar un problema para los que estén trabajando”, apunta.
Los despachos grandes también dan servicio
En este escenario de despachos que forman parte de esa regularización también hay firmas de gran tamaño como ECIJA. En sus filas, Ignacio Peyro, abogado senior con experiencia en derecho laboral y extranjería y que lidera un equipo de profesionales para dar asesoramiento jurídico. Según nos indica su oferta va dirigida a empresas que tengan en sus plantillas solicitantes de protección internacional, es decir la disposición vigésima, y no la vigesimoprimera porque se aleja un poco ms del perfil ECIJA. Ese equipo de trabajo ya asesora a estas personas y a su unidad familiar que es una de las cosas que permite la norma, también los hijos menores y ascendientes´. En el día de hoy ya estaban presentando algunos formularios en la citada plataforma Mercurio. “Vamos a dar soporte a todo lo que nos llegue”, comenta.
Sobre el Ridley reconoce que hubo tres borradores y que el texto definitivo que no es igual al ultimo de los borradores. Debe haber habido lucha entre ministerios por antecedentes penales, temas de menores,” eso hace que se haya complicado este asunto y no sea fácil de entender”. Sobre el informe de vulnerabilidad cree que es algo problemático y que no se esperaba “pero hay otros dos requisitos alternativos que se pueden gestionar mejor el haber trabajo o tener una oferta por cuenta ajena o un compromiso de alta y autónomo, Este último puede ser un coladero . Si no tienes oferta de trabajo y no tienes familia en España, solo te queda el informe de vulnerabilidad, salvo que uno se haga autónomo y entre por ahí”.
Este experto reconoce que este es un proceso que se hace en algo más de dos meses y que cuenta con las dificultades del informe de vulnerabilidad y el certificado de antecedentes penales. “Este ultimo requisito se ha flexibilizado algo, puedes aportar que lo has solicitado. Con eso se paraliza durante tres meses ese procedimiento, pero luego va a requerir quince días si el país competente no lo ha pasado. Se dará quince días para que se aporta. Si no se tiene no se puede presentar la solicitud”. A su juicio el objetivo de esta regularización es aumentar población activa y altas en Seguridad Social. Ahora habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días.
