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El decano del ICAM, José María Alonso, y el diputado Juan Gonzalo Ospina durante el encuentro

  • En un encuentro informativo con la prensa, el decano del ICAM ha advertido de las posibles consecuencias si se demuestra que el título obtenido por algunos letrados no es válido para el ejercicio de la abogacía
  • Alonso también ha calificado la utilización con fines políticos de grabaciones obtenidas en el ámbito privado como “un atentado al derecho a la intimidad”, y ha reivindicado el carácter apolítico del ICAM

El decano José María Alonso, acompañado del diputado responsable de Comunicación del ICAM, Juan Gonzalo Ospina, ha mantenido hoy un nuevo encuentro informativo con los medios de comunicación en la sede del Colegio de Abogados de Madrid. Durante el acto con la prensa, que el ICAM organiza cada dos meses para favorecer la transparencia y la apertura de la Corporación a la opinión pública, el decano ha abordado cuestiones de interés general en el ámbito de la abogacía institucional y otros asuntos de la actualidad jurídica nacional.

"El que vivamos en una situación como si estuviéramos en un Gran Hermano donde nadie pueda tener conversaciones con nadie sin tener el riesgo de que se estén grabando supone un atentado al derecho de la intimidad de las personas, sean quién sean", ha subrayado el decano a preguntas de los periodistas sobre las grabaciones de la ministra de Justicia de las que se han hecho eco los medio. Tras destacar que la actitud que la Ministra de Justicia ha tenido hasta ahora con la Abogacía ha sido positiva y colaboradora, Alonso ha considerado "absolutamente reprobable que se graben conversaciones privadas y se usen para los fines que estamos viendo, por desgracia, que se usan".

Expediente deontológico y petición de amparo

El decano de la Abogacía madrileña también ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el expediente deontológico abierto al letrado Gonzalo Boye, el cual se encuentra en una fase embrionaria a la espera de que Boye haga sus alegaciones respecto a la denuncia que se le ha formulado. Según ha explicado Alonso, una vez que se nombra un instructor del expediente, se da traslado al abogado afectado para que haga alegaciones y, una vez hechas, el instructor eleva una propuesta a la Junta de Gobierno.

En este caso concreto de Gonzalo Boye, y “con independencia de su carácter mediático”, ha afirmado Alonso, “lo que puede tener es la absoluta seguridad de que se tratará este tema con todo el rigor y la imparcialidad que requiere, con independencia de cualquier consideración política”. Así, el expediente se atenderá según el Estatuto de la Abogacía, el Código deontológico y la normativa correspondiente “con total independencia de quién sea el que se está defendiendo” y “con independencia de toda consideración política”.

En relación a la petición de amparo solicitada por este mismo letrado, Alonso ha explicado la imposibilidad de conceder un amparo cuando las perturbaciones al ejercicio de la defensa no provienen de un órgano de la Administración o de un órgano judicial. “No hay competencias para conceder amparos colegiales por insultos o amenazas en las redes sociales. Por supuesto, nos solidarizamos con el letrado Boye como con todo compañero que sea calumniado, amenazado o insultado", ha señalado el decano.

Respecto a las relaciones del ICAM con la abogacía institucional de Cataluña, Alonso las ha definido como muy positivas: “los puentes entre Madrid y Cataluña siguen abiertos”, ha dicho, reconociendo no obstante que su reacción habría sido muy clara y muy dura si cualquier Colegio, invadiendo las competencias del ICAM, “hubiese concedido amparo a uno de nuestros colegiados fuera de su campo territorial. Pero eso no ha ocurrido".

Preguntado por el hecho de que algunos colegios de abogados hayan decidido colocar lazos amarillos en espacios institucionales, Alonso ha explicado que en su caso debe ser el Consejo General de la Abogacía Española quien se pronuncie. “Si me ponen lazos amarillos en la sala de togas de Fuenlabrada, tomaría medidas porque nosotros no estamos aquí para hacer labor política, estamos aquí para hacer labor institucional y por la abogacía. Este Colegio tiene que ser apolítico”, ha expresado con rotundidad el decano, abogando por una institución ideológicamente neutral puesto que en un colectivo plural caben todas las posiciones y sensibilidades y así ha de respetarse.

Abogados italianos

En cuanto a otro de los temas más candentes en el ámbito de la Abogacía, José María Alonso ha señalado que si la investigación concluye que hay colegiados italianos que se han colegiado en el ICAM con un título que se demuestra que no es válido, “deberán ser en su caso expulsados". Asimismo, el decano ha admitido que, si en algún momento, con esta Junta de Gobierno se produjese una colegiación masiva de abogados extranjeros, el hecho “sería inmediatamente analizado, pero eso no ha ocurrido".

Respecto al hecho de que muchos abogados europeos decidan cursar en España los estudios que dan acceso al ejercicio de la abogacía para luego ejrecer en sus respectivos países, Alonso ha subrayado la necesidad de revisar el Master de Acceso a la Abogacía para que sea “mucho más riguroso” y centrado en el ejercicio profesional.

Reorganización del ICAM

En la esfera institucional, el decano ha tratado entre otros asuntos el proceso de reorganización del ICAM, las acciones impulsadas conjuntamente con los demás operadores jurídicos o la próxima apertura en Alcobendas de una delegación Norte.

Respecto a la nueva estructura organizativa de la Corporación madrileña, Alonso ha anunciado la culminación del proceso reorganizativo impulsado desde la Junta de Gobierno para construir un Colegio mucho más eficaz y acorde con las mejores prácticas de otros Colegios profesionales y de las compañías más eficientes del mercado. “Ese proyecto organizativo pretende que el ICAM funcione como una máquina de excelencia y sirva para dar la mejor atención a los colegiados”, ha señalado Alonso, y para ello se han incorporado algunas de las mejores prácticas del mercado, como la creación de comisiones de auditoría y de nombramientos.

“El Colegio va a cambiar de una manera muy radical a través de esta reorganización”, ha explicado Alonso, de forma de que el decanato se podrá concentrar en la proyección exterior de la Abogacía madrileña y la dirección general se concentrará más hacia dentro. 

Operadores jurídicos

Respecto a las relaciones del ICAM con los distintos operadores jurídicos, el decano madrileño ha hecho un balance muy positivo de los encuentros institucionales mantenidos en las últimas semanas con la fiscalía, la magistratura, la Delegación del Gobierno o el Ministerio de Justicia. Fruto de estas visitas institucionales, se han puesto en marcha diversas acciones conjuntas con fiscales y jueces a fin de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y velar por el correcto ejercicio del derecho de defensa.

Alonso también ha puesto en valor la reunión mantenida recientemente con el nuevo Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, en la que se trataron temas de gran importancia para los letrados como la posibilidad de acceder telemáticamente a los atestados policiales, o la erradicación en todos los centros de detención de la obligatoriedad de introducir en las actas de declaración policial el D.N.I. de los letrados, siendo suficiente para su identificación la exhibición de su carnet profesional.

En la reunión mantenida hace unos días con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el ICAM trasladó la imperante necesidad de revisar y actualizar los baremos del Turno de Oficio en los órganos dependientes del Ministerio, como son la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y entre otras cuestiones se realizó la petición para renovar el convenio por el que se regulan los pagos de los letrados del procedimiento Gürtel.

Nueva Delegación Norte

En otro orden de cosas, José María Alonso ha señalado que a finales de este año o principios de 2019 se prevé que entre en funcionamiento en Alcobendas la nueva delegación Norte del ICAM, cuya ubicación definitiva se está negociando con el Ayuntamiento de esa localidad. Tras admitir que el Colegio espera que el Ayuntamiento de Alcobendas aumente su contribución a un proyecto que dotará de atención jurídica gratuita a los ciudadanos con menores recursos, Alonso ha expresado su deseo de que el Colegio pueda tener en el futuro una delegación en los cuatro puntos cardinales de la geografía madrileña. 




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