- El programa formativo de tres días de duración profundizará en cuestiones como la incapacidad temporal, la problemática de los indefinidos no fijos, la sucesión empresarial y otras formas de despido entre otras cuestiones
La colaboración que se ha establecido entre el CGPJ Y ASNALA empieza a dar sus frutos. Este miércoles hemos sido testigo de la puesta en marcha de un curso práctico en la escuela de formación del propio CGPJ que durante tres días reunirá a jueces y laboralistas frente a un atractivo programa de actividades vinculados a los temas más relevantes de la jurisdicción social.
La dirección académica del curso está coordinada por Alberto Novoa, socio de Roca Junyent y Óscar López, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, junto a José Ramón Aparicio de Lázaro, en la dirección técnica, como Letrado del Servicio de Formación Continua del CGPJ que han destacado la relevancia de este programa formativo.
En esta primera jornada fue Concepción Ureste, presidenta de la Sala Social del Supremo, quien abordó en la sesión de mañana cuál es el impacto de los pronunciamientos del TEDH en el orden social. Los propios codirectores Novoa y López moderados por Ricardo Bodas, vocal del CGPJ profundizaron en el Derecho Procesal laboral. Por último, esta sesión concluyó con la intervención de Ramón Gallo, presidente de la Audiencia Nacional para analizar distintas cuestiones de derecho colectivo.
En el acto de apertura los codirectores del curso mostraron su satisfacción por lo logrado y que la iniciativa esté en marcha. Oscar López rompió el fuego con su intervención para alabar el hito logrado de este programa formativo donde la colaboración de ASNALA y el papel de Ricardo Bodas, leyenda del laborlismo en nuestro país, han sido claves en este escenario. “Es muy importante para nosotros los jueces y magistrados conocer lo que piensan otros operadores de cuestiones claves del laboralismo”, comentó Lopez
Por su parte, Novoa, subrayó el hito de lograr poner en marcha este curso. “Este tipo de debates nos benefician a todos. Abordaremos el proceso laboral, los grandes problemas que genera la ley de eficiencia, en definitiva todos los grandes temas conflictivos que ahora mismo tenemos sobre el tapete en el derecho del trabajo.”.
Ambos juristas coincidieron en sus intervenciones que cada vez es más necesario una mejor colaboración entre jueces y laboralistas. A juicio de estos expertos faltan medios y personal y coordinación a la hora de la aplicación de las normas procesales que están generando distorsiones en el procedimiento. Es una ocasión para debatir los temas claves de la jurisdicción social. “Es preocupante el colapso de la jurisdicción social”
Concepcion Ureste ha abordado en su ponencia el impacto de los fallos del TEDH en la jurisdicción social. A su lado el magistrado Oscar Lopez / Fotos ljsanchez/L&t
Debate necesario
Por su parte Ana Gomex, presidenta de ASNALA, subrayó el hito histórico de celebrar este evento en la sede formativa del CGPJ, durante tres días. Recordó de las buenas relaciones que hay entre abogacía y judicatura en todos los eventos que organiza esta asociación, tal y como se puso de manifiesto en el último Laborium celebrado en Leon el pasado mes de octubre donde en los paneles de los debates estuvieron destacados magistrados de la jurisdicción social
Como señalo en una entrevista reciente a nuestro medio de comunicación, el estado de la jurisdicción social es preocupante, comentó que mejorar y recordó que ASNALA se ha presentado una batería de propuestas para que pueda mejorar esta jurisdicción y volver a la a actividad que tenía hace unos años. Por último comentó que las cuestiones que se plantean en este programa formativo son de indudable interés y preocupan a los profesionales que ejercen de forma habitual en las relaciones laborales en nuestro país
El cierre de este acto de apertura lo puso Ricardo Bodas en una intervención que no decepcionó a los asistentes. Hablo de la necesidad de estrechar la cooperación entre los operadores jurídicos para mejorar la jurisdicción social y lanzo una frase concluyente “Todos somos responsables de la situación y debemos buscar soluciones “.
Mostró su preocupación por el colapso existente con señalamientos de juicios para 2029 y 2030 y habló del plan de choque del CGPJ que será operativo en breve aunque cree que será al mismo tiempo necesaria una mayor cooperación entre todos los operadores jurídicos.
Bodas ofreció datos interesantes. Reconoció que hay un enorme volumen de asuntos que se ingresan en la jurisdicción social, “pero también es verdad que no se están utilizando de manera generalizada las herramientas procesales que tienen la finalidad de atender a la litigiosidad masiva: acumulación de autos, pleitos testigos, extensión de fallos. Eso obliga a que se mejore la cooperación permanente entre los operadores jurídicos”.
Al mismo tiempo comentó que no es de recibo que anualmente se desistan más de cien mil asuntos sobre cuatrocientos y pico mil asuntos que se resuelven en la jurisdicción social, “Entonces, claro, eso significa que se está utilizando de manera artificiosa la jurisdicción y no es admisible. También indicó que hay que buscar fórmulas que aboguen por soluciones extrajudiciales y evitar conciliar el mismo del juicio. De esas hay 100.000 y dan mucho trabajo en los tribunales hasta el final”.
Sobre el curso, el vocal del CGPJ subrayó que llega en un buen momento porque se trata de mejorar la cooperación entre la magistratura y los abogados laboralistas. “Creo que en su día ese espacio que gestionamos Audiencia Nacional dio un ejemplo con la mesa de la sala de lo social que ha conseguido, pues que ese sea uno de los tribunales mejores de España, que incluso ha tenido. El modelo es replicable a otra escala pero se necesita voluntad política”.
Al mismo tiempo cree que este tema depende lógicamente, sobre todo de los jueces. “Que en el caso de la Audiencia nacional , el tema salió adelante porque los jueces que estábamos ahí cuando lo implantamos teníamos esa disposición. En el resto de sitios, pues depende de que los jueces quieran hacerlo, porque de alguna forma esto multiplica la transparencia y multiplica los factores críticos con respecto a los asuntos que no funcionan”, apuntó.
