Situación insostenible: Jueces, abogados y graduados sociales piden al CGPJ celeridad en su plan de choque para aliviar la jurisdicción social

• La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordaba iniciar los trámites para poner en marcha un plan de choque en los órganos de la jurisdicción social con mayor pendencia o retraso en los señalamientos. 

El acuerdo se ha adoptado a la vista del informe que la Comisión Permanente solicitó en su reunión del pasado 16 de septiembre al Servicio de Inspección para que identificara los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con más asuntos pendientes y/o con mayores tiempos de respuesta, después de que este servicio hubiera advertido del colapso de la jurisdicción social.

En esa reunión la Comisión Permanente ha acordado aprobar las bases de un plan de choque que se desarrollará mediante actuaciones inmediatas en las 50 plazas de la jurisdicción social con mayor pendencia y planes territoriales en los partidos judiciales más congestionados. El plan estará en vigor hasta la entrada en funcionamiento efectivo de las nuevas plazas judiciales creadas por el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, y de las que se creen en la programación de 2027, sin perjuicio de su revisión periódica. 

Para ponerlo en marcha, la Permanente, con su presidenta Isabel Perelló a la cabeza, ha acordado dirigirse a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para que en un plazo de quince días formulen propuestas de medidas de apoyo conforme al artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al mismo tiempo han pedido a Justicia y a las CCAA con competencias en justicia que cubran con carácter prioritario las vacantes de los servicios comunes del área social, doten los medios necesarios para las medidas de apoyo que se aprueben y garanticen, antes del 1 de junio de 2027.

Sobre este colapso una organización sindical como es CCOO presentaba recientemente un estudio del que nos hacíamos eco sobre esta problemática. Un informe que deja claro la gravedad del problema. Ahora hemos pedido a los operadores jurídicos que están al pie de los juzgados, como los propios magistrados de lo social, Abogacia y graduados sociales su visión sobre este problema y posibles soluciones a este problema.

De manera paralela, el Colegio de la Abogacía de Madrid puso en marcha la campaña SOS SOCIAL y ha mantenido reuniones con distintos grupos de abogados y asociaciones profesionales para abordar esta cuestión. A través de la misma ha reclamado medidas urgentes ante unas demoras que afectan a despidos, incapacidades, prestaciones y reclamaciones salariales. El ICAM propone reunir al Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el CGPJ y el TSJ para acordar una respuesta conjunta al colapso.

No se han tomado medidas de fondo

	Carlos Javier Galán, magistrado cree que “las soluciones, a mi juicio, pasarían por un buen diseño e implantación de los tribunales de instancia y no lo que se ha hecho; por reformas procesales que se hagan escuchando a los operadores jurídicos”.

Para el magistrado Carlos Javier Galán, un magistrado del orden jurisdiccional social y titular del Juzgado de lo Social nº 14 de Sevilla, sobre la situación de colapso del orden jurisdiccional social, llevamos tiempo que en numerosos partidos judiciales estamos muy por encima de los módulos establecidos.

“ Esa situación, mantenida durante largos años sin adoptar medidas de fondo, ha llevado a que los retrasos se vayan incrementando progresivamente, porque cada año de entrada de asuntos consume mucho más de un año de agenda de señalamientos.”, advierte

A su juicio, “las causas del aumento de la litigiosidad social en los últimos años deberían ser estudiadas por el propio Ministerio de Justicia y el CGPJ, que tienen toda la información para hacer un análisis riguroso”

Junto a ellas destaca “entre ellas, creo personalmente que estaría la mayor complejidad en las relaciones laborales, la desaparición de los salarios de tramitación -puesto que hoy ya no hay nada que desincentive el llegar a juicio-, la mala técnica legislativa que multiplica una litigiosidad absolutamente innecesaria -por ejemplo, los miles de pleitos sobre complementos de maternidad, brecha de género, etc.-, así como los incumplimientos de la propia administración que contribuyen también esa litigiosidad -por ejemplo, en materia de temporalidad en el empleo público, en algunas prestaciones de Seguridad Social, etc.- “

Para este magistrado, “las soluciones, a mi juicio, pasarían por un buen diseño e implantación de los tribunales de instancia y no lo que se ha hecho; por reformas procesales que se hagan escuchando a los operadores jurídicos, sin ocurrencias que no están funcionando; por mejorar los sistemas de mediación y conciliación que existen en Social; por habilitar medios materiales y tecnológicos adecuados que hoy estamos lejos de tener; y, desde luego, por crear un número de plazas que se acerque a la media europea de jueces por habitante”.

“Creo que durante muchos años se ha cometido el error de aplicar medidas coyunturales, como son los refuerzos, a situaciones estructurales y eso maquilla ligeramente el problema pero no lo resuelve” indica

Desde su punto de vista, “el plan de choque con refuerzos que plantea el CGPJ creo que es una buena noticia, si se aplican criterios razonables para su asignación, pero siempre que se tenga en cuenta que debe ser algo provisional y no se pretenda que eso sea la solución”.

Abogados preocupados

 

	Juan Manuel Ortiz, vocal de ASNALA, reconoce que el problema es grave y que esta asociación ha presentado una batería de medidas para frenar esta lacra.

Juan Manuel Ortiz, socio director de Iurislaw Abogados y actual miembro de la Junta Directiva de ASNALA, cree que el colapso de la jurisdicción social viene producido por factores como unas relaciones laborales más complejas donde la ampliación de derechos laborales, como la conciliación de la vida laboral y familiar, permisos retribuidos, entre otros han supuesto l incremento de las demandas judiciales, sin que haya habido un incremento de la planta judicial, lo que ha generado un colapso en la entrada de asuntos en los órganos de la jurisdicción social

Falan jueces y lajs y la propia ley 1/2025 de eficiencia ha generado más problemas de los existentes. “se desmiembran las tramitaciones de los procesos judiciales, dificultando su control y resolución tanto interna como externa por los profesionales, y especialmente las ejecuciones, que hasta ahora se tramitaban con bastante agilidad a nivel generalizado, y se ha producido el colapso de las mismas desde la aplicación de esta nueva distribución judicial”, destaca

Desde ASNALA se ha presentado una propuesta que ayude a resolver estos déficits. Las propuestas van desde la inversión en personal y medios tecnológicos aumentando la planta judicial, de LAJs y funcionarios en las plazas especialmente sensibles, en algunos casos con colapsos estructurales de muy larga duración para agilizar los procedimientos. “En ese escenario se crearía una bolsa de trabajo para cubrir las vacantes temporales similar a la sanitaria”, indica

Otras medidas serían de carácter procesal para resolver asuntos que sean de escasa complicación y prueba, especialmente en materia de seguridad social (impugnaciones de altas médicas o materia prestacional), o en muchas ocasiones con la desaparición de la parte demandada. Incluso la resolución de asuntos sin necesidad de celebración de juicio si así lo solicitaran las partes.

Otra cuestión que nos indica “es la utilización de los medios legales previstos, que no se están aplicando, como acumulaciones de procesos que se tramitan en el mismo Tribunal de Instancia, o realización de juicios telemáticos, sobre todo en materias de escasa discusión jurídica y en los que la prueba se limita a documental”:

Por último, Juan Manuel Ortiz destaca como efectivo, la implementación de las conciliaciones ante los servicios de mediación (SMAC/ CMAC), que culminen con laudo arbitral en ciertas materias (conciliación de la vida laboral y familiar, sanciones menores, reclamaciones de cantidad de escasa cuantía, etc.), aprovechando así un cuerpo de Letrados Conciliadores adscritos a estos servicios a nivel nacional, que están completamente desaprovechados.

En cuanto a la propuesta del CGPJ, esta jurista recuerda que esta entidad ha lanzado varias propuestas consistentes en jueces de refuerzo y adscripción territorial, instando a las Comunidades Autónomas a cubrir las vacantes existentes, priorizar los asuntos urgentes, y apoyar a los servicios de ejecución que evidentemente han sido deficitariamente provistos. “Al mismo tiempo hay que mejorar el servicio de ejecución colapsado en este 2026 . Es importante cubrir las vacantes existentes lo que redundaría en un adecuado servicio público de justicia”.

Para este laboralista, “el nombramiento de jueces de refuerzo, con priorización de asuntos urgentes, no es una novedad. Se trata de una medida que viene siendo aplicada desde hace ya diez años, y que actualmente continúa en muchos Tribunales de Instancia. Valoramos positivamente esta medida que debería ser mucho más temporal para paliar situaciones de incrementos de asuntos en ciertas localizaciones.”

Desde ASNALA, realmente “ lo que demandamos es una adecuación de la planta judicial a los requerimientos de la jurisdicción social, pues los lugares en los que actualmente se reconoce la situación de colapso, vienen siendo endémicos, y llevamos denunciándolos durante muchos años”,

El problema viene de atrás

	Teresa Silleras subraya que “ en cuanto al plan de choque que el CGPJ, los graduados sociales  coincidimos en las medidas planeadas, pero necesitamos celeridad, cada día de retraso en la toma de decisiones congestiona más los juzgados de lo social”.

Para Teresa Silleras, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid y CEO de Silleras Asesores Jurídicos, considera que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 ha supuesto una reestructuración de la forma de trabajar en los juzgados, que todavía está en periodo de adaptación y que aún a día de hoy genera muchas incertidumbres y por tanto retrasos de una envergadura que asusta. “Sin embargo el problema es previo a este cambio normativo”.

 Esta jurista revela como “en los últimos años, las huelgas de los LAJ y de los funcionarios de la Administración de Justicia, junto con la falta de cobertura de plaza de Magistrados han venido generando un número incalculable de suspensiones. El conjunto de todas estas circunstancias ha hecho que el nivel de retraso y de suspensiones actual sea inasumible en una jurisdicción que por naturaleza debería se rápida”.

Silleras subraya sus contactos con la abogacía tanto a nivel Madrid con el ICAM a nivel de su ámbito de actuación, como en el ámbito nacional, “nos une una gran amistad y deseo común de solventar el problema, estamos trabajando en plantear un catálogo de propuestas que pueda ayudar a la Administración de Justicia a solventar una situación que ha desvirtuado la esencia del procedimiento social”.

 “Sin duda, el incremento de plazas funcionariales y del número de Magistrados sería una solución. Nos consta que existe un número de plazas asignadas pendientes de la toma de posesión del cargo, por lo que acelerar la burocracia en un momento como este sería de vital ayuda”, indica

 Para la presidenta de los Graduados Sociales madrileños, “adicionalmente, y como ya se vivió en la anterior crisis económica, reforzar los juzgados para celebrar juicios en horario de tarde, durante un periodo concreto, podría descongestionar los juzgados en un año natural aproximadamente. Pero para poder llevar a cabo estos refuerzos sería imprescindible que los magistrados fueran fieles conocedores de la Jurisdicción Social”.

En cuanto al plan de choque que el CGPJ quiere poner en marcha reconoce que “coincidimos en las medidas planeadas, pero necesitamos celeridad, cada día de retraso en la toma de decisiones congestiona más y más los juzgados de lo social, que están viviendo uno de los peores momentos de su historia”.

 Desde su punto de vista, la celeridad en la toma de medidas no es una opción, sino una obligación. Sin medios no es factible disolver la situación actual y sin rapidez y fluidez cualquier medida será tardía.

 “Es obligación de todos los operadores jurídicos trabajar hacia un camino común, para que el justiciable vuelva a creer en nuestra justicia”, finaliza la presidenta de los graduados sociales madrileños.