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Eran otros tiempos Eugenio RIbon, decano del ICAM entregaba estatutos del ICAM al presidente del CGAE. Hoy están enfrentados por cuestiones presopuestarias (foto ICAM))

  • Hay una demanda por impago en los tribunales interpuesta contra el ICAM por un impago parcial de las cuotas que debería abonarse al CGAE para mantener su estructura

Después de año y medio al frente del CGAE, su presidente Salvador Gonzalez, ha acometido una reestructuración aprobada por el Pleno de la entidad que ha tenido lugar en Cuenca. El primero del año. Lo más significativo es la renovación de la Comisión Permanente y el cese del decano del ICAM, Eugenio Ribón, lo que deja claro el enfrentamiento abierto entre ambas entidades. Su puesto de vicepresidente primero lo asumirá la decana del ICAB de Barcelona, Cristina Vallejo. El propio decano ha confirmado este viernes que se enteraba de ese cese por los medios de comunicación

Este conflicto se remonta al pasado año lo que ha generado que el asunto esté en los tribunales. El pasado mes de julio el CGAE presentó una demanda por impago del ICAM porque a principios del pasado año del decano madrileño decidió reducir la cuota colegial que cada entidad aporta al propio CGAE para el mantenimiento . A nivel interno, en las juntas del ICAM, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares.

La situación se ha encrespado cuando desde el ICAM ha confirmado que su compromiso con la defensa de los intereses de la abogacía y la mejora continua de los servicios que presta a sus colegiados, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha acordado una medida de gran impacto económico y simbólico: la eliminación del coste asociado al certificado de primera incorporación expedido por el Consejo General de la Abogacía Española, lo que supone una reducción del precio de colegiación de 165,95 euros para los nuevos colegiados ejercientes y de 101,58 euros para nuevos colegiados no ejercientes.

Hasta ahora, las personas que solicitaban su incorporación a cualquier colegio de la abogacía debían abonar una cuota al CGAE para la expedición de dicho certificado. El ICAM ha decidido suprimir esta obligación y sustituirla por la suscripción de una declaración responsable por el nuevo colegiado, que permite acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Abogacía Española, sin perjuicio de la ordinaria cooperación que el ICAM requiere al CGAE, para la debida comprobación del cumplimiento de dichos requisitos.

Mientras el presidente del CGAE, Salvador Gonzalez y otros decanos guardan silencio y no contestan a las llamadas de los periodistas, en un día en el que hemos conocido que la comunicadora Ainhoa Goñi, será la nueva Directora de Comunicación del CGAE, tras pasar por un proceso de selección. Los periodistas esperamos que hagan de esta entidad un organismo más transparente y cercano a los medios informativos.

Imagen del Pleno de esta mañana   en la imagen Leandro Cabrera, decano del ICA Granada  primero por la izda y Cristina Vallejo, decana del ICAB, vicepresidentes  Junto a Salvador Gonzalez, Encarna Orduna, secretaria general y en el otro extremo  francisco de Borja, secretario general técnico

Por su parte, desde el ICAM su decano, Eugenio Ribón, nos remite a un comunicado institucional en el que se explica con detalle su versión de los hechos :

Este cese se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo. En septiembre de 2025, el ICAM presentó una propuesta formal de reforma presupuestaria del CGAE orientada a mejorar su eficiencia, racionalizar su gasto y avanzar hacia un reparto más solidario con los colegios de menor tamaño. Las propuestas, basadas en criterios objetivos de sostenibilidad y productividad -con medidas como la revisión de determinadas partidas, incluidas las destinadas a sueldos directivos- rechazadas en su totalidad, sin que existiera margen para el diálogo”.

También señalan que “en este contexto, el ICAM puso de manifiesto determinados datos presupuestarios relevantes del CGAE, entre ellos que el presupuesto destinado a personal asciende a 3.688.516 euros y el correspondiente a dietas a 580.597 euros. En relación con estas últimas, el Colegio ha recordado que las dietas impuestas y percibidas por el ICAM durante el mandato de la actual Junta de Gobierno han sido donadas en su integridad a la Fundación ICAM Cortina, destinándose exclusivamente a fines sociales. Asimismo, se señaló que el coste medio por empleado del CGAE se sitúa en 80.185 euros, frente a un coste medio por empleado en el ICAM de 57.380 euros, incrementándose un 34% sobre el gasto de 2023”

Otra cuestión que se aborda es que “de forma paralela, el ICAM, siguiendo la línea establecida por el Tribunal Supremo en consolidada jurisprudencia, manifestó su rechazo al abono de cuotas duplicadas exigidas por el CGAE, correspondientes a servicios que ya estaban siendo prestados a este Colegio a través del Consejo del Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y no por el CGAE. La Junta de Gobierno consideró que dichas duplicidades carecían de justificación y suponían un perjuicio directo para los intereses económicos de los colegiados”.

En el comunicado se habla el ICAM haya suprimido el coste asociado al certificado expedido por el CGAE para incorporarse a la profesión, sustituyéndolo por la suscripción por el nuevo colegiado de una declaración responsable. Esta medida, en vigor desde el 1 de enero de 2026, ha supuesto una reducción directa de en torno al 30 % en el coste total de la colegiación para los nuevos profesionales y se enmarca en la voluntad del Colegio de facilitar el acceso a la profesión y eliminar cargas económicas que carecen de una justificación objetiva.

En cuanto a la demanda interpuesta por el CGAE, en el citado comunicado se indica que “ante esta situación, la Junta de Gobierno mantuvo una postura firme: la defensa del dinero de los colegiados constituye una prioridad irrenunciable. Las cuotas colegiales, fruto del esfuerzo diario de la abogacía madrileña, deben destinarse a ofrecer más y mejores servicios, y no al pago de gastos duplicados sin justificación”.

 También se aclara que “en este sentido, la Junta de Gobierno reitera que, si la resolución judicial que recayere en el contencioso contra el CGAE por razón del Consejo de Colegios es favorable al ICAM, se procederá a la correlativa reducción de las cuotas colegiales, que nunca debieron destinarse al pago por servicios no prestados por el CGAE”

Desde la entidad colegial se manda un mensaje de tranquilidad los colegiados para remarcar que seguirán defendiendo los intereses y derechos de la Abogacia madrileña “el ICAM asumió, así, la defensa de esta posición en sede judicial, como ya ha hecho en otras ocasiones cuando han estado en juego los derechos e intereses de sus colegiados, en coherencia con el compromiso adquirido con la abogacía madrileña en el momento de concurrir a las elecciones y aclaran que : esta situación no afectará en ningún caso a los servicios que el CGAE está legalmente obligado a prestar, conforme a la normativa vigente”-

   
  Imagen de la llegada de decanos y consejeros a este primer Pleno del CGAE que tuvo lugar en Cuenca este viernes  
     

Cambios sin explicar

En la breve nota de prensa que los periodistas hemos recibido a las once de la mañana y no hemos podido cotejar con nadie del CGAE, se anuncia que se designan como miembros de la Comisión Permanente a Jose Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia, y Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, así como a Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, quien se incorpora a la Permanente en su condición de vicepresidenta primera.

Como consecuencia de esta nueva composición de la Comisión Permanente se ha designado a Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, como vicepresidenta primera y Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, como vicepresidente segundo.

Además, se ha designado a Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo, como nueva directora de la Oficina de Representación Institucional (ORI) del Consejo.

Carballo formará también parte de la Comisión Permanente, a la que también se suman los tres nuevos adjuntos a Presidencia: Elisa Campoy, decana del Colegio de la Abogacía de Lorca, Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de la Abogacía de Zaragoza y Diego García, decano del Colegio de Abogados de Elche.

También se ha comunicado al Pleno el nombramiento de Carmen Oriol, decana del Colegio de Abogados Tarrasa como presidenta de la Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores, encargada de un tema tan importante para la Abogacía como es el de los honorarios profesionales.

 Hay que indicar que el CGAE se comprometió en marzo del pasado año a tener esos criterios orientativos que aun no existen, lo que esta generando mucho malestar y problemas en los abogados. El propio Salvador González a final de año en un encuentro con la prensa señalaba que éste era uno de los problemas más importantes de la ABOGACIA en estos momentos.

La renovación de Comisiones se completa con la designación de Carlos Pérez, decano del Colegio de la Abogacía Cantabria, nuevo miembro de la Comisión Consultiva. Por último, se ha creado un nuevo Grupo de Trabajo de Censo y Certificaciones, presidido por Javier Martín, decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid.