- El presidente de la Abogacía Institucional considera que este problema es de máxima gravedad y que el Gobierno debe interceder en ello, en su resumen del año 2025
Salvador González, presidente del CGAE, en su resumen del año a los medios de comunicación ha subrayado que este 2025 ha sido un año exigente para la Abogacia. Una abogacía que con el uso de la tecnología va a ejercer de otra forma su trabajo de asesoramiento legal. “Por eso estamos formando a nuestros profesionales en competencia digitales y una parte del presupuesto anual, superior a los 11 millones de euros ayudará a una mayor digitalización de nuestra profesión jurídica”.
En un entorno donde se está impulsando este año se está impulsando una reforma de la justicia radical con la incorporación de los MASC y su procedibilidad y los tribunales de instancia, como alternativa al modelo tradicional de juzgados para ser más eficientes, González ha señalado la necesidad de incorporar más recursos y jueces para que estas reformas lleguen a buen puerto y la justicia sea el servicio público que demanda la ciudadanía en los próximos meses
De hecho, es consciente que se espera con interés la Conferencia Sectorial del próximo 22 de diciembre entre el Ministerio y las CCAA donde se hablará de los tribunales de instancia y la situación de sus reformas que entrarán en una tercera fase a partir del 31 de diciembre. “Se habla de un aplazamiento de la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia, si eso es bueno, que se haga, pero con orden”.
El presidente del CGAE cree que el problema con la CNMC debe desbloquearse de forma inminente “Está afectando a la tutela judicial efectiva de muchos ciudadanos porque no pueden saber el cálculo de su pleito real”
Junto a ello, Gonzalez cree que es de máxima urgencia desbloquear el problema que la abogacía institucional tiene con la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) que impide pese a la vigencia de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, un año después de su aprobación que se fijen criterios orientativos en las tasaciones de costas lo que está vulnerando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos “Hemos presentado unos criterios orientativos y no nos lo validan. Para la CNMC todo sigue igual y creen que queremos fijar precios en la profesión cuando queremos dales seguridad jurídica a los ciudadanos”.
El presidente explicó que se han mantenido varias reuniones con la (CNMC) pero no se ha logrado alcanzar una solución porque Competencia insiste “en tratar esta cuestión como un tema de competencia y libre mercado, cuando lo que ha hecho la ley del Derecho de Defensa es otorgar a los ciudadanos el derecho a saber cuál es el riesgo económico de emprender acciones legales”. Y expresó su confianza en que se encuentre una solución para materializar ese derecho de la ciudadanía que afecta a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
“Esta situación causa una gran inseguridad jurídica porque no podemos informar al ciudadano, al consumidor bancario o al afectado por la cláusula IRPH de algo tan esencial como las consecuencias de económicas de una eventual condena en cotas. Esa información es vital para poder tomar la decisión que corresponde y sin ella mucha gente puede desistir en su idea de iniciar un procedimiento para defender sus derechos ”, afirmó Cristina Vallejo, decana del ICAB de Barcelona.
En su intervención recordó la decana catalana que tiene dos multas recurridas por supuesta fijación de precios por parte de la CNMC “Es un problema muy serio que genera seguridad jurídica en dos direcciones, una para los inversores que quieran hacer negocios en nuestro país que no saben lo que les costará un pleito y otro para los consumidores, que ,con menos recursos y falta de conocer esos criterios orientativos de honorarios y costas pueden echarse para atrás y no defender sus derechos”.
El presidente del CGAE reconoció que esta ley Orgánica del Derecho de Defensa, una de las reivindicaciones históricas de la abogacía venía a respaldar el papel de este colectivo como garante de los derechos de los ciudadanos. Reconoció que en materia de petición de amparo se ha avanzado mucho, pero la propia actitud de la CNMC hace que al no existir esos criterios orientativos y públicos el ciudadano no sepa lo que realmente le va a costar ese asunto que tiene en los tribunales.” Tiene ahora derecho a ser informada del importe de una eventual condena en costas y los Colegios están obligados a proporcionarle los datos adecuados para que tome esa decisión”.
El Pleno del CGAE donde se han tomado distintas decisiones colegiadas para la abogacia como profesión volverá a ser clave en el 2026
Un año con muchos frentes
Para el presidente del CGAE, este año 2025 ha sido un año intenso nivel institucional. Junto al frente de los honorarios y la CNMC, la abogacía institucional ha trabajado duro para buscar una solución al problema de las pensiones de los miles de mutualistas que tienen pensiones exiguas y otros, unos 2000 que se jubilarán a lo largo de este año. “Ya tenemos una ponencia en la Comisión del Congreso correspondiente, ahora es importante que se enmiende con agilidad y se ofrezca esa pasarela al RETA que buscan la mayor parte de los mutualistas”.
Entre las prioridades para 2026 González se refirió además a la esperada solución para este tema de los mutualistas. “Lamentablemente todo parece indicar que, salvo sorpresa de última hora, el año va a terminar sin un acuerdo sobre este tema, a pesar de los enormes esfuerzos hechos desde la Abogacía y sus asociaciones de afectados”, señaló.
“Habrá que esperar al inicio del próximo periodo de sesiones en febrero, o salvo sorpresa a una sesión extraordinaria en el mes de enero, para que se apruebe la esperada pasarela al RETA. Es un tema de la máxima urgencia que requiere altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado”, afirmó.
Sobre el Turno de Oficio, Gonzalez reconoció que se logró en marzo de este año una subida del 8% en territorio Ministerio y que tenia el compromiso del ministro Bolaños de hacer otra subida importante. “Son baremos muy bajos y todavía hay actuaciones que no se pagan. Al mismo tiempo tenemos el compromiso del ministro que en el primer trimestre del 2026 se lleve la futura Ley de Justicia Gratuita al Congreso para su aprobación. Necesitamos una ley nueva, la que tenemos es del 1996 y los tiempos han cambiado bastante. Es necesario mejor las condiciones de los abogados del Turno de Oficio”.
A este respecto, hizo especial hincapié en la actualización de la cuantía de los baremos y la creación de un nuevo baremo para remunerar los Masc., un elemento que salvo en las CCAA de Madrid y Cataluña no se remuneran en ningún otro punto del país “ Los responsables de Justicia creo que han tomado conciencia de la trascendencia de este servicio y han adquirido una serie de compromisos que nos van a permitir seguir avanzando”, aseguró.
González también se refirió a la aprobación en el pleno del pasado viernes de los presupuestos del Consejo General de la Abogacía para 2026 con un 96% de los votos. “Esto demuestra la unidad de la abogacía y el apoyo a nuestro proyecto de modernización y de mejora de los servicios y las condiciones de la profesión”, afirmó el presidente.
Estos presupuestos marcan dos líneas de actuación claras, explicó, la formación y la digitalización de la profesión, con la mejora del acceso a los servicios tecnológicos por parte de los colegios y los colegiados. Y en este sentido se refirió al Programa Puro de Formación en Competencias Digitales, financiado con 200 millones de fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales.
“Ya son más de 17.000 los abogados inscritos, y la cifra sigue subiendo, con lo que se impulsará la digitalización y la competitividad de la profesión. Una oportunidad histórica para la modernización del sector. No podemos olvidar que la llegada de la iA nos hará más eficientes tanto a nivel interno como en las relaciones habituales con nuestros clientes, pero para ello debemos formarnos adecuadamente en estas competencias digitales y conocer esas herramientas como el marco normativo de uso ”, aseguró.
Sobre la digitalización avanzó que también pasa, explicó, por un nuevo sistema de gestión que sustituirá a SIGA, el programa de gestión desarrollado por el Consejo General y que usan ya 59 de los 83 colegios de la Abogacía. Es previsible que estas herramientas se fabriquen como otras herramientas desde Red Abogacia, empresa tecnológica del CGAE. Junto a ello también se culminará el nuevo ACA plus en la nube, la firma digital de la abogacía cuya implantación terminará en el primer trimestre de 2026.
Otro de los hito que subrayó el presidente del CGAE tuvo que ver con la mención que hizo al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía, el primer instrumento internacional para proteger el ejercicio de nuestra profesión frente a amenazas, ataques e intimidaciones de todo tipo. “Es un hito importantísimo en cuya aprobación hemos tenido mucho que ver. Estamos a la espera de que sea ratificado por España y estamos convencidos, tras hablar con el ministro, de que se hará en una fecha cercana”, señaló.
