María Jesús Martínez Borjas
Al fin ha llegado la hora de hacer JUSTICIA con el TURNO DE OFICIO, con miles de profesionales de la Abogacía y Procura que prestamos un SERVICIO PÚBLICO impuesto por el Estado en garantía del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución.
Servimos al Estado prestando un Servicio Público esencial obligatorio por mandato constitucional y del mismo rango que la Sanidad y la Educación; pero, sin embargo, no consta en nuestra vida laboral ni tiene efectos en nuestros derechos sociales ni laborales, ni en el reconocimiento de nuestras pensiones. Eso sí, pagando impuestos como todos los ciudadanos para el sostenimiento del Estado de Bienestar que tanto se predica.
No cotizan por nuestro trabajo, no nos remuneran dignamente (nos abonan unas irrisorias “indemnizaciones” que, sin embargo, tributan) y teniendo que prestar el servicio, incluso, con nuestros propios medios materiales y en muchas ocasiones poniendo dinero de nuestros bolsillos.
Somos los RIDERS DE LA JUSTICIA. EL ESTADO SE HA OLVIDADO DE NOSOTROS.
El Estado nos obliga y nos exige, pero todo ello sin derechos y ampliando cada vez más el reconocimiento de la Justicia Gratuita a multitud de colectivos sin tener en cuenta su umbral económico e incluso abarcando la defensa de determinadas personas jurídicas.
Nos vemos, pues, abocados a prestar un servicio público en condiciones de cuasi esclavitud.
¿Dónde están nuestros derechos?
Reconocer las cotizaciones del turno de oficio no es pedir un trato de favor. Exigimos lo mismo que cualquier trabajador que presta servicios para el Estado.
Que nuestro tiempo se compute.
Que nuestros años de trabajo prestando el servicio existan y se recojan en nuestra vida laboral.
Que cuando llegue la maternidad, la enfermedad, el accidente o la jubilación tengamos la misma protección que cualquier otro servidor público.
Y no como un premio, sino como justicia social para quienes prestamos dicho servicio esencial.
Nos abocan a MORIR CON LAS TOGAS PUESTAS. Nos condenan a vivir ahora y en la vejez en la indignidad.
El relevo generacional está en riesgo. Muchos jóvenes (abogados y procuradores) aman su profesión y creen en el servicio público, pero también desean tener una vida digna, un futuro, una pensión de jubilación.
Y si el Estado continúa imponiendo la prestación del servicio tendrá que proteger a quienes lo sostenemos, resarciendo una obligación histórica con quienes ejercemos y han ejercido el derecho de defensa.
EL CONGRESO TIENE AHORA LA PALABRA.
Hoy, por primera vez, tras varias décadas de indignidad y después de 3 años de lucha de miles de abogados y procuradores reivindicando un Turno de Oficio Digno y la Pasarela al Reta (pagándose lo que exigieron las Mutualidades, siendo miles de profesionales víctimas de un sistema fallido de previsión social por culpa in vigilando del Estado), también se habla en el Congreso de las cotizaciones del Turno de Oficio, a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios SUMAR, JUNTS PER CATALUNYA y EH BILDU a la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario socialista por la Pasarela al RETA.
Nuestra reivindicación llega al órgano legislativo de la mano de 3 partidos políticos que han entendido que los abogados y procuradores del Turno de Oficio merecemos JUSTICIA SOCIAL, que no se puede prestar un servicio público esencial en condiciones de indignidad con ausencia de cotizaciones.
Esperamos que el resto de partidos políticos del arco parlamentario se posicionen, reconociendo los períodos trabajados para el Servicio Público del Turno de Oficio a todos los abogados y procuradores, activos y pasivos, para que puedan ver reconocidos estos períodos y mejoras en las bases de cotización, con efecto retroactivo e íntimamente ligado al derecho a una pensión digna para todos los que hemos trabajado y pagado impuestos como los demás ciudadanos.
Y, claro está, se facilite la Pasarela al RETA para todos los Mutualistas alternativos, debiendo ver mejoradas sus expectativas como cualquier otro trabajador del RETA o del Régimen General de la Seguridad Social.
Apelamos, pues, a todos los parlamentarios para que en las próximas semanas busquen el consenso para regular sin más demora este reconocimiento de la cotización para miles de servidores públicos del Turno de oficio.
Ello sin perjuicio del Estatuto del Abogado y Procurador del Turno de Oficio que sin más demora debiera comenzar su recorrido parlamentario.
Así como la reforma de la Ley de Justicia (Pública) Gratuita como otro hito a alcanzar contando con todos los grupos reivindicativos que desde hace varios años aglutinamos el sentir de miles de compañeros.
Insistiendo en un agradecimiento especial a los 3 Grupos parlamentarios que a través de sus enmiendas han apostado por llevar la Justicia Social a quienes prestamos el Servicio Público del Turno de Oficio.
No dudamos que sus propuestas precisarán de consenso y esperamos que el resto de grupos parlamentarios estén a la altura y lo hagan posible.
Es una discriminación histórica con los servidores públicos del Turno de Oficio.