El ejercicio de la abogacía: entre el Estado, la Abogacía institucional y la desprotección del Turno de Oficio

Por Mª Jesús Martínez Borjas
Abogada Colegiada ICAVIGO nº 1500

Tras casi tres años ininterrumpidos de movilización nacional la abogacía reivindicativa no puede estar más descontenta con la evolución de los acontecimientos.

Por un lado, el retraso en la gestión de la Pasarela al RETA para todos los mutualistas alternativos; y por otro, la falta de apoyo efectivo para la dignificación y reconocimiento de derechos de los profesionales del Turno de Oficio.

-Respecto de la primera cuestión (Pasarela al RETA) la posición del Gobierno y de los distintos partidos políticos no puede ser más desalentadora.

Disculpen, pero sus argumentos para justificar el retraso suenan inconsistentes cuando los distintos gobiernos han sido responsables de semejante despropósito, amparando una situación indigna que está llevando a estos profesionales a percibir pensiones de jubilación de menos de 500€ de la que todos ustedes han sido “cómplices”.

Y ahora, cuando tendría que corregirse esta indignidad sin dilaciones, se arman de vacías palabras para inculpar al de enfrente, cuando todos son responsables de semejante dislate. Eso sí, lo hacen procurando no molestar a quienes también auspiciaron este desastre: Abogacía institucional y mutualidades.

-Respecto de la segunda cuestión (el Sistema Público de Justicia del Turno de Oficio), como culmen de los despropósitos, aquí seguimos, explotados por la Administración.

Es alarmante la situación de los profesionales del Turno de Oficio que parece no preocupar a nadie.

La propia Abogacía institucional, durante décadas, ha venido permitiendo y legitimando ese abuso por parte de la Administración, en el que los “esclavos” hemos venido siendo los profesionales, mientras que quienes se han aprovechado de los méritos han sido los que dicen representarnos, la mayoría de ellos ajenos a la realidad del Turno de Oficio.

Y ahora, en estos días, nos encontramos con dos temas de actualidad que han venido llenando espacios de información y redes sociales:

-los deportistas profesionales podrán computar como cotizados los períodos de actividad ejercidos antes de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social por vía de Real Decreto (un ejemplo de tantos) dejando sin dar respuesta, sin embargo, a una reivindicación tan noble como es el reconocimiento de cotizaciones retroactivas a los profesionales del Turno de Oficio (lo que se ha contemplado en las enmiendas introducidas a la inalcanzable Ley de la Pasarela al RETA por JuntsxCat, Sumar y EH Bildu), como una medida prioritaria para la dignificación del Turno de Oficio;  y

-el ofrecimiento del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para la regularización de inmigrantes, poniendo a disposición del Estado, según palabras del Presidente del CGAE, D. Salvador González, más de 28.000 abogados especializados en todo el país.

Pues bien, lamento tener que volver a poner el foco en la misma cuestión: se sigue resaltando el derecho de defensa de los vulnerables eludiendo hablar, por parte del Presidente del CGAE, de lo que también nos importa: la dignidad de los profesionales del Turno de Oficio.

¿O acaso de esa regularización se encargarían despachos a tarifas astronómicas que no se corresponden con las abonadas a modo de “indemnización” a los profesionales del Turno de Oficio?

No resulta admisible que la Abogacía institucional actúe como red al servicio del Estado mientras los derechos de quienes la sostienen siguen sistemáticamente relegados.

Según explica Maria Jesús Dia, la abogacía de a pie lleva luchando tres años por mejoras en el Turno de Oficio y por una pasarela al RETA sin demasiado éxito (Movimiento J2)

La Abogacía no es un recurso más del sistema, sino un pilar del Estado de Derecho.

Sin defensa letrada efectiva, el artículo 24 de la Constitución se convierte en una declaración vacía. Y, sin embargo, la práctica institucional sigue tratándola como una red disponible, activable en función de las necesidades del momento y sin garantías equivalentes a su función (porque ustedes ordenan y nosotros nos vemos en la obligación de aceptar a costa de nuestros derechos retributivos y sociales).

Dicho esto, me permito volver al tema de los deportistas profesionales, que desde luego que tienen derecho y no seré yo quien diga lo contrario.

Pero el agravio comparativo desmonta el discurso de nuestros ilustres gobernantes.

La reciente regulación (en trámite) en favor de los deportistas profesionales demuestra, una vez más, que el sistema sí puede corregir desigualdades cuando existe voluntad política.

La pregunta es evidente: ¿por qué no ocurre lo mismo con la Abogacía y la Procura del Turno de Oficio?

No se alcanza a entender que, ejerciendo los profesionales del Turno de Oficio por mandato constitucional y en garantía del derecho de defensa, la respuesta institucional siga siendo mirar para otro lado y ni siquiera nuestros “representantes” consideren este tema como digno de debate.

No solo no nos retribuyen dignamente (ya que nos “indemnizan” con cantidades ridículas por las que incluso tenemos que tributar), sino que, además, ningún beneficio a nivel prestacional se nos reconoce, como sí se hace con otros colectivos, por ejemplo, en el momento de la jubilación.

Ejercemos para el Servicio Público de Justicia por mandato del Estado, sin cotización ni derechos, como ciudadanos y ciudadanas de tercera.

Además, la ampliación progresiva de los supuestos de acceso a la justicia gratuita, en muchos casos al margen del nivel real de ingresos del solicitante, reduce significativamente nuestro ámbito de actuación en el mercado privado, sin que ello venga acompañado de una retribución adecuada. Y, pese a ello, se nos exige conformidad.

Preocúpese, Abogacía institucional, por exigir derechos para el colectivo y dejen de esclavizarnos sin garantizar protección social. Es indigno.

Y no queremos oír que no se puede porque sí se ha podido con innumerables colectivos; pero, desgraciadamente, nunca se puede con quienes sostienen este sistema público de la Justicia: el Turno de Oficio.

Profesionales con décadas de ejercicio carecen de una cobertura digna, el sistema continúa beneficiándose de su trabajo y la respuesta se mantiene en el plano de las expectativas.

Cuando trabajamos bajo mandato de la Administración sosteniendo el Servicio Público de la Justicia en defensa de los más vulnerables, exigimos el reconocimiento de todos los derechos sociales, incluso laborales y, cuanto menos, a nivel prestacional.

Sin embargo, se nos sigue tratando como una mera red disponible, pese a que somos profesionales cualificados, formados y esenciales para el sistema.

La abogacía y procura del Turno de Oficio garantizan derechos fundamentales, sostienen el acceso a la justicia y actúan como elemento estructural del Estado de Derecho.

Constituyen un colectivo que, sin lugar a duda, merece una respuesta normativa específica por su relevancia pública. Porque el problema no es técnico, es de prioridad política.

Y ello se puede constatar cuando observamos cómo se corrigen desigualdades cuando generan impacto mediático o político, pero se toleran otras cuando se sostienen sobre la vocación profesional.

Y si nuestros representantes institucionales siguen considerando eso mismo como argumento, difícilmente podremos sentirnos representados por ellos. Estamos, a mi entender, sosteniendo un sistema de privilegios de unos pocos a costa de la gran labor de miles de despachos unipersonales o pequeños despachos y resulta inadmisible. Lo que sí recomendaría es que todos los miembros de Juntas de Gobierno de los Colegios pertenecieran al Turno de Oficio; la óptica sería otra.

Ni el Turno de Oficio debe ser cuasi-gratis (quien habló de gratuidad no estaba en el Turno de Oficio) y si la “amenaza” de siempre es que la Administración puede llegar a  privatizar el servicio, pues que lo haga (si algún gran despacho puede hacerlo y le compensa, claro. Eso sí, con pleno respeto de los derechos constitucionales, no valdría de cualquier forma ya que la abogacía de base habría dejado el nivel muy alto).

Es por lo que considero que son varias realidades de un mismo problema que nos llevan a considerar como alarmante nuestro nivel de indignidad profesional.

Rechazamos la lenta respuesta de la Administración ante el gran problema de los mutualistas alternativos, así como la precarización de la labor ejercida por los  profesionales del Turno de Oficio, por los que no se cotiza ni se retribuye dignamente (generando agravio comparativo con otros colectivos a los que sí se les reconoce), resultando ser esclavos del sistema.

Exigimos reconocimiento URGENTE de la Pasarela al RETA para todos y todas, y dignidad para quienes sostienen el Servicio Público del Turno de Oficio, con cotizaciones retroactivas y reconocimiento a nivel prestacional, como no puede ser de otra forma.

Por todo ello, considero legítimo afirmar que, en la actualidad, tan solo me representan aquellos escasos Colegios profesionales ­- de un total de 83 - que se están posicionando del lado de sus colegiados y colegiadas, defendiendo lo que es justo y desligándose de instituciones anómalas que tanto daño han hecho y siguen  haciendo a cada miembro del colectivo, especialmente en los momentos más delicados de la jubilación, cuando, tras décadas de ejercicio profesional y, en la mayoría de los casos, sosteniendo el Servicio Público del Turno de Oficio, ni siquiera pueden acceder a una pensión digna.

Ha llegado el momento de abordar una reforma profunda de la Ley 2/1974 de Colegios profesionales, replanteando el sistema de garantías del profesional.