- Plantean una nueva jornada de paro y manifestación ante la puerta del Ministerio de la Seguridad Social el próximo 27 de febrero
El comité de huelga de los médicos inspectores de la Seguridad Social (INSS) ha convocado una jornada de huelga indefinida que se repetirá los días 27 de cada mes tras fracasar la reunión con la Dirección General de la Seguridad Social en un último intento de llegar a un entendimiento por la falta de personal que hace que los expedientes de incapacidad por resolver se hayan multiplicado por dos.
Ante la falta de respuesta. los médicos inspectores han convocado una nueva jornada de huelga el 27 de febrero, que irá acompañada de una manifestación frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las 12:30, con el objetivo de visibilizar sus reivindicaciones ante la ciudadanía y la Administración.
El Sindicato Médico de Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS) advierte que el colapso actual en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) y la Incapacidad Permanente (IP) fue anticipado por el colectivo desde 2023, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. Su trabajo es clave para la gestión del absentismo laboral.
Los Médicos Inspectores manifestaron formalmente su rechazo a una reforma que suponía un cambio estructural profundo en sus funciones, responsabilidades y competencias. En comunicaciones dirigidas al Secretario de Estado de la Seguridad Social y a la Dirección General del INSS, alertaron de que la nueva normativa incrementaría de forma drástica la sobrecarga laboral, aumentaría la inseguridad jurídica y personal, debilitaría un sistema previamente garantista para el ciudadano y empeoraría la gestión de la incapacidad.
Tres años después, los datos oficiales confirman esas advertencias.
En este contexto el papel de estos profesionales para controlar el problema del absentismo laboral, una [LS1] cuestión clave importante en las relaciones laborales no es sencillo. Según nos comentan, el absentismo es un problema multifactorial fundamentalmente por causas socioeconómicas o riesgos psicosociales, según su experiencia. El quid de la cuestión para estos profesionales es poder supervisar en tiempo y forma las incapacidades temporales para poder discriminar las IT justificadas por situación de enfermedad de aquellos casos en que se utilice como prestación refugio.
Desde este colectivo se nos indica que ahora están viendo a los pacientes con más de 600 dias de IT, mientras que en el 2022 se veían por vez primera a los 300 días de IT. Ha empeorado exponencialmente nuestro control por los motivos que hemos señalado y que avalan su convocatoria de huelga. “Llevamos advirtiendo desde principios del 2023 que esto iba a suceder, como está sucediendo en estos momentos”, aclaran.

Siguen los paros en los médicos inspectores de la Seguridad Social ante la falta de diálogo con el Ministerio (Imagen SIMEDISS)
Datos que evidencian el colapso
Para estos profesionales, la situación actual confirma las advertencias realizadas en 2023. Los propios datos oficiales reflejan un deterioro significativo:
- Los expedientes de Incapacidad Permanente han pasado de 180.000 en 2022 a 303.000 en mayo de 2025.
- La pendencia global ha aumentado de 60.000 en 2022 a 145.000 en mayo de 2025.
- El control de la Incapacidad Temporal, que en 2022 se realizaba en torno al día 300, se efectúa actualmente más allá de los 600 días. Este retraso implica aproximadamente 300 días adicionales de coste por trabajador en IT sin control efectivo que justifique dicho gasto público.
Otra cuestión que nos indican es que el problema se agrava por la falta de personal. La última estimación oficial de necesidades data de 2013, cuando se calculó que eran necesarios 665 Médicos Inspectores a nivel nacional.
En la actualidad solo hay 432 efectivos, de los cuales 105 superan los 64 años y 199 tienen más de 60. La pirámide de edad anticipa un número elevado de jubilaciones en los próximos años sin reposición suficiente lo que agravará aún más la situación actual.
La práctica totalidad de las Direcciones Provinciales están infradotadas de forma significativa incluso algunas de ellas, como Teruel, no disponen de ningún Médico Inspector.
Retraso en la valoración de la IT
El cambio más relevante introducido por la reforma fue la desaparición del modelo colegiado de valoración a partir de los 365 días de Incapacidad Temporal y hasta los 545 días.
El trabajo que hasta entonces realizaba el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), órgano multidisciplinar integrado por cinco profesionales -conocido como “Tribunal Médico”- pasó a recaer en un único Médico Inspector. Esta modificación se implantó sin reforzar plantilla, sin adaptar la organización interna y sin dotar de los medios técnicos y administrativos necesarios.
El colectivo solicitó un estudio más amplio y el aplazamiento de la entrada en vigor para evaluar adecuadamente las consecuencias. Todas las peticiones fueron desoídas.
El 22 de mayo de 2023, más del 50 % de los Médicos Inspectores firmaron un escrito reiterando su rechazo unánime a la reforma, al considerar que lesionaba tanto sus derechos laborales como los derechos de los ciudadanos.
Para esta organización sindical, la Administración defendió la modificación normativa apelando a objetivos de simplificación de procedimientos, ahorro en jornadas de trabajo de los funcionarios de las Direcciones Provinciales del INSS, reducción de plazos y ahorro en costes de IT, recogidos en la Resolución de Productividad de 28 de abril de 2023 del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones.
Sin embargo, pese al reconocimiento del aumento de la carga de trabajo, de funciones y nuevas responsabilidades de los Médicos Inspectores en dicha Resolución, no se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en su lugar, se introdujo un incentivo de productividad en un intento de “acallar” al colectivo.

Estos profesionales revelan su situación: El control de la Incapacidad Temporal, que en 2022 se realizaba en torno al día 300, se efectúa actualmente más allá de los 600 dias (SIMEDISS)
Apoyo institucional y movilizaciones
Los Médicos Inspectores solicitaron amparo al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que el 6 de octubre de 2023 emitió una declaración de apoyo explícito al colectivo. En ella se denunciaba la desaparición del EVI como órgano colegiado a los 365 días de IT, el aumento de responsabilidades, el incremento de la peligrosidad en el ejercicio profesional y la falta de medidas de protección adecuadas. Asimismo, recordó que los Médicos Inspectores son garantes de los derechos y prestaciones públicas de los ciudadanos.
Sin diálogo efectivo con la Administración, el colectivo ejerció su derecho a huelga en varias jornadas entre septiembre de 2023 y junio de 2024. Una huelga prevista para julio de 2024 fue desconvocada tras alcanzarse un acuerdo con la Secretaría de Estado.
No obstante, dicho acuerdo fue posteriormente incumplido en su totalidad, lo que llevó a un deterioro definitivo de las relaciones institucionales.
Como consecuencia de esta situación, nació SIMEDISS, sindicato profesional e independiente creado para defender la independencia profesional del Médico Inspector, la calidad del sistema público y los derechos de los ciudadanos.
Desde su constitución, el sindicato ha intentado abrir vías de diálogo sin obtener respuesta.
Ante la persistencia del bloqueo institucional, se iniciaron paros parciales indefinidos en octubre de 2025, huelgas mensuales indefinidas desde enero de 2026 y se ha convocado una manifestación ante el Ministerio de Inclusión el próximo 27 de febrero de 2026.
Riesgos para la calidad y las garantías del ciudadano
Ante una Incapacidad absolutamente descontrolada, se han dictado instrucciones para resolver un porcentaje elevado de casos de forma no presencial, incluyendo reclamaciones previas a la vía judicial, discrepancias frente a altas de Mutuas Colaboradoras y determinadas prestaciones derivadas de contingencias profesionales.
Según SIMEDISS, estas prácticas vulneran la norma que los regula, su código deontológico y el derecho del ciudadano a una evaluación rigurosa, objetiva y con todas las garantías.
El sindicato ha denunciado estas circunstancias ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) por vulnerar tanto a los derechos y deberes profesionales como los derechos de los pacientes.