Canales de información y responsabilidad penal de la persona jurídica: aún con desafíos por resolver

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha supuesto un antes y un después en la evolución del canal de denuncias en el entorno empresarial y público en España. Desde su entrada en vigor el 13 de marzo de 2023, este mecanismo ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal para determinadas personas jurídicas, especialmente aquellas que superen los 50 empleados, operen en sectores sensibles o tengan relación con fondos públicos.

Su principal finalidad es doble: de un lado, permite comunicar de forma confidencial y segura la comisión de actos o conductas contrarias a la normativa española o europea; de otro, garantiza la protección del informante de buena fe, preservándolo frente a posibles represalias, especialmente en el ámbito laboral.

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