La norma entró en funcionamiento el 2 de diciembre del año pasado, cuatro años después de su aprobación ante la presión de los hoteleros que se quejaban de tener que recolectar 42 datos diferentes, mientras que el Gobierno afirma que se trata solo de 13, dos más de los que se pedían habitualmente
La norma entró en funcionamiento el 2 de diciembre del año pasado, cuatro años después de su aprobación ante la presión de los hoteleros que se quejaban de tener que recolectar 42 datos diferentes, mientras que el Gobierno afirma que se trata solo de 13, dos más de los que se pedían habitualmente
La Comisión insta a España a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos de la UE en relación con la recogida de datos de los viajeros
Este registro viene regulado Real Decreto 933/2021 regula desde 2023 las obligaciones de registro documental e información para todas las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos, canalizando los datos a la plataforma SES.HOSPEDAJES del Ministerio del Interior.
Afecta a hoteles, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, campings, hostales, operadores turísticos y plataformas digitales, que deben recabar y remitir un conjunto ampliado de datos del huésped frente al antiguo parte de viajeros.
Es exigible desde finales de 2024, con un régimen sancionador apoyado en la Ley Orgánica 4/2015 que prevé multas desde 100 hasta 30.000 euros por incumplimientos leves o graves. Sin embargo, las dificultades técnicas y operativas han llevado a Interior a reconocer la necesidad de “adaptar” la norma, abriendo un proceso de diálogo con el sector, según informaba la semana pasada la web especializada, Hosteltur.
Tras el requerimiento de Bruselas es previsible que se abra la negociación entre el Gobierno y el sector turístico. De cara a los próximos meses, Mientras que el ejecutivo aspira a preservar el corazón del sistema de registro, ajustando solo aquellos aspectos que han demostrado ser más problemáticos, y presentando la reforma como una mejora técnica y no como un giro político. el sector turístico espera una revisión rápida, con cambios normativos claros que reduzcan cargas, segmenten obligaciones y devuelvan certezas sobre el marco sancionador. E
No obstante, hasta que se concreten los cambios, alojamientos turísticos y plataformas deberán seguir cumpliendo con el actual registro de viajeros, mientras trabajan con sus proveedores tecnológicos para adaptarse a un sistema que, previsiblemente, volverá a modificarse.
Europa pide explicaciones
En este contexto, la Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a España (INFR(2026)4005) por incumplimiento de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal (Directiva (UE) 2016/680).
Esta Directiva regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes en materia penal para que puedan desempeñar sus funciones de forma que se proteja el derecho fundamental a la protección de datos.
España exige a los proveedores de alojamiento, plataformas en línea y empresas de alquiler de vehículos que recojan, conserven y transmitan datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada accesible para las autoridades competentes en materia penal. Esta práctica no cumple los requisitos de la Directiva.
La Comisión considera que las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos incluidos, entre ellos datos de pago y datos GPS
Además, el acceso por parte de las autoridades competentes no se limita a finalidades específicas y explícitas, tal como exige la Directiva. Las autoridades españolas también conservan todos los datos recogidos durante tres años, lo que la Comisión considera desproporcionado.
Por tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado.
Pocas incidencias de momento
A principios de noviembre DEL 2025 , la plataforma contaba con cerca de 300.000 altas, de las que 283.417 procedían de hoteles; 5.822, de agencias; 2.528, de empresas de alquiler de vehículos, y 684, de plataformas digitales-
El despacho de abogados especializado en turismo, Tourism & Law, perteneciente al Grupo Atlantigo, ha confirmado que han comenzado a llegar los primeros procesos sancionadores a empresas que han incumplido, según el Ministerio del Interior, el Real Decreto 933/2021 de Registro de Viajeros, que atañe a los prestadores de servicios de alojamiento, rent a car y agencias de viajes.
Todo ello, mientras sigue sin hacerse pública la orden ministerial que concrete los parámetros a los que deben suscribirse las empresas afectadas por la normativa pese a llevar más de cuatro meses cerrado el plazo de audiencia en formación pública, como ha recordado Mari Paz Abad, directora de Tourism & Law, en un encuentro bajo el título ‘Registro de viajeros: del Gran Hermano al incumplimiento de la LOPD’.
Además, desde el despacho recuerdan que las sanciones por incumplimiento de la normativa van desde los 600 euros en el caso de infracciones leves y ascienden hasta los 30.000 para las sanciones más graves.
Sin embargo, según ha señalado recientemente la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo, esta norma, "lejos de suponer una vulneración del derecho a la intimidad de las personas que nos visita, contribuye a reforzar su seguridad ciudadana, siendo esto un factor que contribuye de manera importante a la competitividad de nuestro sector turístico".
Un norma complicada
José Leandro Núñez, socio de Audens y secretario general de ENATIC, se pregunta que pasara si el procedimiento de infracción sigue adelante, se sanciona a nuestro país. Recuerda que muchas entidades tuvieron que hacer importantes inversiones en esa plataforma y en medidas de seguridad y que ya ha habido algunas sanciones. En su opinión es posible que la validez del llamado PNR, de uso solo en España se cuestiona. Habrá que ve que sucede en el futuro.
Para este experto en protección de datos, una de las voces que hace dos años cuando se aprobó ese RDLey del 2021, que se fue retrasando por la polémica que llevaba, se empezó a aplicar en diciembre del 2024 para regular este registro de viajeros más complicado que nunca . Este jurista recuerda que en el 2018 la AEPD en el informe que emitió recomendó que se hiciera una evaluación de impacto que nunca se hizo. “Al final quien lo puso en práctica fue el ministro del Interior, Grande-Marlaska tras ocho años de su redacción inicial”.
En su opinión el aviso de la Comisión Europea es importante, el PNR sigue operativo pero Bruselas advierte que la categoría de daos personales recogidos y almacenados son excesivas. Al mismo tiempo el acceso por parte de las autoridades policiales no se limita a fines específicos y explícitos, como exige la directiva y que ese periodo de conservación de tres años de los datos es desproporcionado “Son tres posibles infracciones de la directiva de datos policiales, judiciales y de interior que se aprobó al mismo tiempo del RGPD. Esta directiva se traspuso en el 2021, con una ley española
Ahora nuestro país tiene dos meses para contestar a la Comisión sobre estas cuestiones y responder a la carta de emplazamiento, en el caso que la respuesta no fuera adecuada o la propia Comisión pensara que no es suficiente respuesta podría acabar en una condena ante el TJUE “El sistema anterior era menos agresivo, los datos que pedían eran mucho más limitados. Y aquí el problema, es que se pasaban de pedir, creo que eran veinte datos a cuarenta y tres. Desde Bruselas se cree que este tratamiento de datos es excesivo”.
Para este jurista, que este sistema se desarrolle en una base de datos centralizada genera problemas. “Es algo arriesgado y el hecho que hoteles y otras viviendas turísticas los conserven por tres años es también bastante preocupante. Esa información en manos de delincuentes informáticos puede generar muchos problemas porque parece que no se ha aplicado el principio de minimización de datos que pide el RGPD
El papel de la AEPD es clave ahora
Por su parte para Borja Adsuara, abogado y activista de los derechos digitales, señala que a falta de conocer los detalles de la citada carta de emplazamiento, este registro de viajeros era totalmente desproporcionado “El problema ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Nadie vigila a las administraciones y autoridades públicas. Y tampoco se las puede sancionar. Ahora con mayor motivo la AEPD debería hacer una inspección de oficio para ver realmente lo que Interior ha hecho con este registro”. En su opinión no sabemos bien qué pasa con el registro de viajeros.
Este jurista recuerda que dicho registro de viajeros es una herencia del franquismo. Sin embargo se ha mantenido en el tiempo y se piden ahora más datos que nunca, como datos de la tarjeta o de una posible de relación de parentesco de los viajeros que acuden a ese establecimiento. “Luego está la custodia de los datos que no todos los locales tienen las mismas medidas de seguridad. Y la conservación de los datos que se habla por tres años, pero no se borran y están más tiempo”.
Sobre una posible inspección de oficio de la AEPD a esta plataforma tecnológica, Adsuara cree que seria lo suyo “igual que ha prometido la agencia que va a hacer inspecciones de oficio por sectores, pues que haga una en el sector público, ya que de momento no se les puede multar”, mientras tanto nuestro Gobierno debe contestar al requerimiento de dicha carta de emplazamiento. Esa supervisión de la AEPD es necesaria para saber cómo ha evolucionado esta aplicación”.
En su opinión este tipo de tratamientos que invaden la intimidad del individuo aunque le vaya bien a la policía son desproporcionados y podrían acercarnos a un estado policial “la gran reflexión que debe hacerse es porque debe tener tantos datos de todos los viajeros la propia policía y de su utilidad real. Esos datos se utilizan con fines penales, pero si nuestra policía va a investigar a pederastas, no es lógico que vigile a todo el mundo como presuntos pederastas”.