Representantes de distintas organizaciones de interinos se han reunido con Carles Puigdemont esta semana. Le han explicado la difícil situación de este colectivo en fraude de ley y como el gobierno se ha desentendido del asunto
- En vísperas de la manifestación del próximo 9 de diciembre, CCAA como la Generalitat de Cataluña siguen cesando profesionales en fraude de ley en lugar de hacerles fijos
En este Día de la Constitución, el millón de interinos en fraude de ley reivindican el articulo 14 de la Carta Magna, relacionado con el 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La igualdad ante la ley está consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española, que establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
También se refleja en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que "todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Sin embargo, llevan más de veinte años reclamando la implementación de la directiva 1999/70 y la equiparación de sus derechos a los funcionarios interinos, porque hacen el mismo trabajo pero no tienen los mismos derechos. Pese a las ultimas sentencias del TJUE y a la moción de Podemos presentada en el Congreso para hacerles fijo, el Gobierno esquiva el tema, y los asuntos se han judicializado bastante. Todavía hay cerca de 900.000 interinos en fraude de ley.
En este escenario previo a la próxima manifestación del colectivo el próximo 9 de diciembre frente al Congreso, una delegación de estos profesionales en fraude de ley mantuvo este miércoles una reunión con Carles Puigdemont, presidente en el exilio de Junts en su domicilio de Waterloo. La inacción del Gobierno con un ministro de Función Publica como Oscar Lopez, más preocupado de señalar la temporalidad de las CCAA que a resolver el grave problema existente para files de familias, ha provocado que el colectivo haya acelerado esta reunión.
Según nos indican algunos de los asistentes a la misma, Ha sido la primera reunión que han mantenido de forma directa a lo largo de estos años con el propio Puigdemont Un partido que ha roto sus relaciones con el Gobierno y que previsiblemente apoyará las reivindicaciones de este colectivo. De todos es sabido que los siete diputados de Junts son claves para que Sánchez pueda seguir en la Moncloa. En estos días Puigdemont y el propio Josep Pagés, diputado de Junts en el Congreso han hecho manifestaciones en ese sentido apoyando a este colectivo en fraude de ley.
Momento de la reunión de trabajo, donde los representantes de interino como Josep Jover, Fernando Casamayor y Jordi Cerdá le explicaron que hay soluciones que se pueden implementar como lo figura del fijo a extinguir, pero el Gobierno no está por la labor de aplicarlo
Junts debe apoyar a los interinos
A este encuentro han acudido representantes del colectivo de los sectores educativos, sanidad y justicia, los tres servicios públicos que más problemas está generando. Josep Jover, abogado que ha abierto una vía de reclamaciones ante la Comisión, fue uno de los asistentes a este encuentro. En esa reunión Puigdemont confirmó que las relaciones estaban rotas “En principio, mantienen como uno de los puntos reivindicativos que se arregle el tema de este colectivo y se estabilice a estos profesionales. La solución podria venir de la estabilización automática o de implementar la figura de fijo a extinguir”.
La reunión de este miércoles fue la culminación a este proceso, Junto con nosotros Plataforma Afectados en Cataluña, estuvieron el Sitcap, sindicato de justici, la Pindoc junto a este abogado que mantiene un trato director con Puigdemont en los últimos años. El presidente de Junts como consecuencia de esta reunión a varias bandas hizo un manifestación pública comprometiéndose a buscar una solución a nuestro problema, al igual que Josep Pagés diputado de Junts en Madrid”.
En esa reunión, se le explicó la situación actual “aunque ya lo conocían porque el grupo parlamentario de Junts ha hablado con varias asociaciones de afectados. Creo que lo hemos conseguido que entiende la globalidad del problema. Pese a ello se habló bastante de los interinos de justicia. De momento ya hemos logrado que se posicionen públicamente sobre este tema. Tenemos que seguir trabajando para resolver esta cuestión. En Cataluña cesarán ahora 2000 interinos. Al final el problema es el peligro de la exclusión social de toda esta gente”.
Por su parte, Fernando Casamayor, presidente del Sindicato de D,Justicia, uno de los que representa a los interinos en esta actividad, asistente a este encuentro en Brujas, explicaba a este medio que “Puigdemont nos dijo que era consciente del deterioro de los servicios sociales. Nos recordó que Junts apoyo la moción presentada hace unos días en el Congreso por Podemos para impulsar la figura del fijo a extinguir que al final no se aprobó porque PSOE voto en contra y PP, VOX y PNV se abstuvieron: Le dijimos que no podíamos esperar más y que con algunos procesos selectivos o concursos de traslados los ceses de compañeros eran bastantes”.
Nuestro interlocutor le pidió a Puigdemont que en la primera ley que se consensuara con el PSOE, “se incluyera la figura del fijo a extinguir como solucion a este grave problema, de manera rápida con un Real Decreto o con una Disposición Adicional. Le vimos comprometido con el tema. El problema es muy grave y esta debe ser una prioridad para el inicio del 2026. Como hemos venido reivindicando creemos que la figura del fijo extinguir puede ser la solucion global para muchos compañeros afectados. Esta es un figura que ya se ha utilizado en empresas semipúblicas”.
De hecho recuerda que la Ley 1172020 de Presupuestos generales del Estado para el 2021 en su Disposicion Final 31, modifica el articulo 87.3 de la Ley 40/2015 del sector público, estableciendo que en el caso que una entidad pública empresarial o agencia estatal privada, se transforme en una entidad pública, su personal puede ejercer funciones reservadas a funcionarios sin serlo, con la condición de a extinguir. “Que eso se haga y el colectivo de interinos no tenga acceso a ello es una grave discriminación”.
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Interinos en fraude de ley se han manifestado varias veces frente al Congreso para reclamar sus derechos. Ahora lo harán el próximo 9 de diciembre de nuevo
Ceses indiscriminados
Otro asistente a esta reunión en Waterloo fue Jordi Cerdá, interventor que trabaja en la Generalitat de Cataluña hace más de quince años encadenando contratos temporales. Es uno de los representantes de la Plataforma de Afectados por la Función Publica de Cataluña. nos explicaba como Junts se ha ido implicando “cada vez más en nuestro problema. En Cataluña hubo una estabilización pero gente con diez o quince años hemos quedado fuera. Calculamos 10.000 personas que han quedado fuera, solo en el sector de servicios generales de Generalitat. Quedarian maestros y los sanitarios, con un índice de temporalidad del 43%”.
Cerdá nos explica que “en esta semana en Función Publica de la Generalitat se han despedido cerca de 7000 personas porque desde esta entidad se está aplicando el criterio que toda persona que lleve tres años en un puesto de este tipo debe cesar para intentar cumplir con Europa y que no les genere un problema jurídico. En lugar de estabilizar y hacerles fijos que no les costaría un duro han optado por cesarles sin indemnización de ningún tipo. Todo esto está generando muchos dramas personales. Hemos acudido al Parlament, nos hemos quejado de ello, pero prefieren asumir esta situación aunque esta cuestión lo que va a provocar son más procesos judiciales”.
En su opinión “con esta medida están intentando cubrir el expediente que les ha dicho Europa en cuanto a la reducción de las tasas de temporalidad, sin importarles de quien sale a la calle. Ellos argumentan que el propio EBEP señala que tras esos tres años de trabajo temporal tienen que ir a la calle. Como puede verse no hacen ningún caso a las sentencias del TJUE, en lugar de sancionar al empleador por estas malas prácticas, es el profesional en abuso el que sufre injustamente estas represalias. Esta situación es curiosa porque sabemos que en cinco años el 32% de la plantilla se jubila en los próximos cinco años. Las oposiciones que sacan tienen menos plazas que el año pasado”.
