Según la firma jurídica, el denominado derecho penal económico engloba aquellas conductas que lesionan intereses económicos y socioeconómicos y que habitualmente se desarrollan en el ámbito empresarial o profesional. En este sentido, destaca que se trata de infracciones conocidas popularmente como delitos de cuello blanco debido al perfil de muchos de sus autores.
Entre las conductas más perseguidas se encuentran la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, el blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. También figuran los delitos societarios, las insolvencias punibles, el alzamiento de bienes y distintas modalidades de corrupción, como el cohecho, el tráfico de influencias o la corrupción en los negocios.
El despacho subraya que los delitos económicos son “infracciones penales que lesionan intereses económicos y socioeconómicos, cometidas habitualmente en el ámbito de la actividad empresarial o profesional”, una definición que refleja la amplitud de una categoría delictiva cada vez más presente en las investigaciones judiciales y en la actividad de los órganos de control.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por la firma es la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este ámbito, recuerda que no solo pueden responder penalmente los directivos o empleados implicados en una conducta ilícita, sino también la propia empresa cuando concurren determinadas circunstancias previstas en la legislación.
De hecho, el despacho destaca que “la propia empresa puede responder penalmente por determinados delitos económicos (artículo 31 bis del Código Penal)”, una posibilidad que ha transformado la forma en que las organizaciones gestionan los riesgos legales y los sistemas internos de control.
Ante este escenario, la publicación concede una especial importancia a los programas de cumplimiento normativo o compliance. Según explica, estas herramientas se han convertido en un elemento esencial tanto para prevenir conductas ilícitas como para reforzar la posición defensiva de la empresa en caso de investigación penal. El despacho afirma que “un programa de cumplimiento normativo eficaz constituye la principal herramienta de prevención y defensa”.
La guía también pone el foco en la complejidad procesal de este tipo de procedimientos. Las investigaciones suelen prolongarse durante largos periodos de tiempo y requieren un análisis exhaustivo de abundante documentación financiera, mercantil y contable. A ello se suma la frecuente intervención de peritos especializados encargados de evaluar operaciones económicas y movimientos patrimoniales.
Por este motivo, Pardo Geijo Abogados insiste en que “los procedimientos por delitos económicos suelen ser complejos, prolongados y con abundante prueba documental y pericial”, por lo que considera fundamental diseñar la estrategia jurídica desde las primeras fases de la investigación.
Asimismo, la firma advierte de la relevancia que adquieren determinadas medidas cautelares de carácter patrimonial, capaces de afectar de forma inmediata a bienes, cuentas o activos de las personas investigadas y de las empresas involucradas. En consecuencia, recomienda prestar una atención especial a la prueba pericial contable y a la preparación temprana de la defensa.
La publicación concluye que el incremento de las exigencias regulatorias y de los mecanismos de control ha convertido la prevención y el asesoramiento especializado en factores decisivos para minimizar riesgos en el ámbito corporativo. Un contexto en el que la responsabilidad penal empresarial y los delitos de naturaleza económica continúan ganando protagonismo en los tribunales españoles.
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