Grandes siniestros y dilaciones procesales: Qué habría que hacer en todas las instancias para que la justicia no llegue una década tarde

Por Manuel Castellanos Piccirilli

Abogado. MCP ABOGADOS

Presidente de la Sección de RC y Seguro del ICAM y de ANAVA-RC

Tras ocuparme en mis últimos artículos de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz, Gélida y Urda, quiero detenerme en un daño tan real como el propio accidente: el tiempo que tarda la justicia en responder. Lo hago desde más de 35 años defendiendo a perjudicados de grandes siniestros, entre ellos Alcalá 20, el vuelo JK5022 de Spanair y, hoy, Adamuz. Abreviaturas: CE, CEDH, LOPJ, LECrim, LEC, CP, LCS (Ley de Contrato de Seguro), RDL (real decreto-ley) y SOV (Seguro Obligatorio de Viajeros).

I. Cuarenta años y el mismo problema

El incendio de la discoteca Alcalá 20 (17 de diciembre de 1983, 81 fallecidos) no llegó a juicio hasta octubre de 1993, y la sentencia se dictó el 20 de abril de 1994. La causa del vuelo JK5022 de Spanair (20 de agosto de 2008, 154 fallecidos y 18 heridos) se archivó definitivamente por autos de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de septiembre de 2012; solo entonces pudieron las familias acudir a la vía civil, y en 2019 el Tribunal Supremo aún resolvía sobre los intereses del art. 20 LCS. Once años.

El Alvia descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, con 80 fallecidos. La instrucción se cerró y reabrió varias veces hasta 2020, el juicio empezó en octubre de 2022 y la sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Santiago (26 de julio de 2024) recibió 108 recursos de apelación. La Audiencia Provincial de A Coruña notificó la suya el 23 de enero de 2026: confirma la condena del maquinista por 79 homicidios y 143 lesiones por imprudencia grave, absuelve con un voto particular al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif y eleva las indemnizaciones por encima de 22 millones de euros. Es firme, pues frente a ella solo cabía casación por infracción de ley (arts. 847.1.b) y 849.1.º LECrim). Doce años y medio.

Después llegaron Adamuz (18 de enero de 2026, 46 fallecidos y 126 heridos) y Urda (28 de octubre, 69 fallecidos y más de cien heridos). Si nada cambia, sus víctimas estarán dentro de una década como las de Angrois. En cuarenta años han cambiado las leyes, los baremos y la organización judicial; no el tiempo de espera. ¿Qué habría que hacer, en todas las instancias, para romper esta inercia?

II. Complejidad, sí; excusa, no

Estos procedimientos son objetivamente complejos: centenares de perjudicados, decenas de partes, informes oficiales, periciales y contrapericiales, requerimientos a operadores, fabricantes y aseguradoras. Pero la complejidad explica solo una parte del retraso. La única espera verdaderamente justificada es la estabilización lesional: no puede cuantificarse el daño de un gran quemado o de un estrés postraumático sin secuelas consolidadas. Y esa espera tiene dos límites que suelen olvidarse:

• No afecta a los fallecidos. Su indemnización puede cuantificarse desde el primer día con el sistema de valoración del Título IV y Anexo del texto refundido aprobado por el RDLeg 8/2004 (redacción de la Ley 35/2015), que los tribunales aplican orientativamente fuera de la circulación.
• No condiciona la investigación: causa y responsabilidades pueden avanzar en paralelo a la evolución médica.

Todo lo demás (sobrecarga, rotación de titulares, reaperturas, recursos interlocutorios, ausencia de calendario) no es complejidad: es falta de medios y de método.

III. Un juzgado ordinario frente a una catástrofe extraordinaria

La crítica no va a los jueces, que trabajan en condiciones muy difíciles, sino a la Administración, obligada a dotarles de medios. Por las reglas de competencia territorial (art. 14.2 LECrim, en la redacción de la LO 1/2025), la catástrofe recae por casualidad geográfica en la Sección de Instrucción del lugar de los hechos; en Adamuz, la plaza n.º 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, un partido pequeño que conoce a la vez de asuntos civiles.

Nadie le retira un solo asunto: el mismo juez, letrado y plantilla deben seguir con el reparto ordinario, las guardias y, en partidos pequeños, toda la jurisdicción civil. Los refuerzos llegan tarde, son parciales y suelen consistir en funcionarios interinos sin experiencia. Y la causa cambia de manos, como ocurrió en Adamuz en sus primeras semanas, o con cada traslado. La LO 1/2025 permite redistribuir cargas dentro de una sección, pero ningún cambio organizativo sustituye a más jueces, funcionarios y medios asignados desde el primer día.

IV. Cuando quien debe colaborar no colabora: Adif y las pruebas de Adamuz

Adif, entidad pública titular de la infraestructura, debería ser la primera interesada en esclarecer los hechos. Los arts. 118 CE y 17.1 LOPJ imponen a todos el deber de colaborar con jueces y tribunales, y ese deber pesa más sobre la Administración, que no es un litigante más.

Según la Guardia Civil, en la madrugada del 22 al 23 de enero de 2026 personal de Adif retiró cupones de carril con soldaduras de interés, por orden verbal y sin autorización judicial, los trasladó a su base de Hornachuelos y practicó pruebas sobre ellos. La autorización para iniciar los trabajos no llegó hasta el 27 de enero; la Guardia Civil precintó el material el 3 de febrero. Por providencia de 10 de febrero, la Jueza requirió a Adif para que se abstuviera de extraer, trasladar o ensayar material sin autorización y lo restituyera, bajo apercibimiento de responsabilidad penal. Adif alega que actuó para evitar su pérdida y sin alterarlo; pero decidir qué es relevante corresponde a la Jueza, no a una parte investigada. En marzo se supo que había sustituido otros 78 metros de carril, cuyo depósito judicial se acordó.

Además, los dos registradores DEUTA del tren, necesarios para interpretar la caja negra, no se aseguraron: los coches se trocearon y unas 350 toneladas de restos se achatarraron en Dos Hermanas. Por oficio de 26 de octubre de 2026 la Guardia Civil comunicó que es "imposible o no viable" localizarlos. Las responsabilidades deberán depurarse en la causa, pero cada rotura de la cadena de custodia genera nuevas diligencias, desconfianza y más tiempo. Hacen falta colaboración leal e inmediata y protocolos de preservación de pruebas desde el minuto uno, con consecuencias para quien los incumpla.

V. La dilación como segunda victimización

El art. 19 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima, obliga a evitar la victimización secundaria. En los grandes siniestros esta tiene un nombre: el tiempo. Cada citación, pericial o reconocimiento obliga a revivir los hechos, y el duelo no se cierra mientras el proceso sigue abierto.

La paradoja es que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (arts. 24.2 CE y 6.1 CEDH) acaba favoreciendo a los acusados: la atenuante del art. 21.6.ª CP, apreciable como muy cualificada, permite rebajar la pena uno o dos grados (art. 66.1.2.ª CP). Las víctimas no reciben nada por esa misma dilación, salvo que emprendan otra larga vía: la reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (arts. 292 y ss. LOPJ), ante el Ministerio de Justicia, conforme a la Ley 40/2015 y en el plazo de un año. El sistema premia al autor por el retraso y castiga con él a la víctima.

VI. Propuestas organizativas: medios desde el primer día

1. Protocolo de emergencia judicial. CGPJ, Ministerio y comunidad autónoma deberían tener aprobado de antemano un plan que se active en días cuando un siniestro supere cierto número de víctimas, como existen planes sanitarios y de protección civil.
2. Refuerzo inmediato. Un juez dedicado en exclusiva a la causa, o la exención de reparto y guardias del titular, con letrado y funcionarios formados y con permanencia garantizada hasta el final de la instrucción.
3. Estabilidad del instructor, incluso mediante comisión de servicio, para que quien inicia la instrucción la concluya.
4. Plazas especializadas. El art. 96.1 LOPJ, tras la LO 1/2025, permite al CGPJ especializar plazas dentro de una misma Sección, pero en un partido pequeño apenas hay plazas que especializar, y la especialización provincial del apartado 3 excluye las Secciones de Instrucción. Propongo una reforma que cree plazas de instrucción especializadas en catástrofes, de ámbito provincial o autonómico, activadas por umbrales objetivos de víctimas, como en violencia sobre la mujer. No la Audiencia Nacional, que alejaría la justicia de las víctimas.
5. Fiscales especializados, al modo de los Fiscales de Sala de Seguridad Vial y de Siniestralidad Laboral (art. 20 EOMF). La designación de tres fiscales en Adamuz por la Fiscalía de Córdoba debería ser la regla.
6. Medios periciales públicos. Una unidad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dedicada a todas las víctimas, con calendario de reconocimientos. En mi experiencia, muchos informes de sanidad contienen errores en la aplicación del baremo reformado que obligan a impugnarlos y retrasan meses la cuantificación del daño; la formación específica de los forenses es imprescindible.

VII. Propuestas procesales en la instrucción

No cabe esperar a la reforma del proceso penal: el Proyecto de LECrim de 2025, que atribuía la investigación al fiscal, caducó con la disolución de las Cortes (RD 806/2026 y art. 207 del Reglamento del Congreso) y, en todo caso, no se habría aplicado a causas ya iniciadas. Con la ley vigente cabe:

1. Calendario de instrucción. Una comparecencia inicial para fijar objeto, líneas de prueba y calendario, y que las prórrogas del art. 324 LECrim (doce meses, prorrogables por periodos de hasta seis, de oficio o a instancia de parte) sean verdaderas revisiones del avance y no un trámite automático.
2. Coordinación con la investigación técnica. La CIAF, hoy integrada en la Autoridad creada por la Ley 2/2024 (Estatuto aprobado por RD 141/2026), investiga con fines preventivos, pero su trabajo es valiosísimo para la causa. En Adamuz la apertura de las cajas negras quedó semanas en suspenso por la discrepancia sobre qué juzgado debía practicarla. Hacen falta protocolos que eviten duplicidades y aseguren la cadena de custodia.
3. Pericia racionalizada. Designación temprana de peritos judiciales independientes para las cuestiones técnicas nucleares, con participación de las partes en el objeto y careos periciales concentrados.
4. Pieza separada de responsabilidad civil desde el inicio (arts. 589 y ss. y 764 LECrim), en la que la de los fallecidos puede cerrarse mucho antes que la de los lesionados.
5. Evitar el ir y venir de la instrucción, con recursos resueltos de forma preferente y sin cierres prematuros de líneas controvertidas.
6. Expediente electrónico íntegro (RDL 6/2023): acceso telemático, notificaciones masivas y videoconferencia para perjudicados lejanos.

VIII. Enjuiciamiento y recursos

De poco sirve acelerar la instrucción si después el señalamiento, el juicio y los recursos se eternizan: la Audiencia tardó cerca de diez meses en resolver las apelaciones de Angrois. Propongo:

• Tramitación preferente legal de las causas con pluralidad de víctimas en todas las instancias y recursos.
• Audiencia preliminar efectiva: el turno del art. 786.2 LECrim, celebrado con antelación, para resolver cuestiones previas, ordenar la prueba y cerrar el calendario de sesiones.
• Exención de reparto del órgano de enjuiciamiento durante el juicio y la redacción de la sentencia.
• Plazos tasados para las Audiencias Provinciales y la Sala Segunda del Tribunal Supremo (arts. 847 y 849 LECrim).
• Ejecución provisional de las indemnizaciones. El art. 989 LECrim remite a la LEC, pero la ejecución provisional de sentencias penales no firmes es discutida. Debería admitirse legalmente frente a las aseguradoras, en términos análogos a los arts. 524 y ss. LEC.

IX. Indemnizar sin esperar a la culpa

Esta es, para mí, la idea central: la reparación no debe depender del ritmo penal. En el transporte de viajeros la responsabilidad del transportista es en gran medida objetiva y hay seguro obligatorio. El ordenamiento ya ofrece piezas de la solución:

• Anticipos del transportista: al menos 21.000 euros por viajero fallecido en quince días en el ferrocarril (art. 15 del Reglamento (UE) 2021/782) y 16.000 DEG en el aéreo (art. 5 del Reglamento (CE) 2027/97 y art. 28 del Convenio de Montreal).
• El SOV (RD 1575/1989, en el doble en el ferrocarril estatal por el RD 627/2014), que debe liquidarse sin esperar a la causa, pese a cuantías congeladas desde 1989 y 2014.
• Ayudas y anticipos públicos de los RDL 1/2026 y 32/2026. Pero la disposición final primera del RDL 32/2026 obliga a pedir información al juzgado antes de resolver el anticipo y suspende el plazo si no se recibe en un mes: el anticipo vuelve a depender del juzgado desbordado.
• Pensión provisional del art. 765.1 LECrim, aplicable siempre que la responsabilidad civil esté garantizada por un seguro obligatorio; infrautilizada, debería acordarse sin demora y extenderse legalmente a toda catástrofe del transporte colectivo.
• Acción directa del art. 76 LCS, que no debería paralizarse por prejudicialidad penal (arts. 111 y 114 LECrim y 40 LEC) cuando la responsabilidad es objetiva y la cuantificación no depende de la culpa investigada. Hoy, la víctima que se reserva la acción civil ve a menudo cómo el juzgado civil suspende el pleito a instancia de la demandada y vuelve a la casilla de salida.

De lege ferenda propongo una oferta motivada obligatoria para las aseguradoras de grandes siniestros, inspirada en los arts. 7.2 y 7.3 del RDL 8/2004, con intereses disuasorios (arts. 9 de ese texto y 20 LCS) y control judicial; y una ley permanente de ayudas y anticipos con subrogación del Estado, desvinculada del proceso penal. Cuando las víctimas cobran pronto, se apartan de la acción civil, la causa se descongestiona y las acusaciones pueden centrarse en conocer la verdad.

X. Conclusiones

• Desde Alcalá 20 hasta Adamuz y Urda, el patrón se repite: un órgano ordinario desbordado y una sentencia firme más de una década después.
• Solo la estabilización lesional justifica esperar, y no afecta a los fallecidos ni a la investigación.
• La causa principal es la falta de medios, y la Administración debe ser la primera en colaborar (arts. 118 CE y 17.1 LOPJ): lo ocurrido con las pruebas de Adamuz exige protocolos de preservación con consecuencias.
• Hacen falta un protocolo de emergencia judicial, plazas de instrucción y fiscales especializados en grandes siniestros, y pericia forense formada.
• Con la ley vigente ya caben calendario de instrucción, pericia racionalizada y pieza civil temprana; la preferencia y los plazos tasados deben alcanzar todas las instancias.
• La reparación debe desvincularse del proceso penal: anticipos exigidos con rigor, pensión provisional, acción directa sin prejudicialidad y ayudas permanentes.

La justicia que tarda más de una década se convierte en una segunda tragedia. Quienes acompañamos a estas víctimas no deberíamos tener que explicarles, una vez más, que hay que seguir esperando.