PIE DE FOTO, Felix Bolaños apuesta por la regulación de los menores en Internet. A su lado, Federico Linares, presidente de la patronal DIgitalES (Imagen Digitales)
- Jornada en el Congreso organizada por la patronal DigitalES donde se abordó la problemática sobre la infancia y adolescencia en la era digital
En una jornada celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados, la patronal de empresas digitales reclama que los desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben desempeñar un papel central en la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, destacó que el 94% de la ciudadanía respalda la regulación del acceso de menores a entornos digitales y anunció que España impulsará el debate a nivel europeo para que la futura ley sea “referente en Europa y garante de los derechos digitales de los menores”.
La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que engloba a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, organizó este viernes en el Congreso de los Diputados la jornada “Infancia y adolescencia en la era digital: un reto legislativo y social”, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, parlamentarios, y del tercer sector, con el objetivo de analizar los riesgos a los que se enfrentan los menores en internet y avanzar hacia una digitalización más segura, inclusiva y responsable.
DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, reúne a las principales empresas del sector de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital en España. El objetivo de DigitalES es impulsar la transformación digital contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país. En conjunto, estas compañías generan 115.000 empleos directos y tienen un impacto económico equivalente al 6% del PIB nacional.
Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de lo Diputados, dio la bienvenida al Congreso a los asistentes, y llamó a alcanzar el mayor consenso posible de los grupos políticos para conseguir una ley que proteja al niños y adolescentes.
Durante la inauguración, Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, recordó que seis de cada diez adolescentes acceden a contenidos pornográficos, muchos antes de los ocho años, y que los casos de ciberacoso aumentaron un 37% en el último año, lo que, según destacó, “exige una respuesta pública y social al mismo ritmo que evolucionan los riesgos digitales”.
Sánchez Galindo subrayó que la protección de la infancia es una “condición para la innovación, no un freno”. Destacó que DigitalES fue la única patronal tecnológica firmante del Pacto de Estado por la protección de los menores en internet, e insistió en que la futura Ley Orgánica de protección debe ser “una norma urgente y eficaz, con una distribución clara de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor digital”.
En este sentido señaló que “desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben desempeñar un papel central en la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso, en línea con la normativa europea Digital Services Act (DSA)”. Para el director general, la norma “debe exigir además la retirada inmediata de contenidos ilícitos”.
“Para la protección de la infancia no valen excusas ni económicas ni técnicas” subrayó, alertando de que no podemos permitir que se produzca una falsa sensación de seguridad en la sociedad, “que es lo que sucedería si no somos capaces de integrar plenamente a las grandes plataformas, redes sociales y proveedores de servicios intermediarios en internet”, comento en otro momento de su intervención en la Cámara Baja.
Opinan los colectivos sociales
En la primera mesa de la jornada, las organizaciones participantes —Save the Children, UNICEF y Fundación SOL—, representadas respectivamente por Catalina Perazzo, Nacho Guadix y Claudia Perazzo, coincidieron en la urgencia de reforzar la protección de la infancia en el entorno digital desde una responsabilidad compartida entre familias, administraciones y plataformas tecnológicas.
Las organizaciones subrayaron la necesidad de:
- Mecanismos reales de verificación de edad y control parental, acompañados de educación digital y afectivo-sexual para familias y menores.
- Mayor responsabilidad y transparencia de las plataformas, especialmente en la prevención del abuso y la explotación sexual infantil, el tratamiento de datos y la moderación de contenidos.
- Dotar de recursos a las familias y reducir las brechas digitales, para que puedan ejercer un acompañamiento efectivo.
- Legislar con agilidad y con una visión estructural de la inteligencia artificial, reconociendo su impacto en la exposición, la privacidad y los sesgos que afectan a niños y adolescentes.
En conjunto, coincidieron en que la tecnología no es el problema, sino la falta de respuesta y coordinación social, y en que la protección digital de la infancia requiere acción urgente, cooperación y coherencia entre lo legal, lo educativo y lo tecnológico.
Debate de los partidos políticos
En las intervenciones de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox, Sumar y PNV), todos los representantes coincidieron en la necesidad de una acción coordinada y un consenso amplio en torno a la futura Ley Orgánica, aunque con distintos matices.
Juan Luis Pedreño (PP) sugirió que su grupo no apoyará la ley en su redacción actual, al considerarla “poco práctica y sin base suficiente para ser aplicable”. Reclamó una estrategia nacional alineada con Europa y alertó del riesgo de generar una “falsa sensación de seguridad” si la norma no aborda de forma realista los contenidos inapropiados y los algoritmos que los promueven.
Por su parte, Adriana Maldonado (PSOE) defendió la ley como una oportunidad para garantizar los derechos digitales de los menores y situar a España al nivel de otros países europeos. Recordó que el Parlamento Europeo ha aprobado establecer en 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales,” algo que no se está cumpliendo”, y subrayó que los sistemas de verificación de edad serán la herramienta clave para hacer cumplir las obligaciones de las plataformas.
En su turno de palabra, Alberto Rodríguez Almeida (Vox) reivindicó el papel central de los padres en la educación digital de los hijos y criticó que el texto legal “mencione a los progenitores apenas dos veces”. Sostuvo que la protección de los menores debe provenir de las familias y no del control estatal, advirtiendo que el Gobierno “no debe sustituir a los padres en sus responsabilidades”.
A juicio de Nahuel González (Sumar) la regulación debe priorizar el interés general frente al beneficio empresarial. Propuso limitar el poder de las grandes tecnológicas, educar en el uso ético de las herramientas digitales y garantizar la soberanía sobre los algoritmos. “El odio y la desinformación venden, y ahí es donde la política debe actuar”, afirmó.
Por último, Nerea Rentería (PNV) destacó la importancia de una coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando las competencias territoriales y la diversidad lingüística y cultural. Consideró necesario un nivel homogéneo de protección en todo el país y abogó por una ley consensuada, realista y con involucración de las plataformas y redes sociales en el diseño de entornos seguros.
Clausura de Bolaños
En la clausura del encuentro, el presidente de DigitalES, Federico Linares, hizo un llamamiento para alcanzar una ley "ambiciosa y aplicable" que distribuya las responsabilidades, exigiendo más a quienes diseñan los entornos digitales globales, como plataformas o redes sociales, y evitando sobrecargar a quienes sostienen las redes. "Muchos de los riesgos nacen en entornos digitales globales diseñados sin suficiente atención a la protección de los menores", afirmó.
En este cierre del evento también intervino el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Durante su exposición, Bolaños ha explicado que el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales reconoce un catálogo de derechos -seguridad, privacidad e información adaptada a la edad- y refuerza sus garantías: prohíbe a los agresores el acceso y la comunicación en entornos digitales, tipifica los 'deepfakes' de carácter sexual o gravemente vejatorios, agrava las penas en casos de 'child grooming' y sanciona la puesta a disposición indiscriminada de pornografía a menores.
Al mismo tiempo comentó que la norma, que se encuentra en trámite parlamentario, incorpora, además, obligaciones para la industria como la obligatoriedad de control parental gratuito y activable en terminales con acceso a internet y la regulación específica de los mecanismos aleatorios de recompensa (loot boxes).
El ministro ha enmarcado la iniciativa legislativa en una realidad que exige respuestas públicas y corresponsabilidad social. En este sentido, Bolaños ha recordado que la edad media del primer dispositivo se sitúa ahora en los 11 años, que el 95% de los menores disponen de acceso a internet y que el 98,5% de los adolescentes está registrado en alguna red social.
La primera exposición media a la pornografía sucede también a los 11 años, siendo este acceso de forma accidental en casi la mitad de los casos. Datos, todos ellos, que han generado una amplia demanda social de protección, según barómetros y consultas públicas realizadas por el Gobierno.
