El absentismo laboral ha escalado hasta convertirse en uno de los problemas estructurales más graves para la economía española, situándose en un máximo histórico del 7,6% de las horas pactadas. Con alrededor de 1,6 millones de trabajadores ausentes de sus puestos cada día y una factura económica total que supera los 59.000 millones de euros anuales, el modelo vigente de gestión de la incapacidad temporal da síntomas evidentes de agotamiento. Así lo analiza Jordi García Viña, consejero del área laboral del despacho Augusta Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en su blog, donde advierte de la ineficacia de las políticas aplicadas hasta la fecha y reclama una reforma integral e inaplazable.
El foco del desequilibrio reside en las contingencias comunes —enfermedades y accidentes no laborales—, que acaparan más del 80% del total de las ausencias, en claro contraste con la contención lograda en las bajas por accidentes de trabajo. El coste directo de estas prestaciones para la Seguridad Social supera ya los 18.400 millones de euros, a los que se añaden cerca de 12.000 millones asumidos de forma directa por el tejido empresarial en los primeros días de baja y en gastos organizativos. Jordi García Viña subraya que, tras la pandemia, las ausencias se han disparado por múltiples motivos, destacando principalmente dos factores: "el cambio del compromiso de los trabajadores con el trabajo y el envejecimiento de la población".
Frente a este escenario, el experto de Augusta Abogados sostiene que los parches normativos tradicionales han demostrado su absoluta inoperancia. Para el jurista, insistir en las recetas del pasado carece de sentido: "el problema que tenemos cuando tratamos de buscar soluciones a este problema es que las medidas que se han ido aplicando durante los últimos 20 años no han funcionado, como se demuestra por el incremento de los supuestos en este último período". Por ello, el catedrático defiende que "lo que necesitamos es plantear medidas realmente disruptivas que puedan dar soluciones eficaces y concretas, en las que, sin dejar de proteger la salud de los trabajadores, se elimine esta lacra de la competitividad de las empresas".
Una de las transformaciones troncales planteadas por el especialista radica en dotar de un rol activo y resolutivo a las mutuas colaboradoras, históricamente relegadas en este ámbito. Desde Augusta Abogados apuntan a que estas entidades deben dejar de actuar como meras espectadoras burocráticas del sistema público: "las mutuas no pueden ser meras colaboradoras en la gestión de la incapacidad temporal, sino que han de tener un papel protagonista que pase, desde poder gestionar las altas de los trabajadores, hasta asumir toda la gestión, de manera similar como sucede en la contingencia profesional". A su juicio, facultarlas para emitir altas médicas aliviaría de inmediato la saturación de los centros de salud y acortaría los tiempos medios de los procesos.
Asimismo, García Viña matiza la efectividad de exigir planes internos contra el absentismo a las empresas, recordando que la capacidad de actuación de las compañías en contingencias comunes es reducida y que la gestión sanitaria compete a las administraciones públicas. De mantenerse el esquema actual sin dar entrada de lleno a las mutuas, el experto concluye que "las mejoras a introducir se han de ubicar en el sistema sanitario, tanto en los médicos de atención primaria, como en los mecanismos de inspección", con el fin de atajar los retrasos burocráticos y descongestionar un engranaje administrativo desbordado.
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