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El magistrado Manuel Almenar, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aspirante a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha advertido del riesgo de saturación de juzgados que producirá una disposición concreta del proyecto de Ley que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados para reformar la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad.

Almenar se ha referido a este asunto durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha comenzado este martes a escuchar los proyectos de más de veinte candidatos que aspiran a las dos plazas vacantes de la Sala Primera del alto tribunal por jubilación de sus antiguos ocupantes.

Además de exponer su experiencia en distintos campos de lo Civil Almenar, integrante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha recordado a los vocales que le escuchaban que el citado proyecto de Ley incluye una disposición transitoria que obliga revisar,  en dos años todos los  procedimientos sobre incapacidad de personas dictados por los tribunales, realizando además práctica de prueba.

Así, ha recordado que en los dos últimos años estos procedimientos suman más de 40.00 por lo que de aprobarse la norma tal y como se ha proyectado se arrojará en los juzgados civiles españoles, muchos de ellos mixtos (en jurisdicciones pequeñas combinan labores de civil y penal), un ingente trabajo que puede “una situación de colapso en órganos de por si ya están saturados”. Este magistrado propone aumentar el tiempo para las revisiones o bien formular un procedimiento para realizarlas que sea ágil y no lastre el trabajo de dichos órganos.

Ya en noviembre del pasado año, en un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente hacían referencia a esta disposición transitoria del proyecto de ley y advertían que podía conllevar que “decenas de miles de medidas” vuelvan a los juzgados y ello sin previsión presupuestaria y sin el necesario refuerzo

La reforma, que desde julio se encuentra en trámite parlamentario de enmiendas, recoge en las disposiciones transitorias que la totalidad de medidas que hasta ese momento se hayan adoptado judicialmente en relación a la capacidad de las personas, puedan ser revisadas por los tribunales a la luz de la nueva regulación, previa petición de parte (obligatoria en muchos supuestos).




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