Entrada masiva en Ceuta: ¿La culpa es del TS?

La entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta, así como la muerte en el mar de casi 100 de los querían entrar buscando una vida mejor, ha puesto en jaque a nuestras fronteras y a los derechos humanos. La embajada de Marruecos en España atribuye la responsabilidad a la actuación de "organizaciones criminales" dedicadas a la trata de seres humanos, descartando que responden a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular y afirmado que habían alertado a España de las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo español sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente para los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla, lo que según estas fuentes, desactivó el elemento disuasorio. En otras palabras, el gobierno marroquí dice que no fomenta estos asaltos y todo es debido a las mafias y a que el TS ha dado alas a los desesperados. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta versión de las autoridades del país vecino.

A este respecto, conviene recordar que la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Pues bien, la tan citada (y parece que poco leída) STS de 29/06/2026 (recurso 3795/2025), se limita a responder a la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia planteada en el auto de admisión del recurso de casación, respecto de la siguiente cuestión: "Determinar si es aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería respecto de las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla y por ello es posible aplicarles el procedimiento de rechazo en frontera". Y dando respuesta a este interrogante, el TS concluye que no cabe aplicar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla; y, por ello, a estas personas no se les debe aplicar el procedimiento de rechazo en frontera, sino el de devolución. Pero el mismo TS afirma que esta interpretación no impide “que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida Disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos”. Por tanto, el TS no ha desactivado nuestras fronteras, sino que se ha limitado a interpretar nuestra legislación, de conformidad con la jurisprudencia del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de los convenios internacionales. Y de hecho, el Gobierno de España ha tomado buena nota, y está instando esos elementos de contención en el mar.

Descartado pues, el efecto llamada “vía judicial”, sobre las mafias que trafican con seres humanos, su evidente actividad criminal no puede tener capacidad para movilizar y organizar a 70000 personas (casi todas marroquíes), dispuestas a jugarse la vida, incluyendo unos 7.000 menores. Y mucho menos creíble es que para las autoridades de Marruecos esta inmensa marea humana haya pasado inadvertida a los efectos de evitar la agresión a las fronteras de un país vecino. Dudo que sea casualidad que este asalto a las fronteras de Ceuta coincida en el tiempo con la visita del Presidente del Gobierno a Argelia (enemistada con Marruecos), con anuncio incluido de una reunión bilateral de alto nivel y elogios para Argelia (“socio estratégico” y “nación amiga”). Y tampoco es casualidad que en julio de este año, la Comisión de Justicia del Congreso aprobara el dictamen de la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española. Contamos además con el precedente de 2021, cuando 5000 personas entraron en Ceuta ante la pasividad de Marruecos, dando respuesta a la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, por motivos de salud; el Parlamento Europeo condenó expresamente en junio de 2021 estos hechos, como un uso por Marruecos del control fronterizo de la migración.

La doctrina del Gran Marruecos

El régimen marroquí dista mucho de responder a los requisitos propios de un Estado de Derecho, y los nacionales marroquíes son usados sin pudor alguno, para presionar a España cuando tratan de sacar algo de nuestro gobierno. Lo hizo el padre del actual monarca, Hassan II, organizando el abyecto tinglado de la “marcha verde” (manifestación de 350.000 marroquíes desarmados que el 6 de noviembre invade el Sáhara Occidental) para que el último gobierno de Franco dejara tirado al pueblo saharaui y se firmaran los aberrantes e ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales se cedía el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, y que incluían unos anexos económicos secretos para la explotación de los yacimientos de fosfatos, suculento negocio para una monarquía corrupta como la de Hassan II. Y parece que el hijo mantiene la costumbre de usar seres humanos, aprovechando la desesperación ante la falta de futuro digno en su país (provocada sobre todo por unas oligarquías económicas y unas élites políticas a las órdenes del monarca), a costa de su sufrimiento y en ocasiones, incluso la muerte.

Que los derechos humanos son vulnerados en Marruecos ha sido denunciado por los informes anuales de Human Rights Watch (organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos), destacando que la represión de la libertad de expresión y asociación en Marruecos afecta a periodistas, activistas y líderes de protestas de alto perfil, encarcelados en aparente represalia por sus críticas a la monarquía gobernante, y que las autoridades restringieron la actividad de las personas defensoras de los derechos humanos y la independencia en el Sáhara Occidental mediante acoso, vigilancia y, en algunos casos, prolongados encarcelamientos tras juicios injustos.

Sin embargo, este triste panorama para la dignidad de las personas no ha sido obstáculo alguno para que se haya conformado un bloque de intereses y apoyo muto entre Marruecos, Israel y Estados Unidos, reflejado en la normalización de relaciones diplomáticas entre los dos primeros y el reconocimiento por EEUU de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, acompañado por un memorando de cooperación militar. Para colmo, en mayo de 2026, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EEUU incluye en su informe de presupuestos de operaciones exteriores, a Ceuta y Melilla en la sección 7041, señalando que “las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de reivindicación de larga data por parte de Marruecos”, y se respaldan “los esfuerzos del secretario de Estado por fomentar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatuto de Ceuta y Melilla”. Y en su habitual verborrea, Trump pontifica que si los demócratas ganan las elecciones de medio mandato de noviembre, "EEUU en tres años puede convertirse en Ceuta". Por si fuera poco tanto disparate, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, criticando la política migratoria del Gobierno de España, le insta a explicar "por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África", con manifiesto desprecio de la verdad histórica, que evidencia que Ceuta y Melilla son ciudades españolas desde hace siglos, y nunca han pertenecido a Marruecos. Todo esto responde a la doctrina del Gran Marruecos, que sostiene que sus actuales fronteras son la consecuencia del colonialismo europeo, reclamando la ampliación del territorio a costa, sobre todo, del Sáhara Occidental y Ceuta y Melilla. Resulta curioso que los grupos de ultraderecha que han clamado estos días contra la “invasión”, con llamamientos incluso a la población para que expulsen por su cuenta a los que han entrando por el mar a Ceuta, son firmes aliados ideológicos de Trump y Netanyahu, a lo que se une la insolidaria respuesta del Gobierno de Italia, presidido por Meloni, suspendiendo temporalmente el pasado viernes el acuerdo Schengen con España y activando controles en las fronteras, olvidando que Italia ha sufrido crisis migratorias de mayor calado, sin que España adoptara una respuesta similar.

A nivel interno, la habitual bronca política no puede obviar que las normas hay que cumplirlas, y por tanto, los pactos del PP con VOX no pueden impedir el reparto equitativo de los menores no acompañados entre CCAA, ni tampoco la muestra de insolidaridad puesta de manifiesto por la portavoz de Junts.

Sáhara: traición inaceptable

Detrás de todo esto, y de los continuos chantajes de Marruecos, está el Sahara. A su legítimo pueblo se le ha traicionado demasiadas veces. En noviembre del año 1975, Juan Carlos de Borbón, futuro rey de España, asegura ante las tropas destacadas en el Sáhara Occidental (provincia española en ese momento) que “España mantendrá sus compromisos" (un referéndum donde la población saharaui pudiera elegir entre un Sáhara independiente o ser parte de Marruecos). Después vino la antes mencionada “marcha verde” y los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales se cedía el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania,

El Acuerdo de Madrid vulnera el artículo 53 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados (nulidad de cualquier tratado contrario al derecho internacional). Implicaba que una potencia extranjera ocupara de forma armada el Sáhara, un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, España no cumplió sus obligaciones como potencia administradora (artículos 73 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas), que nos obligaban (y continúan obligando), a garantizar el gobierno propio del Sáhara Occidental,, teniendo en cuenta las aspiraciones del pueblo saharaui. La Resolución 2625 (XXV) de Naciones Unidas, mantiene que Marruecos es una potencia ocupante, por lo que en los territorios ocupados debe aplicarse el IV Convenio de Ginebra, de 1949, y el Protocolo I adicional, de 1977, sobre protección de víctimas de conflictos armados internacionales. La resolución 3458 (XXX), de 10 de diciembre de 1975, de Naciones Unidas, de forma específica reconoce a España la condición de potencia administradora. Y por si fuera poco, el Consejo de Seguridad (resoluciones de 20 de septiembre de 1988 y 29 de abril de 1991), exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, y aprobó el plan de paz para este referéndum del Sáhara Occidental. Por tanto, Marruecos ocupa el Sahara mediante una aberración jurídica (cuestionada por el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos, Hans Corell en un informe de 2002), considerando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 que el territorio del Sahara Occidental no forma parte del territorio marroquí.

En 1976, Felipe González visitó los campamentos saharauis y afirmó de forma hipócrita: “Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo, sino comprometerme con la Historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”. En poco tiempo González pasó a convertirse en el mejor aliado del monarca marroquí, con negocios por medio. Y hace poco, Pedro Sánchez, en carta a Mohamed VI (debidamente filtrada por Rabat) mantiene que el plan de Marruecos de someter al Sahara a su soberanía, constituye "la base más seria y realista". Hay que aclarar que la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque admitía que las partes tomaran como base de negociación la propuesta de Marruecos, sigue manteniendo que la solución final debe garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui.

Conclusión: Marruecos no es un socio fiable

Por desgracia, lo expuesto en las líneas anteriores, pone de manifiesto que el monarca de Marruecos (que es quien ejerce realmente el poder) no es un socio fiable ni para España ni para la UE. Y al menos nuestro Gobierno debe reflexionar si mantener la actual política de apoyo al plan de Marruecos de someter al Sahara a su soberanía, así como negar la evidencia sobre el discutible papel de las autoridades marroquíes en la entrada masiva en Ceuta, es la mejor forma de afrontar este habitual chantaje al que nos somete Mohamed VI.