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  • El Departamento de Políticas Migratorias y Justicia inicia con una reunión con los representantes de la Abogacía y la Procura una serie de encuentros con diferentes operadores jurídicos

El consejero Eduardo Santos se dirige a los representantes de los colegio de abogados y de procuradores.

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, trabaja en una reforma del Sistema de Justicia Gratuita que permita una mayor eficiencia del mismo, fomente la cohesión territorial y mejore el acceso universal real al servicio público de justicia, con independencia del lugar de residencia.

Dicha reforma, que se articulará en un nuevo reglamento regulador de la Justicia Gratuita en Navarra, va a ser abordada con diferentes operadores jurídicos; y la primera reunión de esta serie de encuentros ha tenido lugar este martes, en Pamplona, con los colegios de abogados y el Colegio de Procuradores (Procura) de la Comunidad Foral.

Así, el consejero Eduardo Santos y el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, han convocado en este primer encuentro a representantes de los colegios de abogados de Pamplona / Iruña, Estella-Lizarra, Tafalla y Tudela, así como del Colegio de Procuradores de Navarra.

En la reunión mantenida este martes, que se ha celebrado en la Sala Multiusos del Palacio de Navarra, han estado presentes la decana del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos; la decana de la abogacía de Tafalla, Alicia Escudero; el decano del Colegio de Estella, Bernardo Lacarra; y el decano del Colegio de Procuradores, Jaime Ubillos.

Tal como han expresado en la reunión, los representantes del Gobierno de Navarra, los colegios de abogados y el Colegio de Procuradores son “interlocutores preferentes” para cualquier proyecto en el que se aborde una mejora del servicio público de justicia”.

Durante el transcurso de la reunión, el Gobierno de Navarra ha expuesto las líneas maestras del proyecto de reorganización del Sistema de Justicia Gratuita en la Comunidad Foral. Se trata, según ha expresado el consejero Santos, “de articular fórmulas que permitan la racionalización de los recursos disponibles, para que se empleen con la máxima eficiencia, pero garantizando siempre el acceso universal a la justicia de la ciudadanía”.




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