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La utilización de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones digitales se ha convertido en una cuestión habitual dentro del proceso penal. Buena parte de las investigaciones actuales contienen algún elemento de prueba procedente de un teléfono móvil, una aplicación de mensajería o una red social.

Sin embargo, aportar una captura de pantalla no significa que su contenido vaya a ser aceptado automáticamente por el tribunal. Como sucede con cualquier prueba, será necesario valorar su origen, autenticidad, integridad y relación con los hechos investigados.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en numerosas ocasiones. La STS 116/2025, de 13 de febrero, recuerda que no puede establecerse una regla automática según la cual toda conversación digital que sea impugnada deba quedar necesariamente acreditada mediante una pericial informática.

Una impugnación genérica no basta por sí sola para privar de valor a una conversación cuando existen otros elementos que permiten confirmar razonablemente su autenticidad. Pero la situación cambia cuando aparecen indicios concretos de manipulación, alteración, ausencia de contexto o dudas sobre la identidad de los interlocutores.

Por ello, la prueba digital exige analizar mucho más que el contenido literal de los mensajes.

Debe comprobarse quién obtuvo la conversación, de qué dispositivo procede, si se conserva el terminal original, si existen mensajes anteriores o posteriores que permitan interpretar correctamente el intercambio y si la comunicación puede relacionarse con otras pruebas existentes en el procedimiento.

Para unos abogados penalistas Barcelona, esta cuestión puede resultar decisiva tanto desde la defensa como desde la acusación particular. La estrategia puede consistir en acreditar la autenticidad de los mensajes o, por el contrario, demostrar que no existen garantías suficientes sobre su integridad.

La misma cautela debe aplicarse a audios, fotografías, vídeos, publicaciones en redes sociales y correos electrónicos.

La digitalización ha ampliado enormemente las fuentes de prueba disponibles en un proceso penal, pero también ha incrementado la necesidad de analizar su fiabilidad.

Por eso, cuando una investigación depende en buena medida de comunicaciones electrónicas, resulta recomendable que unos abogados penal Barcelona estudien la prueba digital desde las primeras actuaciones y no únicamente cuando el asunto llegue a juicio.

La tecnología ha cambiado la forma de cometer y de investigar determinados delitos, pero los principios esenciales del proceso penal siguen siendo los mismos: toda prueba debe ser obtenida legalmente, incorporada correctamente al procedimiento y valorada de forma racional.