Apuntes de las XXXVII Jornadas de Fe Pública Judicial de 2026
Diego Fierro Rodríguez
Cuando en abril se abrió la inscripción para las Jornadas, la avalancha de solicitudes en pocas horas ya anticipaba lo que después se confirmó: el interés del colectivo no era rutinario. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, los nuevos tribunales de instancia y un aluvión de reformas han convertido esta cita anual en algo más que un intercambio académico: es un diagnóstico institucional urgente. Valencia, con su mezcla de tradición e innovación, ofreció el marco perfecto. La delegación local trabajó a fondo, y el programa no defraudó.
La jornada inaugural, en el Centro Cultural La Beneficencia, dejó clara una doble sensación: orgullo de pertenencia a un cuerpo en el centro de una transformación histórica, pero inquietud ante una modernización que llega sin los medios ni la planificación necesarios. En la Asamblea General se presentó el Informe de Actividad 2025-26, que retrata un año intenso.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha defendido su rol directivo en las oficinas judiciales, ha criticado la implantación «atropellada» de los tribunales de instancia —sin protocolos homogéneos ni gestión del cambio— y ha alertado de las 848 plazas sin titular y el aumento de jubilaciones. En el ámbito europeo, el Colegio ha sido consultado por la Comisión sobre el Estado de Derecho y lidera grupos de inteligencia artificial. La transparencia interna (auditoría voluntaria de cuentas) refuerza su legitimidad para exigir lo mismo a las instituciones.
El jueves se abrió con una mesa sobre el Estatuto Orgánico y la presentación de la obra colectiva Estudios sobre el Estatuto Orgánico del Letrado de la Administración de Justicia, coeditada con Sepín. El libro —entregado a todos los asistentes— aspira a ser el nuevo texto de referencia. En sus páginas se abordan desde los principios, funciones y competencias del Cuerpo hasta los tribunales de instancia como oportunidad para unificar criterios, pasando por la figura del secretario coordinador, la gobernanza del dato, la ordenación profesional, incompatibilidades, jornadas y horarios, concurso de traslados, régimen disciplinario y jubilación. Es una herramienta práctica para un colectivo que afronta cambios normativos de gran calado.
A continuación, el catedrático Eduardo Vázquez de Castro disertó sobre mediación y conciliación. No fue una mera lección: invitó a repensar el acceso a la Justicia desde la puerta misma del tribunal. La mediación, bien articulada, descongestiona el sistema y devuelve el protagonismo a las partes. Para los letrados de la Administración de Justicia, esta función de «puerta de entrada» exige formación específica.
Lectura de las Conclusiones de estas jornadas realizadas por Jose Palazuelos, Secretario y Tesorero del CNLAJ, actualmente Letrado de la Administración de Justicia en la Sala Militar del Tribunal Supremo Foto CNLAJ
Ponentes de primer nivel
La mesa sobre nuevas tecnologías reunió a Fujitsu, Indra, procuradores, graduados sociales y abogados. El diálogo fue genuino: los operadores alertaron de usabilidad deficiente, estándares incompatibles entre sistemas autonómicos y criterios dispares tras la Ley Orgánica 1/2025. La tecnología no es un fin, sino un instrumento que debe servir a la eficiencia sin menoscabar la seguridad jurídica. La jornada concluyó con una comida en El Palmar y una visita a la Albufera —un evocador recordatorio de que la Justicia, como la naturaleza, requiere equilibrio y respeto por los ciclos propios.
El viernes, el catedrático Antonio Fernández de Buján abordó la reforma de la acción popular. Con erudición romana, expuso la tensión entre evitar su instrumentalización y no vaciarla de contenido. Las conclusiones finales de las Jornadas reafirmaron que la acción popular no puede desaparecer ni ser restringida hasta la inanidad: es un termómetro de la salud democrática del sistema judicial.
Ignacio Sancho Gargallo, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ofreció una ponencia magistral sobre sesgos cognitivos en el enjuiciamiento. Analizó con precisión el sesgo de confirmación, anclaje o disponibilidad, y mostró cómo operan inconscientemente. La solución no es eliminarlos —imposible— sino instituir mecanismos de control: deliberación colegiada, formación específica, exposición a perspectivas alternativas. Para los letrados, que preparan borradores y seleccionan jurisprudencia, esta conciencia es decisiva.
Fernando De Rosa Torner, diputado y magistrado, pronunció la ponencia marco «La Justicia desde todos los puntos de vista». Su diagnóstico no eludió contradicciones: una justicia que se anuncia tecnológica pero sigue dependiendo del papel; una reforma estructural sin horizonte temporal ni medios. Comparó la situación con un buque que cambia de rumbo en aguas turbulentas pero sin mapa nuevo. La voz del letrado es indispensable para anticipar los efectos perversos de reformas mal diseñadas.
La clausura, en el Hotel Balneario Las Arenas, incluyó la lectura de las conclusiones. El documento expresa preocupación por la implantación de los tribunales de instancia: ausencia de planificación, disparidad de criterios, insuficiencia de medios. Denuncia la proliferación de puestos de libre designación y la persistencia del soporte papel. La plantilla tiene más de 800 plazas cubiertas por sustitutos y un goteo de jubilaciones que dibuja una precariedad estructural.
La ausencia de letrados en la última convocatoria de jueces y fiscales es una señal preocupante. Se reivindica el teletrabajo como derecho y se exige revisar las relaciones de puestos de trabajo. En el ámbito penal, cualquier atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal debe ir precedida de una reforma profunda de su Estatuto Orgánico para garantizar su independencia. Y la acción popular es reafirmada como pilar insustituible de una justicia democrática.
Las Jornadas de Valencia que no fueron un mero congreso. Fueron el espacio donde un colectivo que lleva décadas reclamando su lugar en el diseño de la Justicia reafirmó su unidad, su competencia técnica y su compromiso con el servicio público. El trabajo apenas comienza.
Pero si algo quedó claro es que los letrados de la Administración de Justicia no serán espectadores pasivos. Las conclusiones íntegras —que aquí solo se han esbozado— pero que pueden verse en este enlace contienen el diagnóstico más lúcido y exigente sobre el presente y el futuro de la fe pública judicial. Leerlas es entender por qué esta transformación no puede hacerse sin quienes, día a día, sostienen los tribunales