- Cerca de un millón de profesionales en fraude de ley esperan una solución a su problema que ni los jueces españoles ni nuestros políticos quieren afrontar
En estos últimos doce años el despacho Araúz & Belda se ha convertido en uno de los referentes en las reclamaciones del personal interino en nuestro país. Dirigido por Javier Araúz, abogado del Estado en excedencia, su firma ha llevado distintas cuestiones prejudiciales que dieron algunas sentencias como la de marzo del 2020. En este año ha seguido atendiendo al colectivo en los innumerables pleitos que se vienen desarrollando en nuestro país.
Ahora este jurista ha estado muy metido en las negociaciones entre el colectivo de interinos con los partidos políticos para buscar una solución. Recordemos que en noviembre la iniciativa de Podemos fue derrotada en el Parlamento por los grandes partidos PP y PSOE. De su despacho ha salido un propuesta para dicha negociación que quiere impulsar la figura del fijo a extinguir como fórmula para estabilizar al casi millón de interinos en fraude y aquellos cesados desde la aplicación de la ley 2020/21 del Ministro Bolaños.
Araúz ha estado presente, al igual que este medio informativo, en las tres manifestaciones que organizaciones sindicales y asociaciones de interinos hicieron en la capital de España, la última fue el pasado 10 de diciembre, fecha del último Pleno en el Congreso de los Diputados “En este 2026 es previsible que el reino de España tenga que afrontar un fuerte sanción por no haber traspuesto la directiva 1999/70, asi se lo ha hecho saber la Comisión Europea. Al mismo tiempo el TJUE observa como las autoridades judiciales españolas siguen incumpliendo sus sentencias y su doctrina. Esto es muy grave porque el Supremo no deja de ser un tribunal europeo cuando aplica esta doctrina”.
Desde esta perspectiva, pese a las conclusiones de octubre del Abogado General, algo ambiguas, este letrado cree que la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial interpuesta por la Sala Social del Supremo será contundente por lo que ha podido saber “Por lo que vemos la judicatura española no entiende el derecho comunitario y no lo aplica. Así lo hemos visto con las clausulas suelos, asuntos hipotecarios como el IRPH, el Supremo no está a la altura. Con los interinos está pasando lo mismo, las Salas Contenciosa y Social no entienden lo que es el derecho comunitario y no lo aplican”.
Para este experto “la excusa que plantean para evitar la fijeza automática porque lo impide la Constitución y su articulo 103.3 no se tiene en pie. Si todos los estados miembros de la UE se amparasen en sus respectivas Cartas Magnas para no cumplir el derecho de la UE, nunca se aplicaría la normativa comunitaria. Hay que recordar que están los principios de prevalencia y efectividad del derecho de la UE, del efecto útil o cooperación leal, todos esos principios para evitar lo que esta haciendo nuestro Tribunal Supremo. Nos aprovechamos de Europa en lo que nos beneficia, pero nivel de obligaciones procuramos no cumplirlas y esto no puede ser. No podemos tener órganos judiciales que no aplican el derecho de la UE”.
En su opinión, en este contexto cree que “hay que empezar a hablar de responsabilidades personales de algunos magistrados. No puede ser que un médico o un abogado, por ponerle un ejemplo, se equivoque y se le imponga una pena grave y que a las autoridades judiciales y administrativas españolas que incumplen el derecho comunitario no les pase nada. No se pueden anteponer intereses personales ante una normativa que debe aplicarse por igual en todos los países de la UE. En el caso de los interinos se afecta a un derecho fundamental europeo que es el libre tránsito de trabajadores en todos los países de la UE con los mismos derecho y obligaciones”.
Pese a este contexto, el despacho de nuestro entrevistado ha ido ganando asuntos y alguna sentencia relevante “Estamos logrando en primera instancia improcedencias de despidos, indemnizaciones e incluso algunos órganos judiciales están reconociendo la fijeza. Son casos excepcionales. Si subes a la escala jerárquica si llegas a cualquier TSJ o al Supremo esos pronunciamientos son revocados de forma injustificada. El derecho comunitario no hay que interpretarlo, hay que aplicarlo a todos los Estados miembros sin que quedan interpretaciones diferentes, nos guste o no”.
Javier Araúz en una concentración de interinos con miembros del sindicato STEPA de Aragón (foto COORDINADORA ESTATAL DE EMPLEO PUBLICO TEMPORAL)
Los políticos se ponen de perfil
Junto a esta cuestión de la judicialización de oposiciones y de los miles de ceses que las administraciones realizan a coste cero con interinos que llevan más de cinco años en fraude de ley, está el problema político que nuestro Gobierno, con siete ministros de Función Publica, ahora en la cartera de Transformación Digital, con Oscar Lopez, al frente, no se ha atrevido a resolver “Se ha logrado en el Congreso la apuesta por la estabilización automática de estos profesionales a través de una reforma legislativa pero que PP Y PSOE los partidos que han gobernado España en estos últimos treinta años no aceptan como solución. Ellos han propiciado toda clase de abusos y que la directiva 1999/70 esté sin trasponer aún tras más de veinte años desde que entró en vigor”, indica Araúz
Sobre la mencionada propuesta, redactada por el propio Araúz “tendría la figura de una Ley de Punto Final con la figura del fijo a extinguir para resolver este asunto. Así se haría la estabilización de los miles de interinos en fraude de ley, la mayor parte mujeres de más de 50 años y de aquellos otros que fueron cesados desde la ley 2020/21 de 28 de diciembre sin ninguna indemnización. Además se implementarían ciertos mecanismos para evitar volver a reincidir en este tipo de comportamientos. Esto es compatible tanto con el derecho de la UE que nos obliga a luchar contra el fraude y con nuestra normativa constitucional. Necesitamos voluntad política para implementarla”.
A su juicio, “lo que más llama la atención de esta situación es la perversión del sistema a lo largo de estos once años que llevamos pidiendo que se aplique esa directiva. Estos trabajadores temporales en abuso están en los principales servicios públicos como son justicia, educación y sanidad. En algunas ocasiones en puestos de trabajo que el funcionario de carrera no quiere estar ahí, con horarios y trabajos que no se merecen por la dedicación que realizan a su trabajo a lo largo de estos años. Además desde el punto de vista del interés general estos profesionales han demostrado ya su mérito y capacidad. No es justo que muchos de ellos hayan sido cesados sin indemnizaciones pese a llevar 15 o 20 años en el mismo complejo trabajo”.
Cientos de interinos manifestándose el pasado 10 de diciembre frente al Congreso para reclamar poner fin a su precariedad (foto COORDINADORA ESTATAL DE EMPLEO PUBLICO TEMPORAL)
La justicia no es eficaz
Pese a la situación actual, en medio de un bucle en el que por un lado se espera la sanción contundente de la UE a nuestro país y la inacción de nuestro Gobierno “el colectivo sigue luchando como se ha visto en estas tres concentraciones que tuvieron lugar frente al Congreso. La lucha sigue porque es un acto de justicia que esos profesionales sean reconocidos como fijos. El TJUE se ha pronunciado sobre el tema varias veces pero se sigue sin ver el trasfondo de estas últimas sentencias europeas. Los interinos siguen en procesos judiciales interminables que luego cuando no les dan la razón les ponen las costas judiciales. Nuestra justicia es lenta y agotadora pero a la vez penaliza al que tiene razón en lugar de ir contra los jueces que no quieren aplicar el derecho de la UE”.
Javier Araúz se muestra escéptico sobre las reformas que llegan ahora a nuestra justicia para hacerla más eficiente “a nuestros políticos nunca les ha interesado tener una justicia ágil y eficaz. Entrarán los tribunales de Instancia en su tercera fase a partir de enero, pero aún tendremos cerca de un millón de profesionales en fraude de ley. Los innumerables pleitos que hay en la jurisdicción social y contenciosa están generando otro colapso. No olvidemos que el 40% de los interinos son temporales en nuestro país. En el caso de los juzgados, aun funcionan gracias al personal que lo atiende que en muchos de los casos son interinos, las y jueces a veces, incluidos”.
Nuestro entrevistado insiste en sus tesis de inicio de esta conversación “Europa ya ha visto que España no es un país fiable en la trasposición del derecho de la UE. Eso tiene que conllevar una multa importante, ya nos retuvieron 650 millones en Fondos Europeos y nuevas sentencias del TJUE más contundentes. La Comisión Europea no puede consentir que un socio de la UE no aplique el derecho comunitario. Las culpas deben repartirse entre las autoridades administrativas que muchas de ellas no han estimado las reclamaciones de los interinos ni aplicado el derecho e la UE y las autoridades políticas porque ni siquiera han legislado para resolver este problema”.
Al final este jurista cree que “la situación pese a su gravedad es absurda. Se pone en vilo en funcionamiento de las administraciones publicas con cerca de un millón de profesionales en fraude de ley que no merecen ser cesados por todo el trabajo que han venido realizando en los últimos años. No tiene justificación ni desde el punto de vista ético, moral o de la justicia. Las grandes empresas cuando despiden a sus trabajadores los indemnizan mientras que las administraciones hacen ese cese sin ningún tipo de indemnización. Algunos de ellos están a punto de jubilarse tras una carrera en precario. El sector público como se ve no es un modelo a seguir para nadie”.
