- Sigue existiendo una bolsa de fraude de interinos en fraude de ley en las administraciones públicas del orden de 800.000 afectados
Asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal convocan mañana martes 7 de octubre, entre las 11:00 y las 15:00 h. una concentración estatal ante el Congreso, reclamando una solución definitiva para el abuso de temporalidad y la recuperación del personal cesado.
La Plataforma de Afectados por la Función Pública, las asociaciones ANSITI, PILTEX y AICAFP, y los sindicatos FETAP-CGT, Co.bas, STEPA, STEM, y SAP-CGT, reclamarán al Gobierno un paso decisivo hacia la resolución de la temporalidad en las Administraciones españolas.
Hay que recordar que España recibió el pasado mes de julio este lunes el quinto pago de los fondos europeos NextGenerationEU por valor de 24.137 millones de euros brutos. Sin embargo, la cuantía final ha sido inferior a lo pactado debido a que Bruselas ha recortado 1.100 millones del pago previsto. De ellos unos 626 millones por una reforma insuficiente en la estabilización del personal interino, en línea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que cuestionó la normativa aprobada por España.
Como viene denunciando esta publicación, la trasposición de la Directiva 1999/70 no se ha hecho en su momento y los procesos de estabilización de estos profesionales no culminaron el 31 de diciembre de 2024. A día de hoy la temporalidad está en un 30% y el Gobierno de Pedro Sánchez por el momento no ofrece soluciones viables.
La concentración se extenderá entre las 11:00 y las 15:00, coincidiendo con una sesión plenaria en el Congreso, y se mantendrán reuniones con diferentes Grupos Parlamentarios.
Se prevé una asistencia elevada, algo muy significativo al ser en su mayoría personal sin liberaciones sindicales, que usan un día vacacional para venir. Casi 70 asociaciones, sindicatos, colectivos como el de Bomberos forestales, y movimientos ciudadanos como el sanitario, educativo o pensionista, han trasladado ya su apoyo a esta reivindicación, que viene sólidamente fundamentada en la normativa europea, con la Directiva 1999/70/CE y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Europa presiona a España
Sobre ese aspecto, Javier Aráuz de Robles, abogado defensor del colectivo, concreta que “Europa está presionando mucho a nuestro país porque seguimos en temporalidad superior a los 800.000 profesionales en fraude de ley. Lo que ahora plantea el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López es otro nuevo parche que busca resolver de alguna manera los abusos del futuro que se produzcan en las administraciones públicas, pero no dice nada de los interinos ya cesados o que siguen en fraude de ley. El Ministerio solo aborda el futuro, pero no busca compensar a los que están sufriendo este fraude”.
Antes del verano, los colectivos de interinos volvieron a salir a la calle en Madrid el pasado 11 de junio en otra manifestación masiva, en esta ocasión frente al Congreso de los Diputados. Mañana volverán de nuevo a reclamar lo que les corresponde un puesto de trabajo fijo ante tanta irregularidad.
Según nos indica este colectivo, el gran problema es la inacción del Gobierno para resolver este problema, la negligencia de las administraciones públicas que no han gestionado bien esos procesos selectivos de la Ley 20/2021 y la judicialización de los asuntos con más de 30.000 casos en los juzgados con resultado dispar. Las esperanzas vuelven a estar puestas en el TJUE y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El 9 de octubre, el Abogado General de la Unión Europea emitirá un Informe acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español. Este informe será decisivo para la postura que adopte TJUE sobre el problema de la temporalidad en nuestras Administraciones, y posiblemente lleve a nuevas sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa europea.
La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias. La reivindicación central de esta movilización reclama la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para recuperar a las miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público.
El problema de la temporalidad en las AAPP viene de muchas décadas atrás, y de Gobiernos de distinto cuño político, amplificado por Administraciones autonómicas y locales negligentes, que se han aprovechado de tener trabajador@s de segunda, eternamente temporales, ejerciendo tareas estructurales que hubieran debido de cubrirse de forma fija.
Profesionales consultados por este medio señalan que la pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto al ordenamiento español la Directiva mencionada, han agravado este problema.
Demasiado fraude de ley
Maite Agredano, delegada del Sector Público de Co.bas en Madrid, explicaba que “en la actualidad, el conflicto se ha judicializado de forma masiva. Los juzgados contencioso-administrativos y sociales están desbordados por miles de demandas que denuncian ceses en situación de fraude de ley. La jurisprudencia nacional permanece dividida, mientras que los tribunales superiores, particularmente politizados en algunos territorios, muestran reticencias a aplicar la doctrina del TJUE que favorece la conversión de la relación temporal en fija como medida sancionadora al abuso”.
También señala que “a pesar de que la situación fue expuesta a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, durante su visita oficial a España en el mes de mayo, junto con una propuesta de solución previamente presentada por los colectivos afectados al legislador español, la Comisión ha anunciado la suspensión de 626 millones de euros de los fondos NextGenerationEU asignados a España.
“La causa alegada es el incumplimiento de los objetivos comprometidos en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta medida, sin precedentes en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pone de manifiesto la gravedad del problema y la falta de eficacia del Estado en la aplicación de las reformas previstas, especialmente en lo relativo a la implementación del concurso de méritos como mecanismo excepcional de estabilización”.
Con esta decisión, Agredano subraya que “la temporalidad en la función pública deja así de ser un asunto estrictamente laboral para convertirse en una cuestión de responsabilidad institucional, con implicaciones jurídicas, políticas y financieras de alcance europeo”.
Una de las soluciones que plantean estos colectivos , en la tramitación de la Ley de la Función Pública que se está tramitando en el Congreso, incluir alguna enmienda que ayude a la estabilización del personal en fraude de ley. Al parecer, los socios del Gobierno podrían aceptarlo.
El problema, según nos indican sindicatos de interinos, sigue siendo el PSOE, que se muestra reacio a ello. Además, en principio tampoco están por la labor de incrementar las indemnizaciones a los interinos cesados por encima de los 20 días por año.
