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Nueve meses más. Ese es el plazo que ha pedido el Gobierno de nuestro país a la Comisión Europea, hasta el 27 de marzo del 2027 para resolver el problema de los interinos en fraude de ley en nuestro país y ejecutar reformas legales para resolver esta cuestión.
Nuestros gobernantes tenían hasta el 29 de junio para dar a conocer las medidas para frenar la temporalidad y evitar una posible sanción de la UE, con dos procedimientos de infracción abiertos desde hace años. Ahora se quiere ganar tiempo pero como explicaba otro jurista como Marcos Peña en un brillante articulo, eso no supone resolver una situación tan grave como la actual.
Ese mismo dia, distintas organizaciones de empleados públicos temporales registran en el Congreso de los Diputados el documento “Líneas Rojas Innegociables”, dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, en el que recogen las condiciones mínimas que, a su juicio, debería cumplir cualquier reforma legislativa destinada a resolver el abuso de temporalidad en el sector público español. Como otras iniciativas, no hubo respuesta clara.
Esta petición, ya oficial, nos indican algunos expertos en la materia, busca esquivar una inminente demanda de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y asegurar el desembolso bloqueado de 626 millones de euros de los fondos de recuperación. Desde el Ministerio de Función Publica se argumenta, sin sonrojo, que aun no se han estudiado a fondo las ultimas sentencias del TJUE, que la temporalidad de cerca del 40% implica mayor coordinación con las CCAA y que faltan datos unificados sobre la magnitud del problema.
Según hemos podido saber, el 8 de julio habrá una reunión a tres bandas con CCAA y la de Municipios y Provincias (FEMP) dentro de la marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público . En ese encuentro se da por descontado que servirá para activar el grupo de trabajo creado en mayo y definir un nuevo marco de sanciones administrativas para las instituciones que incumplan los límites de interinidad.
Expertos como Javier Arauz de Robles, Beatriz Gonzalez y Francisco Javier Ramón, señalan en este reportaje, que la sentencia Obadal del TJUE, aclara lo que el Gobierno tiene que hacer (TJUE)
Una prórroga injustificada
Despachos especializados en la defensa de este colectivo profesional advierten de que Bruselas podría denegar la prórroga basándose en normativas europeas recientes e iniciar el procedimiento de sanción de forma inmediata. Además no ven motivo para concederla a nuestro Gobierno poco activo en este tema
Javier Araúz de Robles, denunció hace unos días a la Sala Social del Supremo y la Contenciosa por no trasponer en sus sentencias los argumentos de Obadal. Ahora vuelve a poner en conocimiento de la Comisión esta maniobra dilatoria de nuestro Gobierno. Una mas desde que Oscar Lopez fue elegido Ministro de Trasformación Digital y Función Pública, Seis en ocho años y al final Miquel Iceta, autor de la ley 20/2021 es el único que ha hecho algo. Este abogado reconoce la inacción en los últimos ocho años del Gobierno de Sánchez, como antes el PP con Rajoy.
“Llevamos 25 años desde que el Gobierno tenía que haber traspuesto la directiva, en el año 2001, si no me equivoco, de retraso, llevamos 12 años con los procedimientos de infracción abiertos por parte del Gobierno, es decir, que me digan que en 25 años o en 12 años, si se computa desde la apertura del procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, Sorprende que el Gobierno diga que no ha tenido para hacer nada, Es una tomadura de pelo. Creo que lo único que quieren es tiempo para despedir a todos los empleados públicos que son víctimas de un abuso. Lo van a hacer en la Administración de Justicia en los próximos meses. Y lo harán en otros colectivos. Es otro engaño a la Comisión Europea”.
En su opinión, la Comisión Europea no le ha pedido que reduzca la temporalidad. Lo que le ha pedido es que adopte medidas para evitar y sancionar y compensar a la víctima de estos abusos. “Europa no debe dar esa prórroga a nuestro Gobierno que no ha hecha en estos últimos años incumpliendo la trasposición de la Directiva 1999/70. La solución es clara la estabilización automática del colectivo a través de una reforma legislativa, así lo deja ver el TJUE en sus sentencias porque no hay medidas claras para frenar el abuso de la temporalidad y combatirlo en nuestro ordenamiento. Nuestro Ejecutivo esta vulnerando el principio de libre circulación de trabajadores”.
Araúz de Robles, abogado que lleva años defendiendo al colectivo y logrando hitos importantes a nivel de sentencias, cree que el problema de la inmigración y esta regularización exprés generara otra bolsa de fraude como el de la temporalidad en el empleo público. No es el único que lo piensa que estas personas que ahora tienen su autorización provisional de un año, se encontrarán con un caos legislativo del que tendrán que salir pleiteando en los tribunales. “No se ha consultado a la Comisión Europea de este asunto y generara muchos problemas. PP y PSOE no han cumplido con el derecho de la UE y eso lo pagan miles de profesionales de toda España”.
Desde aquella reforma pactada por el Ministro Iceta con CCOO; UGT y CSIF en el 2021, que dio lugar a la ley 20/2021 de 28 de diciembre poco ha hecho el Gobierno para arreglar este gran problema existente (Ministerio F Publica)
Es una excusa para no cumplir con Europa
Por su parte, Beatriz González, experta en derecho administrativo, acaba de regresar de Bruselas y de mantener reuniones con El director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea es Mario Nava máximo responsable de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) de la UE para hablar de la problemática de los jueces y fiscales interinos. “A su juicio, no parece lógico este nuevo plazo porque nuestro Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Además en estos dos años, junto a los procesos de estabilización de la ley 10/2021, muchos fueron cesados”.
Esta jurista reconoce que siempre nuestro Ejecutivo ha puesto excusas. Hace memoria y recuerda que primero fue la “ley 20/2021 de estabilización, luego las sentencias del TJUE que se han dictado estos años y que no ha generado ninguna reacción en los sucesivos ministros de Función Publica que hemos tenido en estos últimos ocho años. No podemos seguir en esta situación y posponer una sanción a nuestra administración bastante indolente, por cierto. Por cierto llama la atención que ahora nos digan que no tienen claro cuántos trabajadores hay en fraude de ley. En la Comunidad de Madrid mas del 505 del personal laboral es temporal”.
Pese a ello, los datos que el ministro dice ahora que no tiene señalan que puede haber cerca de un millón de interinos en fraude de ley, después de la estabilización impulsad por la ley 20/2021 de desarrollo irregular en nuestro país. “En esta situación no es de recibo que pidan una prórroga mientras se cesas a tantos interinos. Lo que debería este Gobierno es aplicar el derecho y las sentencias de la UE. No se entiende que profesionales funcionarios con dos procesos selectivos no tenga derecho a nada en comparación con los profesionales laborales de nuestra admiración. Son situaciones preocupantes que no esperan a nadie y que deberían resolverse”.
Desde su punto de vista “el problema es muy grave y no se deben admitir más demoras para resolver el futuro de estos profesionales y sus familias. No hay razones objetivas para esta demora que plantea el Gobierno. Una sentencia como Obadal del TJUE cuestiona toda la jurisprudencia del Supremo y deja claro que hay figuras como la de indefinido no fijo que no tienen encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Sabemos que los propios jueces han reclamado una reforma legislativa que pudiera solucionar este problema, pero la solución no llega y los profesionales pierden su empleo”.
Es una patada hacia adelante sin sentido-
Para Francisco Javier Ramón, socio de público de Toda& Nel-lo, la petición del ministro de Transformación Digital y Función Publica, Oscar López, no se tiene en pie y es inaceptable, de todas las formas “Es una patada hacia adelante y no puede argumentar nada porque la sentencia Obadal y las anteriores sentencias del TJUE dejan claro que nuestro ordenamiento jurídico no tiene medidas para luchar contra el fraude de la temporalidad. Esperamos que en la reunión del 8 de julio en Santander las CCAA y Ayuntamientos sean más proacticos con este asunto”:
A juicio de este jurista, no se justifica para nada ese plano nuevo que el ministro Oscar López ya ha pedido a Bruselas “ La situación es clara y las sentencias son claras y marcan el camino. En nuestro país no existe ningún tipo de medida sancionadora para evitar el abuso en España, que las sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto las que se dictó en febrero del año 24 como la de junio de ese mismo año, decían bien claro que si no existía ninguna medida para sancionar adecuadamente el abuso en el ordenamiento jurídico interno, la solicitud de conversión de la relación temporal en una relación fija era una medida adecuada”.
Para Ramón, la vía judicial tras la sentencia de la Sala Social del Supremo de 11 de mayo respuesta a Obadal, la vía podría ser la de las indemnizaciones a estos profesionales en fraude de ley. Habrá que ver si CCAA y ayuntamientos tienen capacidad suficiente para resolver este problema. El Gobierno pide más tiempo pero cada semana se cesan a muchos interinos en cualquier punto del país, la mayor parte sin indemnizaciones, Como he dicho en varias ocasiones esta situación es seguir ampliando un sufrimiento absolutamente innecesario a la cantidad de trabajadores que están en esta situación que han demostrado su mérito y capacidad durante años y que ahora se les despide. Algo inadmisible que nadie está evitando y se podría evitar”.
Al igual que Araúz de Robles y González este jurista es consciente que otro grave problema se avecina como es el de la regularización de los inmigrantes que en un año cuando caduquen las los permisos temporales que ahora se dan por un año puede generar otra bolsa de reclamaciones judiciales en todo el Estado español “ El Gobierno no puede aprovecharse de esta situación y perpetuar esta injusticia. Si esta gente dejara de trabajar mañana, algunos de nuestros servicios públicos dejarían de funcionar, Como he comentado en alguna intervención, Europa y su burocracia es la gran culpable de este problema. Confiemos no de mas plazos a nuestro Gobierno”.
Estos expertos en función pública y derecho administrativo coinciden en sus planteamientos en que la solución es clara y legislativa, con una Ley de Punto Final que resolvería el problema con la figura del fijo a extinguir. El Gobierno debe impulsarla de una vez con todas, sin más dilaciones, pese a la situación política que vive el pais con iniciativas legislativas paradas no es la mejor.
“En esta situación la lucha debe continuar y resolver la situación del millón de interinos en fraude de ley y de sus familias. Esperemos que la Comisión Europea sea contundente con la inacción del Gobierno español sobre estos asuntos. La reunión del próximo día 8 debe marcar un frente común y romper la oposición del Gobierno a resolver este asunto por una reforma legislativa”, confiesan estos juristas que siguen desde año en esta batalla legal.