- Estos expertos participan en un foro de ANSITI que analiza el impacto de esta sentencia del TJUE en su III Asamblea Nacional y reclama una salida ante esta problemática. La asociación es uno de los convocantes de la concentración del próximo 29 de abril en Madrid
El cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros interinos, más de 3000 en toda España, agrupados en ANSITI, reclaman una solución a su problemática de precariedad durante muchos años. La asociación en el seno de su III Asamblea Nacional celebrada en la capital de España organizó su III Foro sobre Interinidad y Abuso de Temporalidad, centrado en las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Obadal,
En ese foro, moderado por Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, expertos como el exmagistrado de lo contencioso Francisco Javier Ramón o el abogado experto en derecho constitucional, Gerardo Pérez analizaron la sentencia Obadal y sus repercusiones. Para ambos juristas la disyuntiva se define en dos alternativas que no son excluyentes como son la fijeza automática con la compensación por indemnizaciones por el abuso de esos años de temporalidad.
Durante la jornada, juristas y afectados han coincidido en señalar que el fallo europeo marca un antes y un después en el tratamiento jurídico del abuso de la temporalidad en España, al cuestionar la validez de las soluciones adoptadas hasta ahora. El reto es mantener los servicios públicos existentes con profesionales con experiencia y formados. “No se trata de hablar de plazas sino de personas que han demostrado durante años su capacidad, mérito y compromiso con el servicio público. Sin embargo muchos de ellos siguen en un situación de precariedad laboral injustificada.
En la introducción que Campillo hizo al debate indicó que este es un problema estructural de la administración publica española . “El abuso de la temporalidad en la administración local con habilitación estatal es estructural. De los 7694 puestos obligatorios en nuestro país, apenas 5.200 están cubiertos por funcionarios de carrera, eso indica que entre el 33 y el 40% de los puestos están ocupados por personal interino. En provincias como Guadalajara, Cuenca o Soria las cifras alcanzan el 70%. Son 3.000 profesionales que sostienen el funcionamiento de los ayuntamientos en España, algunos de ellos con 20 o 30 años de servicio”, comentó
En su opinión, “no estamos ante una anomalía puntual, sino un sistema que ha normalizado el abuso. La ley 20/2021 se aprobó para frenar la temporalidad del empleo publico hasta el 8% que se pactó con la UE, pero en la practica se sacaron 684 plazas con más de 3000 solicitudes en la categoría de interventor. Al mismo tiempo, procesos selectivos que tendrían que haberse completado como fecha fija el 31 de diciembre del 2024 se han completado este mes de abril. ANSITI ha detectado centenares plazas en abuso que no se incluyeron en estos procesos de estabilización. Es evidente que la sentencia de este caso Obadal, marca un antes y un después en la lucha contra el abuso de la temporalidad en nuestro país”.
Campillo recordó la contundencia del TJUE al señalar que las medidas aplicadas en España para frenar el abuso de la temporalidad, como el indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas o los procesos abiertos a terceros no son sanciones efectivas ni disuasorias frente al abuso de la temporalidad, porque no reparan el perjuicio sufrido por el trabajado, ni sancionan a la administración incumplidora. Cuando no hay medidas para frenar este abuso, la conversión de la relación temporal en fija se constituye como la medida adecuada para su compatibilidad con la Directiva 1999/70. Esta sentencia cierra un debate ante una situación que es insostenible”, recordó
Desde ANSITI se indica le necesidad de que nuestra administración cumpla el Derecho de la UE y sus sentencias. “Se trata de resolver un problema de justicia social y salir de esta situación de incumplimiento del derecho europeo. Las consecuencias de este problema, en nuestro colectivo repercute en la seguridad jurídica de los ayuntamientos, la continuidad de estos servicios públicos esenciales y la estabilidad institucional de miles de municipios, sobre todo en la España rural. Sin secretarios ni interventores los ayuntamientos no funcionan. Estamos ante un problema estructural y sistemático. Nuestra asociación reclama la fijeza respaldada por la doctrina de la UE y que se incluyan todos los dato de las plazas en temporalidad existentes. Al mismo tiempo pedimos que se revisen los procesos de estabilización en curso de acuerdo con la normativa europea.
Los ponentes del debate sobre la sentencia Obadal, Sierra y Pérez con Campillo, presidente de ANSITI Fotos ANSITI
El Análisis jurídico de una cuestión compleja
El foro ha contado con la intervención de Javier Ramón, socio de Público, Administrativo y Regulatorio de Toda & Nel-lo, quien ha subrayado que “la sentencia del TJUE obliga a replantear todo el modelo español de respuesta al abuso de temporalidad; las medidas actuales no cumplen con el principio de efectividad del Derecho europeo”. Desde su punto de vista debe concluirse este especie de pulso que se están echando el legislador con los jueces españoles “Creo que el legislador debería resolver ya el problema sin esperar al fallo próximo de la Sala Social del Supremo”.
Respecto a la figura del indefinido no fijo, comentó que “si ese empleado temporal con una sentencia que le cataloga como indefinido no fijo y sigue trabajando para esa administración, se sigue perpetuando ese abuso. Eso ya lo dijo el TJUE en su sentencia de febrero del 2024 pero ahora en Obadal ha sido más contundente. Aquí la infracción tendría un carácter continuado y se podría volver a reclamar vía judicial. Ahora la disyuntiva es que harán los tribunales si dar esa fijeza o como señala el TJUE la compensación con indemnizaciones disuasorias y no tasadas. El cese por cobertura de esa plaza de un titular generaba en el indefinido no fijo cesado una indemnización que otros trabajadores temporales en fraude de ley no han disfrutado de ellas”.
Sierra, considera que la Comisión Europea ha sido parte de este problema, con un procedimiento de infracción abierto desde hace doce años. “Es importante esta cuestión porque nuestras administraciones han gestionado estos asuntos con total impunidad. El TJUE en la sentencia Obadal deja claro que no hay medidas que generen responsabilidad a las administraciones por su mala gestión de este tipo de asuntos ni sanciones para aquellos funcionarios que realmente perpetúen el abuso. Nos estamos moviendo en un estado de impunidad realmente alarmante. Llevamos 25 años sin trasponer la directiva 1999/70 pese a las distintas sentencias de la UE que han intentado acotar este tema”.
Constitucionalidad y fijeza
Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional Gerardo Pérez ha destacado que “el abuso prolongado de la temporalidad no es solo una cuestión laboral, sino una vulneración de principios constitucionales básicos como la seguridad jurídica y la igualdad en el acceso al empleo público”. A su juicio es incomprensible que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre este problema cuando las administraciones ponen como excusa la Constitución para hacer fijos a estos profesionales en abuso de la temporalidad. Así recordó que la catedrática de Derecho del Trabajo y expresidenta del Constitucional Maria Emilia Casas hizo un informe sobre este asunto que avalaba su constitucionalidad.
En su intervención resalto que se está trabajando entre distintos colectivos y los partidos políticos en buscar una solución a este problema. “se han presentado propuestas tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios para que se legisle en ese sentido. Se trata que alguien tome ahora la valentía política y seriedad política para resolver este problema. Existen esos textos y se está intentando cerrar un acuerdo en ese sentido. Sobre esas propuestas, no hay una única propuesta, una de ellas es la del fijo a extinguir aunque la ley tendría la capacidad de hacer fijo a estos profesionales en abuso. El uso de esta figura seria mas desde un punto de vista político”.
Sobre el indefinido no fijo que ahora denostar el TJUE, Pérez indicó que “realmente es un temporal más, al ser esa situación de temporalidad perpetua en el tiempo podría volver a reclamar la solución a su problema de precariedad en los tribunales”. En su opinión, la pasividad de la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto desde hace doce años es un gran problema porque ha permitido la impunidad de las distintas administraciones públicas que han sacado menos plazas de las que había en abuso y organizado los procesos selectivos sin ningún rigor. “No puede ser que tengamos un proceso de infracción abierto doce años. Nos han retenido fondos europeos, peo no han ayudado a resolver este problema.
Ambos expertos coincidieron en que el fallo abre la puerta a soluciones más contundentes, entre ellas la conversión de las relaciones temporales en permanentes cuando no existan medidas sancionadoras efectivas.
Testimonios: décadas de servicio en situación precaria
La asamblea ha dado voz a profesionales afectados por esta situación, que han trasladado el impacto real de décadas de temporalidad.
Susana, secretaria interventora, ha relatado su experiencia tras más de tres décadas en situación de interinidad: “Llevo desde 1994 trabajando como interina. Han sido 32 años cubriendo una necesidad estructural de la Administración. Este mismo mes he pasado a ser funcionaria de carrera, después de tres años de proceso de estabilización. Ha llegado, pero demasiado tarde para muchas cosas”.
Otro de los testimonios ha sido el de Lorenzo Campillo, afectado y presidente de ANSITI, que ha expuesto las consecuencias de los procesos recientes: “Llevo 11 años como secretario interventor interino en una agrupación de municipios de Guadalajara. Tras el proceso de estabilización me he quedado sin trabajo y actualmente estoy en el paro, a la espera de que se resuelvan vacantes en Castilla-La Mancha. Mi caso está ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de haber pasado por todas las instancias judiciales en España”.
Campillo ha insistido en la necesidad de una respuesta estructural: “Esta asamblea ha servido para fijar una hoja de ruta clara. No estamos ante un problema individual, sino ante un incumplimiento sistemático del Derecho europeo que exige soluciones reales y urgentes”.
Como continuación de las acciones del colectivo, ANSITI ha anunciado una concentración el próximo 29 de abril frente al Congreso de los Diputados (11:00 h), en la que, junto con otras organizaciones y sindicatos de interinos en fraude de ley se reclamará una solución legislativa acorde con la jurisprudencia europea. El pasado año ya hubo hasta tres movilizaciones distintas en la capital de España, la última el pasado 10 de diciembre frente al Congreso de los Diputados La convocatoria será objeto de una comunicación específica a medios en los próximos días.
