- Las compensaciones aprobadas para miigar los impagos que sufren desde años los propietarios son escasas y no están al alcance de todos
En su primera intervención este pasado martes, tras ese Consejo de Ministros de víspera de Nochebuena, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, confirmó la noticia que muchos pequeños propietarios no querrían oir de nuevo : la prórroga del decreto anticovid, el ya tristemente famoso Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo que volverá a respaldar por un año la prohibición de cualquier desahucio por alquiler. “El Gobierno sigue sin crear vivienda social y convirtiendo a los propietarios en vulnerables”, explicaba Ana Garrido, portavoz de Som Habitatge, asociación de propietarios de Cataluña.
Al parecer, el Gobierno habría pactado con Bildu una nueva prórroga de la moratoria de los desahucios por impago del alquiler si no hay alternativa habitacional y el corte de los suministros básicos. La medida, que fue aprobada al principio de la pandemia como parte del escudo social para evitar que familias vulnerables y personas que habían perdido el empleo por las restricciones sanitarias se quedaran sin casa, se extenderá a un séptimo año como pedían las organizaciones sociales y rechazaban las plataformas de afectados por la okupación.
Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad,). Esta medida que acaba de publicarse en el BOE dejará bloqueados entre 30.000 y 60.000 procedimientos de desahucios de inquilinos que han dejado de abonar el arrendamiento a sus caseros. En muchos de esos casos los servicios sociales no comprueban la vulnerabilidad de esas familias realmente.
El decreto tendrá que pasar en todo caso por el Congreso de los Diputados y ahí el Gobierno en espacio de treinta dís y sus socios no las tienen todas consigo porque también dependen del 'ok' de Junts, que sigue sin querer recuperar las relaciones con el PSOE y amenaza con tumbar cualquier iniciativa que lleve el principal partido del Ejecutivo al hemiciclo.
Unas compensaciones escasas al inquilino
Hace dos semanas , el Ejecutivo de Sanchez aprobó una medida de ayudas a los propietarios claramente insuficientes El Gobierno anunciaba un "seguro frente a impagos" para propietarios. Una aval con el que pretenden ayudar a aquellos que tengan inquilinos morosos o que les hayan provocado daños en la vivienda. La medida se aplicará a casos muy concretos: los inquilinos tendrán que ser vulnerables o menores de 35 años. Y, además tendrá que tratarse de un alquiler asequible. Después de poner la denuncia por impagos, habrá un plazo de seis meses para pedir esta cobertura.
El aval aprobado asumirá las mensualidades de alquiler que el inquilino no haya abonado, pero también cubrirá posibles daños materiales causados en la vivienda y los costes de suministros pendientes: luz, agua o gas. La idea es que el propietario no tenga que asumir esos gastos mientras dure la situación de impago.
Hay requisitos muy restrictivos . Para que el propietario pueda solicitar esta cobertura, el inquilino debe tener menos de 35 años, o más de 65, o contar con una discapacidad reconocida igual o superior al 40%, o ser familia monoparental con al menos un hijo a cargo. Además, el alquiler debe considerarse asequible y la vivienda debe encontrarse exclusivamente en un municipio declarado zona tensionada. De no cumplirse estas condiciones, la ayuda no se activará.
Con camisa azul, Ricardo Bravo, maestro de profesión ha denunciado el abandono de miles de propietarios que hn visto ocupadas sus viviendas y la inutilidad del RD 11/2020 (Senado)
Una mala noticia
Ricardo Bravo, portavoz nacional de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que intervino hace unos días en una jornada sobre ocupación organizada por el Grupo Popular en el Senado, mostró su rechazo a esta medida que les obliga a mantener sus pisos okupados “Desde que nos constituimos como plataforma en el 2020 este Real Decreto que se prorroga ha incrementado de forma exponencial la inkiocupación. datos hablan de un crecimiento de las okupaciones del 7,4%, pero muchas se mantienen durante años. La lentitud de la justicia provoca que algunos de nosotros utilicemos esas empresas de desokupacion que crecen en este mercado”.
Bravo recordó que esta plataforma no tiene ideología y que el problema crece de forma notable” No es solo sufrir la okupacion y las mafias, sino el ideario de ataques que sufrimos de distintos discursos. El 98% tiene una única vivienda, no somos rentitas ni bancos La legislación nos desampara y no protege nuestras propiedades. En muchas ocasiones muchas familias se han visto arruinadas por tener que mantener a su inquilino okupa y pagar los suministros de esa vivienda. Urge buscar una solución al problema y la ocupación no debe ser un arma que se utilice en los debates políticos”.
Este portavoz, subrayó en el Senado, que hay dos proposiciones de ley bloqueadas en el Congreso a las que a través de Junts y el PP pudieron plantear algunas enmiendas. . Nuestro problema no puede estar atascado en un cajón. Estamos en un problema político y social grave. La okupacion arruina a muchas familias por las deudas que contraen. Faltan recursos económicos y los servicios sociales no valoran realmente si es o no vulnerable ese inquilino. Faltan medidas legislativas contra las mafias organizadas que convierten muchas de estas viviendas en narcopisos, Nos sentimos desamparados. Por eso el año pasado acudimos al Comité de Peticiones de la UE a denunciar la situación”.
Se erosiona el derecho de propiedad
Por su parte la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cree que la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros erosiona el derecho de propiedad, según ha indicado en un comunicado. Asimismo, la entidad ha manifestado que dicha moratoria aumenta, una vez más, la desconfianza de los propietarios en las instituciones del Estado, incrementando la sensación de inseguridad jurídica.
"Con ello, existe un alto riesgo de reducir la oferta de viviendas en alquiler, en un momento en que el mercado ya presenta niveles mínimos de disponibilidad y tiempos de recuperación de inmuebles superiores a los 20 meses", ha expresado Asval, criticando que lo que nació hace más de cinco años como una "medida excepcional" durante la pandemia se ha mantenido en España de forma "casi estructural".
El sector inmobiliario ya se estaba preparando para una prórroga de la moratoria antidesahucios. Según afirmó Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid a principios de noviembre, "no hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar. Es fundamental "mejorar la protección de la propiedad privada" para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler. "Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler", recalcó.
Matilde Cuena, que participo en una mesa redonda sobre okupacion en el reciente I Congreso De Vivienda, se muestra contraria a ese RD 11/2020 que genera mas desequilibrios entre propietarios e inquilinos (Ljsanchez/lawandtrends)
El Estado encarece los alquileres
En este contexto hay que recordar las declaraciones que hizo a este medio, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil y una de las organizadores del I Congreso Nacional de Vivienda que tuvo lugar este otoño en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Esta experta, que moderó una de las mesas del Congres sobre la ocupación, se mostraba contraria dicha prórroga del RD 11/2020 porque ahonda en las desigualdades entre propietario e inquilino.
“Hay acabar con la suspensión de los desahucios de colectivos vulnerables. Son los poderes públicos los que deben hacerse cargo de dichos colectivos. El inquilino que no paga debe ser desalojado. Sin seguridad jurídica no habrá mercado de alquiler asequible porque caerá la oferta y subirán los precios. Al mismo tiempo debe diseñarse un sistema de información de impagos de alquiler que facilite la evaluación de la solvencia del inquilino y evite que incumplidores “profesionales” perjudiquen los intereses de propietarios”, explicaba en dicha entrevista.
Otra cuestión que planteaba es que “debe modificarse la forma del contrato de arrendamiento para evitar que sea tan sencilla la falsificación de contratos que bloqueen las medidas cautelares de desalojo de ocupantes ilegales”.
“ Y por último deben suprimirse los topes de precios de alquiler, medida que se ha demostrado ineficiente. Debe bonificarse fiscalmente al arrendador que alquile a precio asequible. En tanto el Estado construye vivienda social, debe hacer uso del mercado privado y si quiere que los propietarios bajen precios, el Estado debe asumir un coste en términos de fiscalidad”.
A su juicio, “el Estado es hoy el principal responsable del alto precio de la vivienda. El 25% del precio de la vivienda corresponde a impuestos. Hay que darle una vuelta a la fiscalidad de la vivienda. Debe ,sobre todo facilitarse procesalmente el desalojo de ocupantes ilegales. No es razonable que se pueda tardar dos años en expulsar a un okupa del inmueble”.
Desde su punto de vista, “el legislador tiene que tener claro que haciendo recaer sobre el propietario privado el coste de una política social de vivienda, lo único que logra es destruir el sistema. Y ya lo estamos viviendo. Vamos a peor. Cada norma agrava más la situación”.
Manifestacion en Gijon de APROVIJ, contra este RD 11/2020. Están convencidos que esta medida arruina a muchos propietarios (APROVIJ)
Los propietarios son los vulnerables
Desde Aprovij, otra asociación de pequeños propietarios que realizó una manifestación en Gijón, su portavoz Silvia Viniegra señalaba que “el RDL define como vulnerables a unidades familiares con ingresos de hasta 3 veces el IPREM, 1.800 euros mensuales. Una cifra que, aunque parezca modesta, está por encima del salario mínimo actual. Esto ha ampliado tanto el concepto de vulnerabilidad que termina incluyendo a inquilinos que podrían afrontar sus pagos, pero que optan por no hacerlo, amparándose en una normativa laxa y mal controlada. Por otro lado, los servicios sociales, que deberían verificar estas situaciones, están desbordados”.
Las soluciones que plantea este colectivo pasan por medidas claras y prácticas, En primer lugar, establecer un procedimiento real de comprobación de la vulnerabilidad por los servicios sociales, para garantizar que la información de los solicitantes se compruebe con rigor y eficiencia. Junto a ello urge incrementar el parque de vivienda social. Dado el retraso que ha acumulado la Administración Española tras años sin construcción de vivienda social, deben buscarse alternativas inmediatas como la adquisición directa de viviendas ya construidas, su contratación en régimen de alquiler, o incluso, como se ha hecho con otros colectivos, alojándolos en habitaciones de hotel, pero siempre haciéndose cargo la Administración Pública”.
Otras medidas pasarían por facilitarse la conversión de locales en viviendas reduciendo las exigencias actuales para dicha conversión. Junto a ello establecer procedimientos claros y públicos para la compensación a propietarios, con plazos realistas, respuesta efectiva y presupuestos asignados. “Mientras no se adopten medidas reales de alternativa habitacional, establecer la obligación de pago mensual de la “compensación”. No puede tratarse peor a un trabajador o un pensionista que a una empresa que alquile inmuebles. Al mismo tiempo habría que crear incentivos para que los pequeños propietarios mantengan sus viviendas en alquiler, ofreciendo estabilidad jurídica, y promoviendo la confianza”.
