Mirian Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso y Pedro Sanchez, presidente del Gobierno en una de las ultimas reuniones. Ahora el Gobierno cede ante Junts y compensara a los propietarios (Foto Borja Puig de la Bellacasa Pool de Medios Moncloa)
- Por el momento el problema de la falta de vivienda social lo están asumiendo los propietarios que ven imposible desalojar a estos inquilinos que no pagan
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que incluirá medidas de ayuda a los propietarios de viviendas ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. La presión de Junts su socio de Gobierno hasta hace poco se siente de nuevo. Ya frenaron la implementación del programa de facturación Verifactu y ahora estos diputado catalanes que se han reunido con muchos propietarios asfixiados por tener que mantener a sus okupas, han pedido a Sanchez medidas de compensación.
Hay que recordar que hace ahora trece meses, cuando también a instancia de Junts, el Gobierno troceo su Decreto Omnibus incluyó Junto a la subida de los pensiones, la subvención del transporte público, o las ayudas a la víctimas de la DANA, una de las medidas más polémicas —junto con la prórroga por un año más de la suspensión de los desahucios— fue la creación de un aval público para impagos, que generó bastante malestar entre los propietarios y los juristas.Al final su impacto fue muy reducid
Según ha podido saber Lawantrends se trata de nuevo una de las reclamaciones de Junts que el presidente dijo que retomaría después de reconocer «incumplimientos» con esta formación, que le retiró recientemente su apoyo. Sin embargo poco se conoce de esas ayudas si serán ayudas económicas directas ni en qué cuantía, se conocerían este martes cuando las apruebe el Consejo de Ministros.
Hasta que se publique el decreto definitivo, quedan dudas fundamentales por resolver: si la ayuda cubrirá el 100% de la renta o solo una parte, si podrá aplicarse también a contratos ya en marcha, durante cuánto tiempo podrá cobrarse esta compensación y qué requisitos deberán cumplir los propietarios. Todas estas respuestas llegarán con el texto final que aprobará el Consejo de Ministros.
Lo que sí está claro es que el decreto puede suponer un antes y un después para miles de propietarios: más protección económica ante impagos, menos incertidumbre en los procesos judiciales y un marco que busca equilibrar la protección del inquilino vulnerable con la seguridad del arrendador. La verdadera clave estará en cómo se diseñe la compensación y, sobre todo, en la rapidez con la que llegue el pago
Reunión reciente de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, con Pako Morote, portavoz nacional y otros miembros de la Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH) Quieren que el RD 1172020 se prorrogue para evitar que muchas familias en la calle (Ministerio de Vivienda)
Un grave problemas los desahucios
El problema de los desahucios se mantiene desde hace años ante la falta de vivienda social para realojar a las personas vulnerables y otros inquilinos. Durante los últimos 15 años se han realizado 763.127 lanzamientos judiciales (Consejo General del Poder Judicial), lo que habría impactado sobre la vida de 1,9 millones de personas.
Para evitar una avalancha de desahucios derivados de los efectos socioeconómicos de la pandemia y gracias a la movilización y demandas sociales precedentes, el Gobierno aprobó una serie de normas conocidas como el ‘escudo social’, entre las que cabe destacar una suspensión extraordinaria de los desalojos (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). Ante el grave problema de acceso y mantenimiento de la vivienda, la moratoria se ha extendido y modificado en diversas ocasiones hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.
Es precisamente la aplicación de este RD 11/2020 la que enfrenta a los pequeños propietarios que sufren en sus carnes estas situaciones sin poder desalojar a esos inquilinos, algunos de ellos vulnerables, y los colectivos de afectados que como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con su portavoz nacional Pako Morote mantenía esta semana una reunión en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con David Lucas, secretario de Estado y parte de su equipo “Hemos pedido la prórroga del RD 1172020 y que se haga por Decreto ley, que luego tendría que validarlo el Congreso.
Sabemos que al no haber parque de viviendas sociales los desahuciados podrían ser decenas de miles- Los últimos datos hablan de parar 64.000 desahucios, lo que si sabemos es que todos los suspendidos se reactivan de forma inmediata. Al mismo tiempo todos los que se produzcan ahora no tendrán desprotección. Eso significaría que en el 2026 podrimos tener cifras parecidas a las del 2012 “
La PAH, junto a otras organizaciones sociales, como FACUA, CCOO. Amnistía Internacional, Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas, han firmado un manifiesto para convertir esta moratoria en algo estructural. En ese manifiesto se indica que esta suspensión debe servir para garantizar la protección y la seguridad de las familias en riesgo de exclusión residencial: de forma prioritaria, a través de su regularización en las viviendas afectadas con la celebración de nuevos contratos de alquiler respaldados por las Administraciones públicas competentes”
En el lado de los propietarios se espera con escepticismo las medidas que anunciará mañana el Gobierno. Nos insisten que lo prioritario es que se evite prorrogar una nueva prórroga del RD 11/2020 ya por sexo año consecutivo seria una barbaridad. Hablamos de pequeños propietarios, no hablamos de grandes fondos ni de especuladores. Hablamos de ciudadanos que han invertido sus ahorros en una vivienda, muchas veces con esfuerzo y sacrificio, como forma de garantizar su estabilidad futura.
Nuestro propio el Código Civil, en sus artículos 142 y 143, impone la obligación de dar alojamiento, cuidados y sustento, recae, en primer lugar, a los familiares directos del vulnerable: ascendientes, descendientes y, en su defecto, hermanos. En ningún caso es arrendador el que debe garantizar las necesidades del demandado, incluida la cobertura de vivienda y suministros.
Manifestación en Gijón de propietarios asociados a APROVIJ para reclamar la derogación del RD 11/2020 y que se aprueben ayudas directas a los propietarios que sufren esos impagos foto APROVIJ
Una prórroga innecesaria
Así lo explica Nuria Garrido, presidente de Son Habítate, nueva presidenta de la Asociación de Propietarios de Cataluña quien destaca que “nosotros estamos totalmente en contra de una nueva prórroga de este Real Decreto. Esta fue una medida extraordinaria que se aprobó por el COVID y se ha ido prorrogando de manera anual. Realmente lo que son vulnerables somos los propietarios que sufrimos estas situaciones ante la falta de vivienda social”.
Para esta jurista “hay muchos propietarios jubilados que cobran solo 600 euros de pensión y son más vulnerables que el inquilino que se convierte en inkiokupa al seguir en la vivienda y no pagar el alquiler. Nuestra oposición es plena sobre esta medida que no genera seguridad jurídica y es una de las causas de la falta de viviendas en alquiler. Hay miedo a que después de unos meses tu inquilino no salga de la vivienda pese a que no pueda pagarla. Ese RD 11/2020 prohíbe cualquier desalojo que se pueda hacer. A los Ayuntamientos no les interesa que decaiga esta norma porque no hay viviendas para alojar a esas personas”.
“Todo ello sin percibir ingreso alguno y sin contar con un respaldo real por parte de unas administraciones públicas que nos dan la espalda. Se trata de alquileres, a menudo de 400 o 500 euros, muy lejos de la irrealidad que quienes apoyan la medida quieren transmitir que los pequeños propietarios son ricos y especulan con la vivienda. El nuestro es verdadero alquiler asequible”, argumentan.
Desde esta asociación se nos indica que la propiedad es también un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, y su desprotección sistemática mina la confianza en el Estado de Derecho y en la democracia. La Administración debe dar protección pública al inquilino vulnerable irrenunciablemente a costa del presupuesto y la actividad de la Administración Pública no del pequeño propietario.
Los pequeños propietarios indefensos
Desde otra asociación como APROVIJ, ya se han producido algunas movilizaciones como la organizada en Gijón por este colectivo. Silvia Viniegra es la coordinadora en Asturias “ hemos asistido a una sucesión de prórrogas que, en lugar de ser medidas temporales, se han convertido en un estado crónico de excepción para los arrendadores. Un total de once prórrogas con base en la erupción del volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, la de Oriente próximo, la sequía o la Dana, han servido para suspender el derecho a recuperar la posesión de una vivienda alquilada, generando una inseguridad jurídica persistente que tiene consecuencias reales y dolorosas”.
Esta propietaria señala que “el RDL define como vulnerables a unidades familiares con ingresos de hasta 3 veces el IPREM, 1.800 euros mensuales. Una cifra que, aunque parezca modesta, está por encima del salario mínimo actual. Esto ha ampliado tanto el concepto de vulnerabilidad que termina incluyendo a inquilinos que podrían afrontar sus pagos, pero que optan por no hacerlo, amparándose en una normativa laxa y mal controlada. Por otro lado, los servicios sociales, que deberían verificar estas situaciones, están desbordados. No cuentan con los medios ni el personal necesarios para comprobar si realmente quien alega ser vulnerable lo es”.
Las soluciones que plantea este colectivo pasan por medidas claras y prácticas, En primer lugar, establecer un procedimiento real de comprobación de la vulnerabilidad por los servicios sociales, para garantizar que la información de los solicitantes se compruebe con rigor y eficiencia. Junto a ello urge incrementar el parque de vivienda social. Dado el retraso que ha acumulado la Administración Española tras años sin construcción de vivienda social, deben buscarse alternativas inmediatas como la adquisición directa de viviendas ya construidas, su contratación en régimen de alquiler, o incluso, como se ha hecho con otros colectivos, alojándolos en habitaciones de hotel, pero siempre haciéndose cargo la Administración Pública”.
Otras medidas que podrían implementaren pasarían por facilitarse la conversión de locales en viviendas reduciendo las exigencias actuales para dicha conversión. Junto a ello establecer procedimientos claros y públicos para la compensación a propietarios, con plazos realistas, respuesta efectiva y presupuestos asignados. “Mientras no se adopten medidas reales de alternativa habitacional, establecer la obligación de pago mensual de la “compensación”. No puede tratarse peor a un trabajador o un pensionista que a una empresa que alquile inmuebles. Al mismo tiempo habría que crear incentivos para que los pequeños propietarios mantengan sus viviendas en alquiler, ofreciendo estabilidad jurídica, y promoviendo la confianza”.
