La financiación de un vehículo puede esconder costes que el consumidor no siempre identifica cuando firma el contrato. Los seguros vinculados, las comisiones y las diferencias entre el coste anunciado y el realmente asumido pueden convertirse en motivos de reclamación. Para demostrar que se ha pagado de más, no basta con presentar el contrato y alegar irregularidades: también puede resultar determinante contar con un informe técnico que cuantifique el perjuicio económico. Así lo analiza el despacho Arriaga Asociados en su blog, donde destaca la importancia del perito en los procedimientos judiciales relacionados con la financiación de vehículos.
Una prueba técnica para entender el contrato
El perito judicial es un profesional independiente que aporta conocimientos especializados para ayudar al tribunal a comprender cuestiones que van más allá de la interpretación jurídica. En este tipo de litigios, su trabajo se centra especialmente en examinar las condiciones económicas del préstamo y comprobar si todos los costes que debían reflejarse en la Tasa Anual Equivalente (TAE) se incluyeron correctamente.
La TAE permite conocer el coste efectivo de una operación de financiación, por lo que resulta relevante cuando existen seguros asociados al préstamo cuyo coste podría no haberse incorporado de forma adecuada al cálculo declarado en el contrato.
Según explica Arriaga Asociados, el perito debe identificar esos conceptos, revisar las condiciones pactadas y calcular cuánto dinero habría abonado de más el cliente. El resultado se recoge en un informe pericial que puede aportarse como prueba para respaldar la reclamación.
El despacho resume la necesidad de acreditar los hechos con una afirmación contundente: «hay que demostrarlo matemáticamente», señala en su blog. La documentación técnica permite transformar una sospecha sobre el coste del préstamo en una explicación cuantificada del posible perjuicio.
El informe debe ser personalizado y comprensible
No todos los contratos de financiación presentan las mismas condiciones. Pueden variar los tipos de interés, las comisiones, los servicios adicionales y las pólizas vinculadas. Por eso, el análisis debe realizarse sobre la operación concreta de cada consumidor, en lugar de basarse en cálculos genéricos.
El informe también debe explicar con claridad cómo se han obtenido las cifras. Para ello, puede incorporar tablas, gráficos y desgloses que faciliten la comprensión de los cálculos, tanto al juez como a las partes implicadas.
Arriaga Asociados advierte de que una demanda jurídicamente bien planteada puede no prosperar si los datos económicos que la sustentan carecen de respaldo técnico suficiente. En ese escenario, el tribunal podría apreciar una falta de prueba sobre los hechos alegados.
La precisión de los cálculos, la metodología utilizada y la capacidad de justificar cada conclusión son, por tanto, elementos esenciales. El informe debe permitir comprobar qué costes se han tenido en cuenta, cuáles podrían haberse omitido y cómo afectan al coste real de la financiación.
La labor del perito también puede llegar al juicio
La intervención de este profesional no termina necesariamente con la entrega del documento. Si el juez acuerda su comparecencia, el perito puede acudir a la vista para ratificar el informe, explicar sus conclusiones y responder a las preguntas de los abogados y del tribunal.
Esta fase exige que el especialista conozca en profundidad los cálculos realizados y pueda justificar sus conclusiones con datos verificables. Su capacidad para explicar cuestiones financieras complejas de forma ordenada puede contribuir a que el órgano judicial valore adecuadamente la prueba.
El despacho subraya así que la reclamación requiere coordinación entre dos perfiles distintos: el abogado, encargado de fundamentar jurídicamente la demanda, y el perito economista, responsable de acreditar el componente financiero.
Abogado y perito, un trabajo conjunto
La posibilidad de reclamar dependerá de las circunstancias del contrato, de las irregularidades que puedan acreditarse y de la documentación disponible. La existencia de un seguro vinculado no implica por sí sola que el préstamo sea irregular; será necesario estudiar si su coste debía incluirse en la TAE y si se calculó correctamente.
Por ello, revisar el contrato y reunir la documentación de la financiación constituye un primer paso para valorar si existe fundamento para reclamar. La conclusión de Arriaga Asociados es que una estrategia jurídica sólida necesita una base económica rigurosa: el trabajo conjunto del abogado y el perito puede resultar decisivo para defender la reclamación ante los tribunales.
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