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"España es el primer país en adaptar la normativa europea que persigue acabar con el fraude en los alquileres turísticos o temporales", celebraba el pasado junio el ministerio que encabeza Isabel Rodríguez. Con la llegada del Registro Único de Arrendamientos, de la mano del Colegio de Registradores, los propietarios de viviendas de corta duración están obligados a obtener un código de registro para operar legalmente. Un proceso que, en su primer año, suma hasta 25 millones de euros los ingresos extra para el circuito de registradores en España por las 412.253 solicitudes de registro.

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