- Ha presentado una solicitud formal ante este portal para acceder al contenido íntegro del acuerdo sobre ciberseguridad que está etiquetado como “confidencial”
Tal y como nos comentaba su presidenta Ofelia Tejerina en una reciente entrevista, con este medio, el asunto de LaLiga de Javier Tebas y su lucha contra la piratería que está generando cortes en webs convencionales cuando hay partidos de fútbol, es uno de los cuestiones que está concentrando los esfuerzos de la Asociacion de Internautas (AI)
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Ofelia Tejerina, presidente de la Asociacion de Internautas no entiende, como tampoco muchos de nosotros, que ese acuerdo sea confidencial (Asociacion de Internautas) |
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En un episodio de este enfrentamiento, la Asociación de Internautas anunciaba la presentación de una solicitud formal ante el Portal de Transparencia para acceder al contenido íntegro del "Memorando de Entendimiento (MdE) entre INCIBE y LaLiga en materia de ciberseguridad".
El acuerdo en síntesis supone que el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y el presidente de LALIGA, Javier Tebas, han suscrito un memorándum de entendimiento cuyo objetivo es el impulso de una cultura de seguridad, con el fin de crear un ciberespacio confiable y seguro.
Las iniciativas que recoge el acuerdo serán diseñadas y realizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y LALIGA.
A través de este acuerdo, las dos entidades colaborarán en la prevención y concienciación en materia de ciberseguridad y ciber riesgos tecnológicos que pudieran afectar a los clubes y sociedades anónimas deportivas, a los aficionados al fútbol y a la sociedad en general, con especial foco en colectivos vulnerables y menores.
En principio, una iniciativa loable y respetada, sin embargo desde la AI han constatado que LaLiga mantiene este documento bajo una opacidad especial, etiquetándolo como "confidencial" en su web: "No se publica el convenio por estar sujeto a confidencialidad", a pesar de que otros acuerdos similares con entidades públicas sí son plenamente accesibles, o no se categorizan de esta manera.
El acuerdo firmado por las dos entidades tiene como objetivo declarado “establecer un marco de colaboración para reforzar la ciberseguridad, promover la confianza digital y fomentar un entorno online más seguro”.
La Asociación de Internautas considera que es, cuando menos contradictorio, que un documento destinado a proteger los derechos de los ciudadanos en el entorno digital se mantenga oculto al ojo público.
Lo que acuerden las administraciones con empresas privadas debe ser público
La solicitud se fundamenta en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta normativa establece en su Artículo 12 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. En este contexto, se entiende por información pública todos los contenidos o documentos que obren en poder de sujetos como el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), al ser una entidad del sector público vinculada al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La Ley de Transparencia es clara: el derecho de acceso solo puede limitarse en casos muy específicos y tasados (como la seguridad nacional o la defensa), y cualquier restricción debe ser justificada y proporcionada. En este caso, la Asociación alega que no existe una "justa causa" para la opacidad, especialmente cuando convenios análogos, como podría ser el firmado entre INCIBE y la CRUE, por ejemplo, son públicos. Además, el Artículo 8 de la citada ley impone la obligación de publicar los convenios suscritos por las entidades públicas, incluyendo sus partes firmantes, objeto y duración
Con esta iniciativa, la Asociación de Internautas busca recordar a la ciudadanía que el ejercicio del derecho de acceso es una herramienta fundamental para la regeneración democrática y la eficiencia del Estado de Derecho. Según la normativa vigente, cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de acceso a través del Portal de la Transparencia sin necesidad de motivar su petición.
La transparencia no es solo una obligación legal, sino un eje fundamental de la acción política que permite a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones que les afectan. La Asociación de Internautas seguirá alerta para asegurar que los acuerdos que afectan al interés general sean tratados con luz y taquígrafos.
Hay que recordar que recientemente la Asociación de Internautas acaba de denunciar a LaLiga ante la AEPD por su canal de denuncias "LALIGA BARES", alegando que el incentivo económico por delatar bares fomenta la captura ilegal de imágenes y supone un grave riesgo para la privacidad y la seguridad ciudadana.
Como nos comentaba la propia Tejerina en la mencionada entrevista concedida a nuestro medio “Se ofrece 50 euros al denunciante si efectivamente se constata que en ese bar se está retransmitiendo los partidos de forma ilegal. Esos denunciantes tendrán que salir del anonimato de cara a cobrar esa compensación económica”.
Sobre esa cuestión recordaba que “para el cobro de dicha remuneración tendrán que presentar pruebas, que según la web de la Liga deben hacer fotografías del entorno y esas fotografías incluyen personas aunque sean de espaldas. En un bar de barrio o de pueblo una persona tomada en una foto por detrás es plenamente identificable”.
En el trasfondo de este asunto, al igual que en el del control a los menores de 16 años en rede sociales subyace para Ofelia Tejerina una preocupación, “la Carta de Derechos Digitales se hizo para algo. El Gobierno no puede abanderar su uso y luego permitir abusos que permitan la censura, anteponer los intereses de una empresa privada a los intereses generales. Debe dotar a la justicia de los medios adecuados para que, si llega el caso podamos defender nuestros derechos. Este año 2026 va a ser un año intenso y tenemos que estar alerta en este contexto digital tan complejo”.
