- Binance confirma un ataque informático por valor de 6.300 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros), de los que cerca de la mitad han sido congelados en menos de 24 horas.
- La trazabilidad de las operaciones y la capacidad de determinados emisores para inmovilizar activos demuestran que la tecnología blockchain también puede ser una herramienta de protección del ahorro.
- El despacho, que ha intervenido en procedimientos relacionados con criptoactivos, reclama mecanismos internacionales de bloqueo urgente y coordinación judicial para recuperar los fondos sustraídos.
- Europol, Eurojust y la Comisión Europea ya han advertido de las dificultades de los procedimientos tradicionales de cooperación internacional.
Binance, la mayor plataforma mundial de intercambio de criptoactivos, ha confirmado un incidente de seguridad con un impacto estimado de 6.300 millones de dólares, equivalentes a unos 5.500 millones de euros. Sin embargo, en menos de 24 horas se han conseguido congelar aproximadamente 3.000 millones de dólares, cerca del 48% del total.
Para Navas & Cusí, despacho especializado en derecho financiero y nuevas tecnologías, el caso demuestra tanto las posibilidades de protección que ofrecen las nuevas tecnologías como las carencias de los actuales mecanismos jurídicos internacionales.
“Estamos ante una noticia extraordinariamente relevante. Un ataque informático ha permitido sustraer miles de millones de dólares, pero la propia infraestructura tecnológica del ecosistema cripto ha facilitado que casi la mitad de esos fondos hayan sido inmovilizados en unas horas”, señala Fernando Navas, responsable de Nuevas Tecnologías de Navas & Cusí.
Según la investigación preliminar comunicada por Binance, los atacantes habrían hackeado el ordenador portátil de un ingeniero responsable de operaciones y desarrollo tecnológico. De esta manera pudieron entrar en el servicio interno de la plataforma y ordenar retiradas de fondos sin autorización.
Binance asegura que, hasta el momento, no ha encontrado pruebas de que se hayan filtrado las claves privadas de los monederos digitales. La compañía suspendió temporalmente los depósitos y retiradas, revocó las autorizaciones afectadas y activó mecanismos de colaboración con otras empresas del sector y las autoridades policiales. Además, ha anunciado que cubrirá las pérdidas con sus propios recursos.
“Lo novedoso ha sido la velocidad de la reacción; en horas han logrado congelar 3.000 millones de dólares gracias a la colaboración de empresas del ecosistema blockchain”, señala Navas.
La ‘red de seguridad’ no es universal, pero el experto señala que determinadas monedas estables y plataformas sí incorporan herramientas que permiten impedir movimientos posteriores de activos identificados. “Muchas operaciones dejan un rastro permanente y verificable. Y eso permite que haya muchas posibilidades de recuperación”, explica Fernando Navas.
El experto explica su propia experiencia en la localización y bloqueo de criptoactivos. “Si se actúa con rapidez e identificamos correctamente las direcciones de destino, podemos establecer contacto con los operadores para inmovilizar los activos y porteger adecuadamente el patrimonio de los inversores”, apunta el director de Nuevas Tecnologías de Navas & Cusí.
“El problema no es la capacidad técnica para localizar y bloquear los fondos sino la lentitud de los procesos judiciales necesarios para recuperarlos”, señala Navas. La fragmentación de los mecanismos jurídicos internacionales es el verdadero obstáculo, sostiene. “En muchas ocasiones es necesario obtener medidas cautelares, identificar al beneficiario real, solicitar información a proveedores extranjeros o tramitar procedimientos internacionales de cooperación judicial; y aquí es donde se nos va el tiempo con trámites de semanas o incluso meses”, añade.
Por eso el experto reclama agilizar el intercambio de información entre autoridades policiales, fiscales y judiciales, establecer mecanismos de reconocimiento de resoluciones extranjeras y acelerar y facilitar la devolución de los fondos a sus legñitimos dueños una vez acreditados sus derechos.
Europol ya se ha manifestado en este sentido denunciando las limitaciones en los procedimientos transfronterizos, especialmente cuando se requiere una intervención urgente. En la misma línea, Eurojust denuncia la lentitud de las solicitudes de asistencia judicial internacional, la falta de colaboración de determinados proveedores extranjeros y las dificultades para ejecutar órdenes de embargo fuera de la jurisdicción correspondiente.
Por su parte, la Comisión Europea firmó el pasado 14 de octubre el Protocolo adicional al Convenio de Varsovia sobre blanqueo de capitales contemplando una cooperación reforzada para identificar, inmovilizar y decomisar activos, incluidos los virtuales.
“El caso Binance debería servir como catalizador de una respuesta internacional. No basta con disponer de herramientas para detectar el dinero robado. Necesitamos procedimientos jurídicos que permitan actuar con una rapidez comparable y que garanticen su devolución a las víctimas”, concluye el responsable de Nuevas Tecnologías de navascusi.com
