- Los expertos reclaman que este organismo tenga un régimen sancionador y la aprobación del Anteproyecto de Gobierno Abierto, aún en trámite parlamentario
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nombramiento de Concepción Campos como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CtBG) que releva así en el cargo a José Luis Rodríguez, tras ser validada su candidatura por mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, una vez que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propusiera.
Campo, cuyo mandato será de cinco años y no podrá ser renovado, ha adelantado que sus tres ejes de trabajo serán “la actualización normativa y el refuerzo de la institución, la cooperación con otros órganos y entidades y el aprovechamiento responsable de la tecnología” y que afrontara la responsabilidad con “ “con absoluta independencia y objetividad, con lealtad a la ley y a la ciudadanía, con transparencia y con una dedicación plena a la institución y a los ciudadanos a los que sirve”.
Campos releva en la presidencia a José Luis Rodriguez que ha estado los últimos cinco años en el cargo (CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO)
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad administrativa independiente encargada de garantizar el acceso a la información pública y la transparencia en el ámbito estatal, es definido en la teoría como un órgano “clave para el Estado de Derecho” y para “garantizar el derecho de acceso a la información a la opinión pública, velar por el cumplimiento de obligaciones de Transparencia y promover la cultura de transparencia en el conjunto del sector público español,
Cuando una persona o colectivo no recibe respuesta en plazo o entiende que la información remitida por una administración es insuficiente o errónea, tiene la posibilidad de presentar, de forma gratuita y potestativa, una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Este organismo examina el expediente y emite una resolución motivada en un máximo de tres meses, de obligado cumplimiento para la administración afectada, aunque posteriormente pueda ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin embargo, la Administración General del Estado (AGE) dejo sin ejecutar en torno a una de cada diez resoluciones del CTBG en las que se le instaba a entregar la información solicitada por la ciudadanía. Los expertos consultados por este medio reclaman que el Consejo tenga un régimen sancionador y la aprobación del anteproyecto de Gobierno abierto que mejore las prestaciones de este organismo.
El CTBG debe contar con más medios
Jose Ramón Chaves, magistrado de lo contencioso del TSJ de Asturias, en su blog DelaJusticia.com analiza la incorporación de Campos al CTBG. Desde su punto de vista, cree que es una jurista preparada para afrontar este reto de dirigir este organismo. Alude a frenar los abusos a la invocación al derecho a la transparencia porque a veces se va más allá del derecho a conocer hacia finalidades ilegítimas. En ese artículo subraya que saber armonizar el equilibrio entre transparencia y garantía no será fácil, pero al menos nadie podrá reprochar que al frente del Ente hay alguien que sabe lo que se hace.
Otra cuestión que considera clave es un mejor coordinación con órganos similares que hay en las CCAA. Para este experto el gran reto que tiene esta jurista es el de ganarse la autorictas o legitimidad para imponer criterios y educar a todas las instituciones. Y como tercer reto seria el de establecer con precisión por necesidad de seguridad jurídica un criterio razonable en un contexto en el que confluyen la protección de datos, con los algoritmos y la libertad de empresa y eficacia en la administración.
Por su parte, Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, subraya que la nueva presidenta Concepción Campos, tiene los mismos retos que el que ha sido hasta ahora actual presidente, José Luis Rodríguez. “Tiene el problema que no puede imponer la ejecución de sus propias resoluciones, cada vez ocurre más que cuando el Consejo de transparencia da la razón a un ciudadano, la administración en cuestión requerida para dar esa información se limita a no cumplir y no pasa absolutamente nada. En otras veces se decide esa administración a recurrir y hay que llegar al Supremo para conseguir esa información”.
Para esta jurista otra cuestión importante tiene que ver con “la falta de potestad sancionadora que tiene que ver con la problemática anterior antes comentada. S la administración puede incumplir la resolución porque no va a pasar nada las resoluciones del CTBG, no hay ningún mecanismo o incentivo para que cumpla esa resolución más que la buena fe que pueda tener la propia administración para ese cumplimiento, con lo cual a veces las resoluciones se convierten en papel mojado. Desde la Fundación Hay Derecho en un estudio que hicimos revelamos ese número e de resoluciones firmes que se incumplen”.
En ese informe también detectaron otro problema que es el que “no solo se recurren esas resoluciones del Consejo de transparencia, en varias instancias, esto se hace con dinero del contribuyente, sino que también en ocasiones se modifican las leyes para que también esas resoluciones desfavorables no se cumplan. Lo hemos visto con el tema de los medicamentos que la Fundación Civio lo tiene recurrido ante el tribunal Supremo y el Gobierno intenta sacar un proyecto de ley básicamente para que esa información no sea pública. Otro problema es la falta de medios de la entidad. La Ley de transparencia es del 2013 y está a la espera de unas modificaciones.
Papel clave del CTBG es su Comisión de transparencia como órgano consultivo que ahora presidirá Concepción Campos (CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO)
Falta un régimen sancionador
Por su parte, Miguel Ángel Blanes Doctor en Derecho y experto en transparencia, desde su blog de transparencia y buen gobierno ha seguido de cerca la actividad de esta entidad. Cree que la elección de Concepción Campos Acuña como Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es una magnífica noticia. Se trata de una funcionaria, directiva pública profesional, con una gran formación, muchos años de experiencia y muy trabajadora.
“El reto que tiene por delante no es nada fácil: lograr que la Administración General del Estado, y las Administración autonómicas con las que el CTBG tiene firmado un convenio, actúen con más transparencia, tanto a la hora de contestar las solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía, como de publicar en los portales de transparencia datos sobre sus decisiones o actuaciones que sean claros, útiles y comprensibles. Y este objetivo debe cumplirse actuando con total independencia, esto es, resistiendo a las posibles presiones del poder que puedan intentar ocultar información en los asuntos que sean políticamente más sensibles.”, resalta
Hay que poner multas a quien no cumpla
Para este jurista los principales retos del CTBG se centran, en primer lugar “conseguir el cumplimiento real y efectivo de todas sus resoluciones, denunciando públicamente los casos de incumplimiento. Hasta que el actual Anteproyecto de Ley de Administración Abierta sea aprobado como Ley por las Cortes Generales, el CTBG no puede imponer multas coercitivas a las Administraciones incumplidoras para que sus resoluciones se cumplan.”
Junto a ello Blanes cree que es el momento de “potenciar las evaluaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en los portales de transparencia., así como modificar r algunos criterios adoptados en sus resoluciones que restringen el derecho de acceso a la información pública”:
Por ejemplo, el CTBG actualmente no admite a trámite las reclamaciones presentadas por los interesados en un procedimiento administrativo; rechaza las reclamaciones presentadas antes de plazo (prematuras) aunque la Administración siga sin contestar a la solicitud; permite que la Administración cobre una tasa fuera de los supuestos expresamente previstos en la Ley de Transparencia, cuando el acceso debe ser electrónico y gratuito; considera que las explicaciones, razones o motivos de una decisión administrativa no es información pública; entiende que la información sobre la que no se ha iniciado un procedimiento o no ha servido de apoyo a una decisión es información auxiliar y de apoyo e inadmite la solicitud, etc.
Para este experto hay que insistir “en la necesidad de que el CTBG ejerza un papel importante en la futura Ley de Información Clasificada, que se encuentra actualmente en las Cortes Generales, y que pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El CTBG debería informar con carácter previo a la clasificación, desclasificación o reclasificación de la información como Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido, y también debería poder recurrir judicialmente dichas decisiones”:
Miguel Angel Blanes cree que seria el momento de actualizar y “aprobar nuevos criterios interpretativos conjuntos con la Agencia Española de Protección de Datos para resolver las dudas existentes en distintos ámbitos sectoriales e introducir en la página web del CTBG un motor de búsqueda de sus resoluciones para poder listarlas por materias, palabras clave, texto libre y otros conceptos.”
No se cumplen sus resoluciones
Otro experto como Joaquin Meseguer, Coordinador del grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública y mediación administrativa de la Red de Entidades por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP. e impulsor del proyecto Madrid Talento en el Ayuntamiento de Madrid, cree que el principal problema que tiene el CTBG es el que la norma, no le dota ni le atribuye de poderes o de capacidades, de imponer su decisión. La nueva presidenta debe procurar cambiar esa inercia y que las administraciones cumplan las decisiones firmes del Consejo. “Ahora no lo están haciendo. Incluso se han dado cuenta de que les resulta mucho más rentable ni siquiera recurrir en vía contenciosa las decisiones que no comparten del Consejo, simplemente las incumplen.
Para este experto el reto que tiene el Consejo es dee de alzar la voz, de señalar, de defender en vía contenciosa, incluso cuando hay conflictos que considera en los que tiene que intervenir, hacerlo apoyando, pues aquellos que, pues como Fundación Ciudadano Civio, Access Info Europe, deciden dar un paso adelante y reclamar y recurrir en vía contenciosa y estar al lado de ellos. Esta experto recuerda que “tenemos un régimen sancionador que recoge el anteproyecto de ley de Administración Abierta totalmente inoperante porque aún no se ha aprobado y que podría ayudar a la gestión del CTBG”.
Meseguer es de la opinión que en esta situación se observa que en las reclamaciones en la vía contenciosa como el caso BOSCO que ganó Civio y otras pendientes de publicar, el tribunal Supremo se convierte en uno de los garantes de la transparencia. El problema es que los temas llegan a los tres años y para el fallo se necesita otro año. No tenemos un derecho fundamental, no tenemos un procedimiento sumario ni preferente en esta materia, con lo cual vamos a la cola de todos los recursos, con independencia de que pensemos que este derecho merece una tutela mayor. Entonces, bue , pues eso, lo que tú dices, cada vez, cada vez resuelven menos.
También recuerda que hay otros dos temas en el Supremo relacionados con el acceso a la información, pues el algoritmo que utiliza la Comunidad de Madrid para elegir a los miembros de los tribunales de oposición que se mantiene en reserva . Y después está el algoritmo que utiliza la Seguridad Social para rastrear las bajas, las ITES, Las incapacidades temporales, Para detectar si hay fraude o no, Y esos dos temas están en el Supremo planteados. “Imagino que a rebufo de la sentencia Bosco, habrá que estar pendiente de su desenlace”.
En opinión de este experto la clave es el anteproyecto de ley de Administración Abierta que mejora el derecho de acceso y de publicidad activa y de la transparencia. “Creo que la nueva presidenta del CTBG debería impulsarlo. En un panorama convulso como el que vivimos es difícil que salga. El papel de este organismo debe servir de locomotora en relación con los consejos autonómicos existentes. La imagen de Campos es potente y al Consejo le va a venir muy bien una profesional de sus características, sin duda”, subraya Meseguer.
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