Vanessa González Fornas Presidenta ALTODO CATALUÑA ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO EN CATALUÑA Las jornadas de Justicia Gratuita de Salamanca celebradas durante los pasados 18 y 19 de junio de 2026, han puesto en evidencia la necesidad de que los partidos políticos escuchen a la abogacía española y de que la abogacía española consensue las reivindicaciones de dignificación y mejora del turno de oficio, especialmente poniendo en el centro a los profesionales, que hemos sido quienes hemos hecho posible la prestación de un servicio público que los distintos gobiernos de España y autonómicos, se han negado a financiar.
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| Vanessa González Fornas | ||
Es hora de establecer un plan de acción para hacer que sea posible que se reconozcan los derechos sociales y laborales que a los abogados del turno de oficio nos son negados.
Desde ALTODO CATALUÑA, lamentamos profundamente que los miembros de la juntas de Gobierno de los ICAS catalanes no hayan participado en dichas jornadas y destacamos nuestra participación, que al menos ha hecho posible que CATALUÑA esté presente en el debate de la justicia gratuita y el turno de oficio, en un momento tan importante como este, ante los reiterados anuncios del gobierno de sacar en breve el proyecto de una nueva ley de justicia gratuita, que hasta ahora es desconocido para todos los grupos políticos y que está gestando con total opacidad por parte del partido socialista.
Desde ALTODO CATALUÑA, queremos pedirle, a todos los representantes políticos, especialmente al grupo socialista que hagan publico el proyecto de reforma de la ley de justicia gratuita, que no puede ser elaborado con opacidad, secretismo y por tanto excluyendo a la abogacía y al resto de grupos políticos de una cuestión tan relevante para el Estado de Derecho.
Especialmente le pedimos al partido socialista que escuche a la abogacía y nos reconozca los derechos y sociales que hasta ahora se nos niegan. La justicia gratuita no puede ser sostenida ni financiada por más tiempo por la abogacía y que es necesario que cuente con nuestra participación en la elaboración de la nueva ley.
Necesidad de reforma integral
No podemos por más tiempo seguir siendo los únicos esclavos de la unión europea, siempre a la cola de la UE en retribuciones. Es imprescindible abordar una reforma integral de la ley que defina correctamente el tipo de relación laboral que une a la abogacía con la administración, que no se nos reconozca una relación laboral y que se reconozcan las cotizaciones a la seguridad social de todos los que han prestado hasta ahora y a partir de ahora el turno de oficio.
Debe reconocerse el derecho de la abogacia a ser RETRIBUIDOS por nuestro trabajo, que no indemnizados ni subvencionados, y que se nos retribuya por TODAS LAS ACTUACIONES PROFESIONALES que realicemos, de manera digna y adecuada y teniendo en cuenta los costes que la prestación del servicio causa a los profesionales, que hacen posible un servicio público que esta disponible 365 días al año 24 horas al día.
Es necesario que se nos faciliten los medios necesarios para prestar dicho servicio, abonar el transporte y poner a disposición de la abogacía los medios de transporte necesarios, abonar la nocturnidad, festividad y peligrosidad que la prestación de dicho servicio requiere, y son cuestiones que debe abordar la nueva ley de Justicia Gratuita.
Que se unifique la gestión y concesión del beneficio de Justicia Gratuita es imprescindible para garantizar la igualdad ante la ley, así como establecer unas retribuciones base que sean un mínimo digno y adecuado para todas las comunidades autónomas y que en cada comunidad se abonen complementos para paliar las desigualdades de la caristia de la vida en cada comunidad autónoma, es una buena solución para garantizar la de todos los españoles igualdad ante la ley.
Que la nueva ley de asistencia jurídica gratuita garantice un pago digno y puntual de las retribuciones del turno de oficio, la introducción de criterios de pago universal una tramitación ágil de la justicia gratuita, la necesidad de contar con intervención de la abogacía y su aprobación en los presupuestos generales del estado y de las distintas comunidades autónomas en lo relativo a la justicia gratuita resulta una urgentísima necesidad.
Mantener el sistema actual del turno de oficio reconociendo derechos sociales y laborales y financiando adecuadamente el servicio del turno de oficio es una deuda histórica del gobierno con la abogacía, que debe ser urgentemente saldada. Pedimos justicia, dignidad y derechos para toda la abogacía española en condición de igualdad para hacer posible el mandato constitucional del ejercicio del derecho de defensa de todos por los españoles por igual.