Este informe detalla las necesidades específicas de las mujeres en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y evalúa si se cumple en los mismos la normativa internacional aplicable, en especial, las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” (ONU, 2010) o “Reglas de Bangkok”.
A través de 110 entrevistas y 1.495 cuestionarios efectuados en 39 prisiones, el estudio arroja una radiografía de cómo afecta el sistema penitenciario a las mujeres presas. Tras el estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:
- Deficiencias en la atención médica: Falta de personal médico, escaso seguimiento ginecológico y obstétrico, denuncias de violencia obstétrica y uso indebido de fuerza y esposas durante pruebas médicas y traslados a hospitales.
- Carencias en salud mental y adicciones: Ausencia de programas de tratamiento de drogodependencias y psiquiátrico enfocados desde la perspectiva de género para las mujeres, a pesar de que el 38,7% son drogodependientes y el 22,8% padece problemas de salud mental.
- Discriminación estructural frente a los hombres: Dado que los establecimientos penitenciarios se construyen para los hombres, que son mayoría, las mujeres sufren desigualdad en cuanto a instalaciones, acceso a trabajos remunerados y actividades formativas o terapéuticas.
- Condiciones de habitabilidad: Las infraestructuras no están pensadas para las necesidades de las mujeres, registrándose quejas por espacios deficientes. Generalmente, las mujeres ocupan un módulo en una prisión de hombres. También existen quejas por recortes en alimentación y falta de productos básicos de higiene.
- Exceso de rigor disciplinario y registros: Las reclusas perciben que son sancionadas con mayor frecuencia y severidad por faltas menores en comparación con los hombres, sufriendo además cacheos y registros por cuestiones más banales.
- Dificultades en el contacto familiar: Existencia de barreras burocráticas y escasez de tiempo y recursos para las comunicaciones y videollamadas con los hijos, un factor crítico considerando que el 77,3% de las internas son madres.
El estudio concluye que “es imperativo implementar la perspectiva de género de manera efectiva en las instituciones penitenciarias, incrementando la formación en igualdad de todo el personal, adecuando los espacios teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, y eliminando las actuaciones discriminatorias detectadas para garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad y cumplir de manera efectiva con las Reglas de Bangkok”.
“El objetivo de este estudio es ser la voz de todas las mujeres privadas de libertad que han participado en esta investigación e intentar que no resulten olvidadas e invisibilizadas por el sistema penitenciario, así como trasladar a la Institución Penitenciaria y a la sociedad las cuestiones de interés para ellas que deben ser mejoradas y adaptadas a la normativa aplicable a nivel internacional”.