En el marco del primer encuentro entre la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, desde el ICAB se ha reclamado un aumento de los baremos de compensación de las actuaciones del Turno de Oficio y que éste sea acorde al valor y la calidad del servicio prestado por parte de la abogacía. También han valorado la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso contra la Ley de reforma de la Ley de Reforma de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG). En la sentencia, el Tribunal Constitucional avala que la Justicia Gratuita es un derecho reconocido a la ciudadanía, especialmente, a los más vulnerables.
En este sentido, Mª Eugènia Gay ha subrayado que “las administraciones deben ser conscientes de la labor de este servicio público que prestan los abogados y abogadas del turno de oficio y por ello deberían dotar la Justicia Gratuita de medios suficientes y adecuados”.
Colapso de la justicia
Entre las muchas cuestiones abordadas durante el encuentro, la decana del ICAB ha puesto de manifiesto el colapso del sistema judicial español, que “no puede responder a la ciudadanía diligentemente en tiempo y forma sobre los conflictos que se le plantean”. En este sentido, ha compartido con la ministra las conclusiones del Informe de la Justicia 2018, presentado hace un mes en Barcelona, en el que quedan patentes las importantes deficiencias existentes, especialmente en la jurisdicción civil.
Entre las carencias más graves, el documento recoge, por ejemplo, que los juzgados especializados en “cláusulas suelo” no son capaces de asumir el volumen de entrada de los expedientes; los procesos de divorcio contenciosos pueden durar un año en Instancia y dos en apelación; el enjuiciamiento de delitos leves que pueden llegar a prescribir por falta de medios para señalar la vista en plazo; o que juzgados de lo social señalan los juicios 2 o 3 años vista.
{ publicidad banner }
Derecho de defensa de los más vulnerables
En el ámbito puramente legislativo, Gay ha solicitado que estudie la supresión total de las tasas judiciales estatales y que aborde la eliminación de las tasas judiciales para las pymes, rehaciendo la configuración actual de este tributo y asimilando su regulación a la que en su día se estableció el art. 35 de la Ley 53/2002, que garantizaba la exención del pago de las tasas jurisdiccionales a los sujetos pasivos que tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. Esa circunstancia no se da en la legislación vigente estatal (derivada de la Ley 10/2012) ni en la catalana, que cuenta con su propia tasa específica.
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también ha trasladado a la ministra de Justicia la necesidad de elaborar un texto normativo que ofrezca una protección integral a los menores y adolescentes contra todo tipo de maltrato y abuso, así como la necesidad de incorporar las previsiones del Protocolo de Estambul a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La ley de segunda oportunidad y la reforma de la regulación penal y de seguridad ciudadana relativa a la ‘okupación’ de viviendas son otros temas que también se han tratado durante el encuentro.
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
La decana de los abogados de Barcelona ha explicado la Medida 144 del Plan Estratégico de la Abogacía Española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde el ICAB, en sintonía con el CGAE, presentará el compromiso del cumplimiento de los objetivos 5 (“lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”) y 16 (“promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”).
La decana de los abogados y abogadas de Barcelona ha traslado a la ministra de Justicia el destacado papel de la Abogacía Española que, en colaboración con las Abogacías Europeas activas en este ámbito de la gobernanza global, contribuirá al cumplimiento de los citados objetivos sin descuidar otras medidas transversales de sostenibilidad.
{ publicidad banner }
Más mujeres en los juzgados
La decana ha aprovechado la ocasión para recordar a la ministra la necesidad de trabajar por la igualdad de géneros en la Administración de Justicia, ya que es escasa la presencia de mujeres juezas en las distintas instancias. En este sentido, ha hecho hincapié en que en España las mujeres suponen el 60% de los jueces en primera instancia, pero no llegan al 50% en los tribunales de segunda instancia, unas cifras que se sitúan lejos del 80% de países como Eslovenia, donde los jueces y magistrados son mayoritariamente mujeres.
Justicia universal
En la legislatura española el Principio de Justicia Universal se materializó a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se establece la competencia de la jurisdicción española para juzgar, entre otros, los delitos de genocidio y terrorismo cometidos fuera de sus fronteras, aunque sus autores fuesen personas extranjeras. En este sentido, desde el ICAB se valora muy positivamente que el Gobierno haya designado a un grupo de expertos para que lleven a cabo la modificación de la LOPJ, el Código Penal y las leyes que sean precisas para recuperar la justicia universal perdida en el 2014.
{ publicidad banner }
No hay comentarios.