- El coste económico, la complejidad de los procedimientos y la incertidumbre sobre el resultado son los principales obstáculos para reclamar, según el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal.
- Para el 71% de los españoles disponer de un abogado es muy caro, y el 41% cree que la justicia es tan lenta que no merece la pena denunciar o demandar.
- En esta línea, el 58% afirma que demandaría a alguna persona o entidad si hacerlo no le supusiera un coste económico ni de tiempo.
- Asimismo, el 69% de los ciudadanos desearía disponer de un abogado de confianza al que recurrir cuando lo necesitara, y el 54% considera que así haría valer más sus derechos.
Defender los propios derechos no siempre se traduce en emprender acciones legales. Aunque casi siete de cada diez españoles (68%) se han planteado emprenderlas en algún momento de su vida, menos de la mitad ha llegado a dar el paso. Solo el 30% de la población afirma haber emprendido acciones legales, frente al 38% que se lo ha planteado, pero finalmente no lo ha hecho.
Así se desprende del Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, compañía especializada en soluciones legales y seguros de protección jurídica, que, con motivo del Día Europeo de la Justicia, analiza las principales barreras que encuentran los ciudadanos para acceder a servicios legales y hacer valer sus derechos.
Los datos del estudio revelan que el coste económico constituye el principal obstáculo para emprender acciones legales, con una valoración de5,36 en una escala de 1 a 7. De hecho, el 71% de los españoles está bastante o muy de acuerdo con que disponer de un abogado es muy caro. Una barrera transversal a todos los perfiles socioeconómicos.
Otras barreras de acceso a la justicia
El coste, sin embargo, no es el único factor que condiciona la decisión de reclamar. Le siguen la complejidad de los procedimientos (4,90), el deseo de evitar problemas y estrés (4,29) y la incertidumbre sobre cómo puede acabar el proceso (4,27).
En cuanto a la complejidad de los procedimientos, su peso e importancia aumentan con la edad, hasta alcanzar una valoración de 5,2 entre los mayores de 55 años.
También influye la percepción sobre la duración de los procesos judiciales. El 41% de los encuestados considera que la justicia es tan lenta que no vale la pena denunciar, frente al 28% que manifiesta su desacuerdo.
En conjunto, los resultados evidencian que las barreras para ejercer los derechos no son exclusivamente económicas, intervienen también factores relacionados con la complejidad de los trámites, la incertidumbre y el desgaste emocional que puede generar un conflicto legal.
"Muchas personas saben que tienen un problema legal y se plantean actuar, pero terminan descartándolo porque consideran que el proceso será demasiado caro, complicado o largo. Por eso, es fundamental contar con un abogado de confianza y facilitar el acceso a asesoramiento jurídico desde las primeras fases del conflicto, para que los ciudadanos conozcan sus derechos, las alternativas disponibles y las posibles consecuencias de cada decisión", señala Gemma Viñuales, abogada de onLygal.
Deseo de demandar si no existieran barreras de tiempo y dinero
El Barómetro de onLygal también revela hasta qué punto las barreras económicas y de tiempo pueden condicionar la disposición a emprender acciones legales. Ante un escenario hipotético en el que demandar no supusiera ningún coste económico ni de tiempo, el 58% de los españoles afirma que emprendería alguna demanda.
La Administración Pública encabeza la lista de entidades frente a las que los ciudadanos se plantearían actuar, mencionada por el 19% de los encuestados. Le siguen las empresas para las que trabajan, las compañías de servicios y suministros y los bancos o entidades financieras. También aparecen los conflictos del entorno más cercano, como los relacionados con vecinos, jefes o compañeros de trabajo.
Conocer los costes y plazos, fundamental para contratar servicios legales
La transparencia se configura como otro elemento fundamental para mejorar la accesibilidad de los servicios jurídicos. Según el estudio de onLygal, los dos aspectos más valorados por los ciudadanos a la hora de contratar servicios legales son conocer de antemano las tarifas y cómo funcionan los costes, y disponer de información transparente sobre los procedimientos y los tiempos previstos, ambos con una valoración de 4,57 en una escala de 1 a 7.
La necesidad de contar con acompañamiento especializado también se refleja en la relación de los españoles con los profesionales jurídicos. El 69% manifiesta que le gustaría disponer de un abogado de confianza al que recurrir cuando lo necesitara. Además, más de la mitad de los encuestados (54%) considera que, si contara con un abogado de confianza, haría valer más sus derechos.
Reducir barreras y acercar la protección jurídica al día a día de los hogares
Con motivo del Día Europeo de la Justicia, onLygal pone el foco en la necesidad de reducir las barreras que dificultan el ejercicio de los derechos y acercar el conocimiento y el asesoramiento legal a la ciudadanía.
En este sentido, el Barómetro también constata que el 70% de los españoles admite desconocer en gran medida sus derechos, mientras que únicamente el 20% afirma conocer cómo funciona el sistema judicial.
Para onLygal, estos datos refuerzan la necesidad de avanzar hacia una protección jurídica más accesible, comprensible y cercana, que no se limite a la intervención ante un procedimiento judicial, sino que, desde la prevención, acompañe a las personas en las decisiones y conflictos legales de su vida cotidiana.
"El acceso a la justicia comienza mucho antes de llegar a un tribunal. Empieza cuando una persona puede identificar un problema legal, comprender qué derechos tiene y contar con el asesoramiento necesario para decidir cómo actuar. Acercar ese conocimiento y prevención jurídica a los ciudadanos es fundamental para que puedan ejercer sus derechos con mayor confianza y seguridad", concluye Viñuales.
